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La crisis en la Universidad Distrital no da tregua. A los plantones, las asambleas, la suspensión de grados y la posibilidad de un paro indefinido, se suma ahora un vacío en la rectoría. Aunque el Consejo Superior Universitario (CSU), la máxima autoridad de la institución, designó el pasado 24 de noviembre a José Lizcano como rector para el periodo 2025-2029, su posesión sigue en el limbo. La principal razón, cuenta David Reyes, representante estudiantil ante el CSU, es que están a la espera de la respuesta a una serie de derechos de petición y tutelas que cuestionan si la hoja de vida de Lizcano, profesor de la Facultad de Medio Ambiente, cumple realmente con los requisitos para ocupar el cargo.
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La Secretearía de Educación de Bogotá, que preside el CSU y es la encargada de realizar esta posesión, pidió un concepto a su Oficina Asesora Jurídica (OAJ) para entender cómo proceder ante la designación de José Lizcano y la avalancha de documentos que solicitan revisar su habilitación. La respuesta, de seis páginas, es prudente, pero contundente, pues recomienda no avanzar con la posesión mientras persista la incertidumbre sobre el cumplimiento de requisitos.
El origen del problema se remonta a junio, cuando el CSU aprobó un nuevo Estatuto General que redefinió el proceso para elegir rector. La revisión de hojas de vida pasaba a valer 20 puntos; la votación de la comunidad, 53; y el CSU, 27, dice Paola Andrea Vergara, profesora de la Facultad de Ciencias y Educación. Además, se ordenó crear un Consejo Electoral, pieza clave del nuevo modelo. Pero ese consejo, dice Reyes, nunca se conformó y, en su lugar, el CSU decidió que el Consejo de Participación Universitaria asumiera el rol.
Ese consejo, integrado por estudiantes, profesores, delegados de distintos órganos y una representación de la Alcaldía, quedó entonces a cargo de verificar los requisitos habilitantes de los 15 aspirantes. Solo cinco podían avanzar. “De esa fase quedaron José Lizcano, Pablo Emilio Garzón, María Eugenia Calderón y Ómer Calderón. El quinto renunció”, recuerda Vergara. Fue en este punto cuando surgió la primera duda sobre la hoja de vida de Lizcano. Los candidatos debían demostrar cinco años de experiencia en dirección administrativa, de los cuales al menos cuatro tenían que ser en instituciones de educación superior.
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Lizcano entregó al Consejo de Participación Universitaria un documento de 113 páginas con certificaciones que acreditaban su paso por distintos consejos, su periodo como decano, encargos administrativos y otras funciones. Sin embargo, algunas de esas certificaciones despertaron una serie de dudas. Carlos Toledo, profesor de Ingeniería desde hace más de seis años, lo resume así: “algunas son funciones propias del decano que se presentan como cargos distintos”.
A su juicio, el comité terminó sumando labores que ya hacen parte del cargo para completar el tiempo exigido. “Es como si a un periodista le dieran una certificación extra por asistir a consejos de redacción. Eso ya hace parte de su trabajo”, indica Toledo y explica que Lizcano ejerció la decanatura cerca de dos años y tuvo tres encargos breves de 15 días. “Eso suma unos 26 meses, no los 48 que se requieren. Entonces presentó otras siete certificaciones donde afirma haber hecho parte del Consejo Académico y de la Secretaría Académica, que eran funciones propias de la decanatura. Con esas ya llega a 72 meses”, agrega.
A esta situación se sumó otro reparo. Algunas de las certificaciones no provenían de la Oficina de Talento Humano, que es la única competente para expedir documentos laborales, sino que estaban avaladas por otras dependencias. “Al final de esa sesión, se votó si cumplía o no con los requisitos”, explica Reyes. El comité aprobó la hoja de vida y Lizcano pudo seguir en la carrera por la rectoría de la Distrital, que maneja al año un presupuesto de COP 650.000 millones.
Los cuestionamientos no se detuvieron ahí. En varios derechos de petición, radicados antes de la sesión de designación, se advirtió que algunos integrantes del Consejo de Participación tenían cercanía con Lizcano. “Hay dos miembros que pertenecen a un sindicato del que él es fundador”, se lee en uno de los documentos. En otro, el abogado Giovanny Decola solicitó la recusación de varios miembros del CSU por posibles conflictos de interés. “El señor Roberto Vergara tiene un interés a favor del señor Pablo Garzón y José Lizcano para la elección de rector”, señala.
