En los pasillos de la Casa de Nariño no ha pasado inadvertido el acelerado incremento que en los últimos años ha tenido el gasto para contratar sistemas y plataformas que blinden los datos digitales de la Presidencia. Mientras en 2022 la entidad tuvo que invertir $2.356 millones y en 2023 cerca de $2.900 millones para ese fin, en 2024 el monto se elevó a más de $7.300 millones. Y en lo que va de este año ya se han hecho contratos por unos $240 millones y se gestiona la renovación de varios softwares, según información a la que accedió El Espectador a través de recursos jurídicos.
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La situación obedece al incremento del riesgo de ataques cibernéticos que podrían derivar en la pérdida de información o poner en jaque el funcionamiento del núcleo del Ejecutivo. El problema, sin embargo, no es exclusivo de la Presidencia, pues de hecho todas las entidades y el sector privado se han visto obligados a reaccionar ante una coyuntura que solo en 2024 dejó 36.000 millones de intentos de ataques cibernéticos, según datos de la multinacional Fortinet, y más de 74.000 denuncias por delitos informáticos.
Para evitar un escenario como el que en septiembre de 2023 afectó la operación de los portales del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y el Consejo Superior de la Judicatura por el “secuestro digital” de su información y aplicaciones, la Presidencia ha firmado 41 contratos para adquirir soluciones tecnológicas. El objetivo es fortalecer la seguridad de la información institucional y las comunicaciones internas de sus funcionarios, por lo cual los convenios incluyen la compra y renovación de plataformas especializadas en encriptación de datos y mitigación de amenazas.
El más cuantioso de estos, por ejemplo, fue firmado en noviembre del año pasado con la empresa Netdata Colombia S.A.S., por un valor de $1.848 millones. Según los documentos oficiales, esa compañía le vendió a la Presidencia una solución para analizar la actividad de los usuarios que utilizan sus sistemas y para atender casos de phishing (suplantación de entidades para engañar y obtener información confidencial) y malware (instalación de programas o archivos para robar información o espiar un sistema). La empresa Netdata, que ha suscrito cuatro contratos con Presidencia desde 2022, también le ha prestado sus servicios en los últimos años al Ministerio de Defensa, la Fuerza Aeroespacial, el Ministerio de Ciencia, entre otras entidades.
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En la lista de empresas contratistas de la Casa de Nariño, y que suelen trabajar en esta área con el sector público, también están Compañía de Ciberseguridad y Defensa (que tiene contratos con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, el Invima, entre otros), Servicio de Tecnología y Comunicaciones Fénix (DIAN, Departamento Nacional de Planeación, entre otros) y Elliptical S.A.S. (Comando General de las Fuerzas Militares, Contraloría de Bogotá, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, entre otros).
Entre los proveedores de la Presidencia incluso está una firma que hace parte de la multinacional Thomas Greg & Sons, la misma con la que el presidente Petro mantiene un duro rifirrafe por su participación en la elaboración de pasaportes y elecciones. Se trata de la alianza entre Thomas y la firma Signe que a mediados de 2024 le suministró certificados digitales a la entidad.
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Aunque el interés en la ciberseguridad viene de gobiernos anteriores y ha crecido al ritmo de las amenazas, lo cierto es que el actual mandatario le ha puesto una lupa especial. “He propuesto la creación de una agencia para la seguridad informática de las instituciones y de la ciudadanía ante ataques informáticos. Algunos miembros de la oposición creen que eso sirve para chuzar comunicaciones. El ladrón juzga por su condición”, dijo Petro en 2023, ante la noticia del crecimiento de ciberataques.
El jefe de Estado, además, se ha movido tras bambalinas para empoderar a algunos de sus principales alfiles y encomendarles tareas en la materia. En la Casa de Nariño, la ficha presidencial en esta área es Saúl Kattan, quien fue gerente de ETB durante la llamada “Bogotá Humana” y en este gobierno ha tenido cargos claves en Ecopetrol, Internexa (filial de ISA) y en la Casa de Nariño como consejero presidencial de transformación digital. Junto a él también aparece el nombre de René Guarín, jefe del área de tecnología de Presidencia, hombre de confianza del presidente y exmilitante del M-19.
Petro le encomendó a Kattan liderar la construcción de la Estrategia Nacional de Seguridad Digital 2025-2027, un documento de 36 páginas que pasó inadvertido en la opinión pública, pero que se presentó a finales de junio de este año y traza la ruta del país en dicha materia. La importancia de esta iniciativa en la que el consejero de Petro firma como “coordinador nacional de Seguridad Digital” es tal que plantea crear una entidad de nivel nacional especializada en ciberseguridad que estaría a cargo de la misma Presidencia y el Ministerio de las TIC.
Esta apuesta ya la conoció el país como Agencia Nacional de Seguridad Digital e hizo tránsito en el Congreso como parte del Plan de Desarrollo de Petro, pero no llegó a buen puerto por los cuestionamientos de la oposición. En su momento, voces como la del senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, señalaron que un mal uso de dicha entidad podría generar casos de interceptaciones ilegales o chuzadas a los detractores del Gobierno.
“Hay una absoluta diferencia entre ciberseguridad y chuzadas. Sus gobiernos, señor Uribe Turbay, chuzaron; mi gobierno quiere defender a la ciudadanía de las chuzadas, eso es ciberseguridad”, le respondió Petro al senador en marzo de 2023. Finalmente, el pulso lo ganó la oposición. “El riesgo de la agencia que usted propone es evidente. Por eso fue negada. Mucho más cuando no se respeta la oposición y se ha cruzado la ilegalidad. Su dolor es no haberle podido dar una agencia a su socio Kattan”, dijo Uribe Turbay, hoy internado en la Fundación Santa Fe tras ser víctima de un ataque sicarial.
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De acuerdo con voces expertas, el artículo que se hundió no tenía como objetivo espiar a la oposición o aumentar la vigilancia ciudadana, pero el Ejecutivo falló al no socializar adecuadamente sus alcances. Aunque otros congresistas han presentado proyectos para la creación de una agencia similar, por ahora ninguno ha sumado las mayorías necesarias para avanzar.
Sin embargo, voces del Palacio presidencial aseguran que esta es una lucha en la que Petro no cederá y que, por eso mismo, en la Estrategia Nacional de Seguridad Digital se especifica que en máximo 18 meses debe estar lista la nueva entidad (lo que incluye trámite de ley y decreto). Por otra parte, mientras inevitablemente crecerán los gastos por compra y renovación de sistemas de ciberseguridad, la tarea que el presidente le ha dado a Kattan y a al menos cuatro funcionarios más de la Presidencia, al igual que a los ministros de TIC y Ciencia, es conseguir recursos de cooperación internacional y firmar memorandos de entendimiento con diversos actores estratégicos a nivel nacional e internacional para que el país no se quede atrás en estos nuevos desafíos digitales.
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