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El Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano García, confirmó por medio de un comunicado que la EPS Coosalud, que está intervenida desde noviembre de 2024, contrató de manera directa una auditoría forense internacional.
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Con esta decisión, Coosalud se convierte en la primera EPS de las intervenidas en la actualidad que inicia un proceso de este tipo. Rubiano recordó que todas las EPS intervenidas deben adelantar este procedimiento, que, según explicó, “busca garantizar la transparencia y proteger los recursos de la salud”.
Rubiano añadió que estas auditorías “deben contribuir con la transparencia en el flujo y destino de los recursos públicos de la salud. Al igual que lo está haciendo Coosalud, espero que el resto de EPS intervenidas formalicen el inicio de las auditorías forenses y se refleje con claridad la trazabilidad de los recursos”.
Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, la auditoría forense consiste en el uso de técnicas de investigación integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales y habilidades en finanzas y negocios, con el fin de aportar información y opiniones que puedan servir como pruebas ante los tribunales.
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Este tipo de auditoría se emplea en la investigación de delitos financieros o conductas ilegales y puede ser de dos tipos. Uno de ellos es la preventiva, que está orientada a disuadir, prevenir y detectar fraudes; y la otra es la detectiva, la cual busca confirmar la existencia de estos.
En el caso de la auditoria de Coosalud EPS, de acuerdo con la Supersalud, fue suscrita con una alianza conformada por una firma colombiana y otra internacional, pero no detalló el nombre de las empresas.
La actual interventora, Gloria Libia Polanía Aguillón, señaló que el proceso se desarrollará bajo estrictos principios de independencia, rigor técnico y objetividad. El objetivo de esta es verificar la veracidad y consistencia de la información reportada por la EPS, evaluar los sistemas de información y controles existentes, e identificar riesgos asociados y posibles irregularidades o fraudes.
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Los hallazgos de la intervención a Coosalud
El 22 de noviembre de 2024, Rubiano ordenó la intervención forzosa administrativa contra Coosalud EPS, la quinta más grande del país, tras detectar deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas. Los resultados, revelados en diciembre, fueron remitidos a la Fiscalía y señalaron un posible riesgo de lavado de activos.
En el centro de estas irregularidades aparecieron tres actores clave: Coosalud Inversa, una empresa privada; EPS Coosalud, que funciona principalmente en el Caribe; y la Cooperativa Coosalud. Las tres compartían un mismo representante legal: Jaime González Montaño, quien ocupó el cargo hasta noviembre de 2024.
Entre los hallazgos, se determinó que Coosalud EPS sirvió como garante de un crédito solicitado por Coosalud Inversa en diciembre de 2022, por $221.000 millones. Antes de la intervención, ya se había notificado el incumplimiento de pagos, lo que derivó en el embargo de $206.000 millones provenientes de recursos públicos de la salud.
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Además, se evidenció que la EPS prestó $10.000 millones a Inversa S.A. para comprar una casa, y posteriormente le pagaba $1.000 millones mensuales por el arriendo del inmueble. La Supersalud también denunció que la EPS presentaba estados financieros que no correspondían a su situación real, por lo que se desconocía la magnitud de su crisis financiera.
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