El Consejo de Participación Universitaria, sin embargo, desestimó las recusaciones elevadas por la candidata María Eugenia Calderón. En su respuesta, afirma que no existen elementos jurídicos que demuestren conflicto alguno y determina que “no se logra evidenciar que la calidad que ostentan como miembros de la junta directiva del sindicato pueda repercutir en un interés directo en el proceso”.
Lizcano, por su parte, responde en entrevista con este diario que no tenía planes de volver a aspirar a la rectoría desde 2016, porque creía que era un ciclo cerrado, pero que un grupo de nueve profesores le propuso intentarlo de nuevo. Asegura que su movimiento “no responde a ninguna organización política” y que su candidatura busca ser “independiente”. Frente a los cuestionamientos sobre sus certificaciones, sostiene que suman más de 15 años de experiencia en cargos académicos y administrativos, y que su hoja de vida ha pasado por más de diez revisiones de diversos comités sin que se haya encontrado, hasta ahora, alguna irregularidad. “Quiero dejar muy claro que tengo los resultados para ser rector”, afirma.
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El limbo jurídico de la rectoría de la U. Distrital
“Estamos en un limbo jurídico y administrativo. El rector anterior renunció y no han posesionado al nuevo”, dice Juan Pablo Sánchez, representante estudiantil. Esta incertidumbre ya está teniendo efectos, pues algunas facultades como la de Ingeniería ya cancelaron los grados previstos para este viernes, 5 de diciembre.
Pero, ¿por qué no se ha dado la posesión? Toledo explica que el asunto se enredó aún más por nuevas solicitudes de información y acciones judiciales. Dos días después de la designación, Pablo Emilio Garzón, docente y excandidato, radicó un derecho de petición en el que preguntaba qué oficinas pueden certificar experiencia directiva. La Vicerrectoría Administrativa respondió que “la verificación documental corresponde exclusivamente a la Oficina de Talento Humano (…) Solo Talento Humano puede certificar hechos administrativos laborales”.
En la misma respuesta se precisó quiénes pueden certificar experiencia directiva y lo pueden hacer como rector, vicerrectores, secretario general, decanos y jefes de oficina. Tras revisar esos elementos, la Vicerrectoría concluyó que Lizcano no cumple el requisito de mínimo cuatro años de experiencia en dirección administrativa en instituciones de educación superior. “El aspirante registra desempeños en cargos directivos en IES por un tiempo aproximado de 2 años y 1 mes”, denota en uno de los apartados.
En otro documento, Hugo Flórez, docente de la Distrital desde 2006, solicitó al CSU la revocatoria directa de la Resolución 021, con la que se designó a Lizcano. Esta figura solo procede cuando un acto administrativo es ilegal, afecta el interés público o causa un perjuicio injustificado. A juicio de Flórez, en este caso se cumplen las tres causales. Su argumento central es que Lizcano no cumple el requisito habilitante de experiencia directiva en instituciones de educación superior y, por lo tanto, nunca debió ser habilitado para participar en el proceso.
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A la Secretaría de Educación también llegó otra solicitud. En un documento firmado por María Fernanda Castro, testigo electoral del proceso, y dirigido a la secretaria Isabel Segovia, quien preside el CSU, se pide no posesionar a José Lizcano hasta que exista certeza de que cumple los requisitos habilitantes para ocupar la rectoría. Entre los argumentos que expone hay uno decisivo: la contradicción entre las decisiones internas del proceso de elección y los conceptos posteriores de la Vicerrectoría Administrativa. Mientras la Resolución 021 del CSU sostiene que Lizcano cumplió todas las exigencias del reglamento, la Vicerrectoría afirma lo contrario. “Esto pone en duda la legalidad del nombramiento”, precisa.
Por ahora, cuenta Reyes, el CSU no tiene claro cuándo volverá a sesionar para tomar una decisión frente a la vacancia en la rectoría. La recomendación de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación es clara: si persiste la duda sobre el cumplimiento de requisitos, la secretaría puede abstenerse de participar en la posesión y permitir que el CSU evalúe si solicita la revocatoria del nombramiento o si mantiene la decisión mientras avanza el debate jurídico.
Ante ese escenario, una salida posible, dice Reyes, sería designar un rector encargado mientras se resuelve el trasfondo legal. “No podemos posesionar a Lizcano porque estaríamos cayendo en prevaricato, que es un delito”, advierte. Los estudiantes, entretanto, siguen discutiendo si convocan a un paro indefinido, justo cuando están a días de cerrar el año académico.
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