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Nueva EPS, la más grande del país con más de 11 millones de afiliados, enfrenta una investigación de la Contraloría General de la República sobre el manejo de sus recursos. En respuesta, Gloria Libia Polanía Aguillón, designada como agente especial interventora de esa EPS, envió un mensaje de tranquilidad y ratificó que la “continuidad en la atención en salud está garantizada”.
(Lea: Nueva EPS, camino a ser “inviable”: más detalles del informe de la Contraloría)
“La salud de nuestros afiliados está asegurada. La investigación que adelantan los entes de control no afecta la continuidad de los servicios que ofrecemos. Llegamos con el compromiso de estabilizar pagos y reabrir servicios”, afirmó Polanía.
En palabras de la agente interventora, desde que inició la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, el equipo designado puso en marcha un plan con los prestadores para revisar y legalizar pagos reportados como anticipos. El objetivo, explicó Polanía, es establecer cifras claras y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a hospitales y clínicas en todo el país, incluidas las zonas rurales.
Uno de los resultados más inmediatos ha sido el giro de 2,7 billones de pesos en agosto y lo corrido de septiembre de 2025, destinados a prestadores públicos y privados. Estos recursos, según Polanía, han permitido reabrir servicios en instituciones como la Fundación Valle del Lili (Valle del Cauca), la SES de Caldas, el Hospital Universitario Erasmo Meoz (Norte de Santander) y centros médicos en Montería y Risaralda, que habían tenido cierres por falta de pagos.
La agente interventora también destacó la implementación de un nuevo sistema de información, FACTRAMED, diseñado para procesar más de cinco millones de facturas mensuales. Con esta herramienta se busca un mayor control del flujo de recursos públicos y transparencia en los pagos.
Por ahora, Polanía hizo un llamado a los prestadores de salud a mantener la articulación en beneficio de los usuarios: “Seguiremos en la búsqueda de la mejor salud para cada colombiano afiliado a Nueva EPS. Para ello, es clave el compromiso de toda la red de atención”.
También, insistió en que la operación de la EPS “no se detiene” y que se están generando las condiciones para garantizar la prestación de los servicios en el corto y mediano plazo.
¿Qué dice el informe de la Contraloría sobre la Nueva EPS?
Como lo explicamos en esta nota, la Contraloría General de la República advirtió fallas estructurales en la forma como la Nueva EPS administra los recursos de la prima en salud. De acuerdo con el informe, gran parte de los contratos se manejan bajo la modalidad “por evento”, es decir, pagando a los prestadores cada servicio facturado de manera individual.
Este esquema, señala el organismo de control, favorece la sobreutilización de servicios sin criterios de costo-eficiencia, limita la inversión en promoción y prevención, y fragmenta la atención de los pacientes al no garantizar continuidad ni articulación del cuidado. “Todo esto repercute directamente en la calidad del servicio prestado”, indica el documento.
Otro de los puntos críticos es la ausencia de contratos formales con algunos prestadores. La Contraloría encontró que en varios casos no había un acuerdo que definiera derechos, obligaciones y mecanismos de pago, lo que dificulta la trazabilidad de los recursos. Incluso, identificó 17 prestadores que figuraban como autorizados para atender a afiliados de Nueva EPS sin que existiera un contrato vigente.
La revisión también dejó en evidencia problemas en la gestión de las facturas. Según la información entregada por la EPS, entre 2020 y 2025 se acumularon más de 22,7 millones de facturas pendientes de auditoría, por un valor de $22,13 billones. Al depurar la base de datos, los auditores hallaron que cerca de 9,1 millones de esos registros estaban duplicados, lo que equivalía a $8,9 billones. Con esa corrección, el monto real pendiente de revisión se ubicó en $13,17 billones.
El panorama sobre el futuro de la Nueva EPS sigue siendo incierto. Desde abril de 2024 la entidad está bajo medida de intervención, y aunque se han tomado acciones para estabilizar sus finanzas, el informe de la Contraloría muestra que persisten fallas graves en su operación. Entre las posibilidades que se estudian está que el Gobierno asuma el control total de la EPS (que todavía pertenece en su mayoría a varias cajas de compensación familiar) y rediseñe el esquema de administración.
Mientras tanto, la incertidumbre recae sobre más de 11 millones de afiliados que dependen de la entidad para acceder a servicios de salud.
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