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La Academia Nacional de Medicina, por medio de un comunicado, anunció que había entregado al equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de La Espriella, una propuesta sobre el sistema de salud del país, que, de acuerdo a sus cálculos, tiene “un gasto anual en salud que hoy ronda los COP 160 billones”.
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A los ojos de la entidad, este monto sería suficiente si se “administra con eficiencia”. Para ello, plantean un fondo único estatal, la transformación de las EPS en gestoras de riesgo y un plan de choque que inyecte recursos para atender las situaciones más urgentes, evitar el colapso de la red hospitalaria y garantizar la atención sin barreras a los pacientes de mayor riesgo.
De acuerdo con la Academia, estas recomendaciones se elaboraron basadas en un trabajo de análisis en el que participaron múltiples actores del sector salud, entre los que estaban las aseguradoras, asociaciones de pacientes, prestadores de servicios de salud, asesores jurídicos, auditoras, economistas, educadores, farmacéuticas y secretarios de salud.
Para llevar a cabo este análisis, cuenta la entidad, se conformaron 14 grupos especializados y se desarrollaron más de 30 sesiones de trabajo durante ocho meses.
Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia, al momento de entregar el documento señaló que se debe “tener un plan de beneficios que el país pueda financiar en una proyección a mínimo de 30 años”.
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Aunque en el documento la Academia reconoce varias fortalezas del sistema de salud, alerta una serie de problemas, como la excesiva complejidad administrativa, la desarticulación entre actores, las distorsiones en el flujo de recursos, la inequidad territorial, ineficiencia, desarrollo mínimo de la atención primaria, dificultades de financiamiento e intermediación.
Estas son las cinco recomendaciones puntuales de la Academia:
1. Aseguramiento y financiación. La Academia plantea que el Estado sea el asegurador único dentro de un sistema público con participación privada y propone fusionar los regímenes contributivo y subsidiado —creados por la Ley 100 de 1993— en uno solo, con un paquete de beneficios igual para todos los afiliados. Las EPS dejarían de administrar recursos financieros para convertirse en gestoras de riesgo de salud y operativo, remuneradas según los resultados de su gestión.
2. Gobernanza. El documento exige fortalecer técnicamente al Ministerio de Salud y a entidades como el Instituto Nacional de Salud (INS), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), así como a la Superintendencia de Salud, para vigilar los riesgos financieros y operacionales y enfrentar la corrupción mediante transparencia, sistemas de información robustos y participación de la Contraloría General. Propone, además, que el valor de la UPC lo defina una entidad técnica independiente.
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3. Modelo de prestación de servicios. La Academia insiste en redes funcionales — públicas, privadas y mixtas— que garanticen el flujo del paciente entre niveles de complejidad, con independencia entre aseguradores y prestadores y sin integración vertical. Pide diferenciar los modelos de atención urbana y rural, y fortalecer la atención y hospitalización domiciliarias.
4. Talento humano en salud. En coordinación con la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME), la ANM desarrolló una propuesta de formación médica ajustada a las necesidades demográficas y epidemiológicas del país, con énfasis en equipos transdisciplinarios. La mayor urgencia, señala el documento, es la de médicos familiares, enfermeras y profesionales de salud mental. La Academia también denuncia la persistencia de la precarización laboral (contratos por prestación de servicios, tercerización y pagos tardíos) y reclama mecanismos de vinculación estable.
5. Tecnología y sistemas de información. El documento llama a incorporar inteligencia artificial generativa, telemedicina, telesalud, blockchain y genómica mediante una política nacional de tecnología, y a evaluar el sistema por resultados en salud —no solo por indicadores financieros o de infraestructura—, orientando recursos también hacia la prevención. La ANM advierte que Colombia todavía carece de una política de ciencia y tecnología en salud a largo plazo.
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