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Las recientes declaraciones del Procurador General, Gregorio Eljach, encendieron nuevamente las alarmas sobre el trámite del proceso electoral en el que Abelardo de la Espriella salió vencedor y tomó las riendas del Estado desde el pasado 7 de agosto. “Hubo riesgo de que no se cumpliera el calendario electoral”, señaló la cabeza del Ministerio Público, que si bien no ahondó en detalles sobre ese caso, sí explicó algunos motivos con lo que sustentó sus palabras.
De forma reciente Eljach señaló que existió un clima de incertidumbre en el proceso que retornó el péndulo político hacía los bloques de derecha en medio de ese calendario que encontró sucesor para Gustavo Petro en la Presidencia. Informes que reposan en las oficinas de la Procuraduría señala que fue clave la articulación del programa “Paz Electoral” que Eljach lideró desde la Procuraduría.
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En ese “clima de incertidumbre” se enfatizó en las denuncias y alertas que varios sectores, gremios y líderes de oposición presentaron en medio de los choques institucionales. Uno de esos puntos tiene como foco los “recortes del presupuesto solicitados para la Organización Electoral hasta la inspección llevada a cabo por la Superintendencia de Industria y Comercio a la Registraduría en marzo de 2024″.
Sumado a lo anterior desde la Procuraduría se señala que la disputa política en la que se radicalizó el discurso en torno al “poder constituyente” que planteó el expresidente Gustavo Petro en 2024 y por el que incluso se dio inicio a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, fue otro de los móviles en esa incertidumbre electoral.
En torno a ese caso, Eljach resaltó en la importancia del “control con el apoyo de importantes sectores de la sociedad, como la iglesia, los medios de comunicación, los empresarios , mantuvieron firme vigilancia sobre el cumplimiento de los tiempos fijados por la Constitución Política de 1991, para la realización de los comicios, legislativos y presidenciales”.
Fue con esa iniciativa que se realizó un blindaje principalmente al registrador Nacional, Hernán Penagos y a la Registraduría en medio del proceso. “Se consolidó como el pilar fundamental para contener la crisis de confianza”, detallan los informes del Ministerio Público. Entre otras, se impulsó una estrategia para la pedagogía, la vigilancia de los recursos y el respeto de la autonomía institucional.
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Sobre hechos concretos se resaltan casos como recortes presupuestales a la Registraduría en el que el Ministerio de Hacienda habría propuesto una reducción entre el 60 % y 70 % “en partidas operativas y de inversión iniciales solicitadas por la Registraduría Nacional para la organización logística de los comicios de Congreso y Presidencia de la República”.
También se puso el foco en la inspección que realizó la Superintendencia de Industria y Comercio a la Registraduría que se sustentó en investigaciones por libre competencia y que se ligó a la contratación de pasaportes y documentos de identidad (caso Thomas Greg & Sons). “La SIC irrumpió en las dependencias para copiar correos, chats y material informático, un procedimiento catalogado como inusual contra un órgano autónomo e independiente”, dice el informe.
La propuesta de consulta popular impulsada por el expresidente Petro y la iniciativa de constituyente fueron otros de los puntos de atención que alertó la Procuraduría y que sustentarían las recientes palabras de Eljach.
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