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Este año ha sido particularmente violento en Arauca. Desde el primer fin de semana de enero, en el departamento ubicado en el oriente del país se vienen registrando enfrentamientos entre grupos armados en los municipios de Saravena, Tame, Fortul, Arauquita y la capital, Arauca. La violencia, que se ha extendido incluso hasta el municipio de Cubará (Boyacá), deja un saldo de por lo menos 34 homicidios, 269 declaraciones de desplazamiento forzado, cerca de 1.000 personas desplazadas, dos secuestros, y a miles de araucanos confinados y con miedo ante las amenazas de los grupos armados.
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El hecho de violencia más reciente ocurrió en la noche del miércoles de esta semana, cuando se reportó una fuerte explosión en Saravena. Las primeras versiones entregadas por fuentes del lugar apuntan a que el artefacto explosivo estaba en pleno casco urbano del municipio, afectando también a un edificio, que al parecer era el objetivo principal del atentado, dado que allí se encontraban varios líderes de distintas organizaciones sociales. De hecho, cinco de ellos resultaron heridos.
Ante esa seguidilla de hechos de violencia, que incluye riesgos para líderes sociales, presidentes de Juntas de Acción Comunal y personas en proceso de reincorporación, el Sistema Integral para la Paz solicitó al Gobierno nacional buscar salidas negociadas al conflicto armado. La corporación, conformada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Comisión de la Verdad (CVE) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hizo un llamado para que el Gobierno propicie espacios para entablar diálogos humanitarios entre los actores armados inmersos en el recrudecimiento del conflicto en Arauca.
De acuerdo con las organizaciones, las acciones violentas en la frontera con Venezuela y las amenazas que esto representa en contra de los araucanos, exigen una respuesta inmediata que logre desincentivar el cruce de disparos en la zona, propiciado sobre todo por el Eln y las disidencias de las Farc. “Las afectaciones a los líderes y lideresas sociales se ha incrementado, y el ataque directo a ellos parece ser una característica específica del nuevo ciclo de violencia”, destacaron las organizaciones mediante un comunicado.
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De acuerdo con el Sistema Integral de Paz, lo que sucede en Arauca parece ser la repetición de lo ocurrido entre 2005 y 2011, cuando las dos organizaciones guerrilleras se enfrentaron y produjeron el desplazamiento de cientos de habitantes del territorio, además de unas 1.000 personas asesinadas, y líderes comunales, defensores de derechos humanos y campesinos desaparecidos.
“Hacemos un llamado a los actores armados a que respeten los mínimos humanitarios, una estrategia que nació de la comunidad araucana para clamar el respeto por la vida y la disminución del impacto del conflicto a la sociedad civil”, añadieron las tres organizaciones, que pidieron respeto por las poblaciones campesinas, afros, indígenas, población diversa y menores de edad, a quienes solicitaron dejar por fuera del cruce de fuego.
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Asimismo, tras el recrudecimiento de la violencia las organizaciones pidieron generar reflexiones sobre los motivos de la confrontación armada. “El abandono estatal, la corrupción, los problemas de la tierra y el territorio, las economías ilegales y una democracia debilitada mantienen vivas las situaciones de violencia”, señalaron, agregando la necesidad de analizar las causas más profundas y abrir espacios de diálogo para resolver el conflicto.
La crisis de seguridad que se vive Arauca ya llegó hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York, donde el jefe de la misión del organismo en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, entregó un reporte de la difícil situación de orden público que vive el país. El representante de la ONU pidió la presencia integral del Estado colombiano y la implementación del Acuerdo de Paz.