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La Fiscalía general de la Nación suspendió, a través de una resolución, las órdenes de captura de 23 jefes de bandas criminales de Medellín y Valle de Aburrá. La decisión surgió como respuesta a un documento oficial del 24 de febrero de 2026, enviado por la Oficina del Consejero Presidencial para la Estabilidad y la Consolidación (OCCP), que pidió suspender las órdenes de captura contra 23 personas identificadas como voceros de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto en Medellín y el Valle de Aburrá.
Aún así, la situación se da en medio de época electoral, lo que abrió polémica en diferentes sectores políticos por la actuación del Gobierno faltando exactamente dos meses para la primera vuelta.
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Según se le afirmó a este medio, esta solicitud del Gobierno Nacional se basa en un plan gradual para desmantelar dichas estructuras criminales, transformar sus economías ilegales y disminuir progresivamente las violencias urbanas, junto con acuerdos que facilitan la rendición de sus miembros ante la justicia.
Desde el uribismo, la candidata y senadora Paloma Valencia manifestó su desacuerdo con esta decisión alegando que esta se dio con fines electorales.
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“Es gravísimo que este gobierno insista en liberar criminales. Esto tiene fines electorales. Hay que recordar que el Pacto Histórico obtuvo más del 54 % de los votos en las zonas que la MOE había denunciado con alto índice de peligrosidad por la alta concentración de grupos ilegales. Ahora liberan los cabecillas criminales, como liberaron a Calarcá e impiden que los podamos capturar. Lo más grave, fueron ellos los que le dieron licencia a los de la segunda Marquetalia de estar afuera para que mataran a Miguel Uribe. No aceptamos este juego de impunidad con tintes de ayuda política que está teniendo el gobierno del Pacto con la criminalidad colombiana”, precisó Valencia.
En esta misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón sostuvo que “favores se pagan con favores. En plena época electoral, la Fiscalía y el Gobierno Petro levantan órdenes de captura y dejan en libertad a sus aliados del tarimazo [...]. Con ellos en las calles habrá una restructuración de sus estructuras criminales. Esto es una enfrenta contra las víctimas y contra nuestra Fuerza Pública”.
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Además, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez aseguró que se trata de “un insulto a las víctimas y a Medellín. No existe la mal llamada “Paz Total”, lo que existe es una entrega total de Colombia a los peores criminales. Lo que pretende Petro con esto es que puedan salir de la cárcel, con la falsa excusa de la “Paz” para hacer campaña en los barrios. Adivinemos a favor de quién".
Este proceso de diálogo ha sido complejo, pues las partes tienen posturas y visiones muy distintas. Mientras algunos dentro de los grupos criminales aseguran que el proceso “esta muerto”, desde el oficialismo se sostiene que existe un “acuerdo condicionado” de paz urbana para “lograr condiciones para la memoria y la dignificación de las víctimas”, la “prevención de nuevas violencias” e impedir el “resurgimiento de nuevas estructuras”.
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Si bien, la política de “Paz Total” propuesta por el gobierno Petro ha sido ampliamente criticada, también existen defensores férreos, entre ellos la senadora Isabel Zuleta, quien es además una de las personas que ha liderado la mesa de negociación en cuestión.
“Los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad en la violencia que hemos padecido en el país. La mentira, la manipulación de información, la falsedad como ataque a la esperanza y el derecho a la paz deberían ser sancionados social y penalmente”, sostuvo Zuleta respecto a la controversia que generó la noticia.
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Por su parte, el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, se ha distanciado de esta política promovida por Gustavo Petro, asegurando que de ganar a presidencia construirá una nueva política de paz y no le dará continuidad a la del jefe de Estado.
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