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Alfredo Saade no alcanzó a estar dos meses en la Casa de Nariño como jefe de Despacho del presidente Gustavo Petro. Exactamente 52 días estuvo en una oficina del tercer piso, cerca al despacho del jefe de Estado. Ahora deja el cargo para ocupar la embajada de Colombia en Brasil, una posición a la que llega sin experiencia diplomática.
Pese al corto tiempo, fueron varias las polémicas que rodearon su paso por una de las posiciones más cercanas al presidente. A su llegada, y por encargo de Petro, asumió la estructuración del acuerdo con Portugal para que, durante 10 años, ese país acompañe a la Imprenta Nacional de Colombia en la expedición de documentos. El contrato fue firmado el 1 de agosto por un valor de $1 billón.
Esa participación generó controversia. Saade, acompañado de la canciller encargada Rosa Villavicencio, se enfrentó en varias ocasiones con Laura Sarabia –exdirectora del Dapre, excanciller y próxima embajadora en Reino Unido–, a quien acusó de no haber hecho las gestiones necesarias para, supuestamente, “favorecer” a la firma Thomas Greg & Sons en la continuidad de la expedición de pasaportes. En todo caso, la multinacional sí seguirá al frente, por lo menos hasta abril de 2026, en lo que Saade denominó como un “periodo de transición” de siete meses.
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Ese episodio llevó a que la Procuraduría abriera una investigación contra Saade por su papel en la estructuración. Según informó la entidad que dirige Gregorio Eljach el 9 de julio, el exjefe de Despacho se habría extralimitado en sus funciones al impartir órdenes a funcionarios de la Cancillería para racionalizar la asignación de citas en la expedición de pasaportes. Lo que trascendió es que su salida se dio, precisamente, porque la Procuraduría ya tendría lista una suspensión provisional en su contra.
A todo lo ocurrido con los pasaportes se sumaron múltiples choques con altos funcionarios del Gobierno Petro. Uno de los más sonados fue con Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En varios escenarios, Saade habló de una “reelección” del presidente Petro, algo que está expresamente prohibido por la Constitución. Ante la insistencia en este tema, y sin que Petro saliera a rebatirlo, Carrillo reaccionó con dureza: “Si su trabajo es lambonear, el del gabinete es cumplirles a los colombianos. Su incansable búsqueda de atención nos genera problemas a todos, si le gana la pulsión activista pues: levántate y vete”.
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Otro frente de tensión lo abrió un grupo de 23 representantes y senadores que radicó una solicitud ante los presidentes del Senado y la Cámara, Lidio García (Liberal) y Julián López (La U), para que Saade fuera declarado “persona no grata” en el Congreso por las afirmaciones que lanzó contra los legisladores durante la instalación de la legislatura el 20 de julio.
También quedó registrado el episodio de su primer día como jefe de Despacho, cuando pidió un informe de cumplimiento a todos los ministros. Tal y como contó este diario, la instrucción no cayó bien entre varios miembros del gabinete progresista. Voces mencionaron a Daniel Rojas (Educación), Antonio Sanguino (Trabajo) y Martha Carvajalino (Agricultura), entre otros, quienes cuestionaron la utilidad de esos reportes. Incluso se dijo que “nos la pasamos de informe en informe”.
Además, Saade solicitó la renuncia de cerca de 30 funcionarios de la Casa de Nariño. Una de ellas fue la de la directora de la Unidad de Cumplimiento, María Fernanda Gaitán, alegando que “no sería de confianza”. Un ministro que conoció el caso aseguró, en off, que esa solicitud generó tensión directa con Petro.
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Dos prófugos del Gobierno Petro
La salida de Saade, marcada por la inminente sanción de la Procuraduría, coincidió con otro frente de presión para el Ejecutivo: la fuga de dos exfuncionarios involucrados en el escándalo de la UNGRD.
Se trata de Carlos Ramón González y César Manrique, ambos procesados por el desfalco. En el caso de González, exdirector del Dapre, esta semana se conoció –según revelación de Noticias RCN– que se encuentra en Nicaragua, a donde habría llegado con apoyo del entonces embajador en ese país, el senador León Fredy Muñoz (Alianza Verde).
El presidente Petro abordó el tema en el consejo de ministros del viernes, defendiendo que Muñoz actuó cuando González aún no estaba formalmente vinculado al proceso. “La prensa busca hacernos ver como si protegiéramos a un amigote que se robó la plata”, dijo el mandatario. Ese mismo día, tras una instrucción de Petro en su cuenta de X, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, pidió a la Fiscalía iniciar el trámite de extradición de González.
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En cuanto a Manrique, exdirector de Función Pública nombrado por Petro, una jueza ordenó medida de aseguramiento en su contra luego de que la Fiscalía lo señalara de haber recibido, presuntamente, $3.000 millones en el desfalco de la UNGRD. Su paradero, por ahora, es desconocido.
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