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“¿Quién dio la orden?” Así se encabezaba el arte de una campaña por la verdad que iniciaron 11 organizaciones sociales a propósito del capítulo de horror de la historia colombiana que se ha conocido como “falsos positivos”: ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados falsamente como integrantes de grupos ilegales. La pieza gráfica enunciaba que, entre 2000 y 2010, se cometieron 5.763 crímenes de esta naturaleza bajo el mando de cinco generales de la República, dibujados en sus ropas militares. Y, para denotarlo, sobre cada uno de ellos había una calavera con el número de casos atribuidos a su comandancia en diferentes unidades militares.
El mural que para las organizaciones sociales busca hacer una ejercicio de memoria y verdad, y hacer un llamado a la conciencia colectiva sobre la verdad de lo que realmente pasó, incluye al actual comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, con 75 casos que habrían ocurrido bajo su mando en otras unidades; al general Adolfo León Hernández, quien fue comandante del Batallón La Popa entre diciembre de 2007 y junio de 2009 con 39 casos; al actual comandante de la Brigada 13, general Marcos Pinto Lizarazo, con 45 víctimas; al excomandante del Ejército, general en retiro Mario Montoya Uribe, con 2429 homicidios; y el general Juan Carlos Barrera Jurado, con más de 154 casos en distintas unidades.
(En contexto: Organización denuncia que militares borraron mural que pintaban sobre falsos positivos)
El mural que realizaban artistas en una localidad bogotana el pasado 18 de octubre no pudo terminarse. Al lugar llegaron miembros de la Policía y del Ejército y, según denuncias de las organizaciones sociales, militares vestidos de civil. Los uniformados taparon las caras de los generales mencionados con pintura blanca. Lo sucedido se divulgó rápidamente en redes sociales, así como la imagen que no pudo plasmarse en el muro. Mientras se debate si hubo censura y el Ejército guarda silencio, dos de los oficiales allí mencionados, el excomandante del Ejército, general en retiro Mario Montoya; y el comandante actual de la Brigada 13, general Marcos Evangelista Pinto, entutelaron al Movimiento de Víctimas de Estado, Movice.
Los oficiales no cuestionan directamente el mural fallido, sino un mensaje de Twitter del Movice, publicado el pasado 19 de octubre, en el que está la imagen del mural y se pide reproducirlo hasta que se haga viral en el marco de la “Campaña por la Verdad”. “Se me hace responsable públicamente del asesinado de 2.429 personas sin que a la fecha exista sentencia condenatoria ejecutoriada en mi contra, mediante la cual un juez de la Jurisdicción Ordinaria o de cualquier otra Jurisdicción me haya encontrado responsable de conducta ilícita alguna”, alega el general (r) Montoya.
(En contexto: General (r) Mario Montoya firmó el acta de sometimiento ante la JEP)
“El responsable o responsables de esa publicación y difusión de este mensaje han violado mis derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la honra, al buen nombre y a la dignidad humana”, agregó Montoya, quien dirigió el Ejército Nacional entre febrero de 2006 y noviembre de 2008 y decidió someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz cuando sobre su pecho cursaban pesquisas de la Fiscalía por “falsos positivos” que no avanzaron hasta imputación de cargos a pesar de sonoros anuncios de la administración de Eduardo Montealegre en 2016. Montoya firmó el acta de sometimiento a la JEP el 17 de octubre de 2018.
Con argumentos casi iguales, el general Pinto asegura que el mural hace “acusaciones” en su contra y se le responsabilizada por la muerte de 45 personas. “So pretexto del reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, se convierte en victimario de quienes se han sometido a un juicio justo a través de la justicia ordinaria, transicional (sic) o peor aún, sin vinculación a ningún proceso penal (…) No se entiende el fin que persigue (el Movice) con la difusión de información, pues ello trastoca el núcleo duro de una serie de derechos que no pueden ser afectados con las publicaciones en redes sociales”.
(En contexto: Piden avances en casos de generales cuestionados por ejecuciones extrajudiciales)
En el caso del general Pinto, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó una denuncia en su contra cuando era coronel, por presunta responsabilidad por acción u omisión en el asesinato de 45 civiles que cometieron hombres bajo su mando, 11 de los cuales sucedieron cuando comandaba el Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot y el resto al mando del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena. Por la denuncia, la Fiscalía abrió noticia criminal que fue asignada primero a la dirección seccional de fiscalías de Medellín y luego, mediante oficio del 1 de agosto de 2019 del Coordinador del Grupo de Asignaciones Especiales del despacho del Fiscal General, el caso fue remitido a la Dirección Nacional contra las Violaciones de Derechos Humanos. La JEP, en su investigación macro “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” ha priorizado las regiones en las que operó el Batallón Magdalena, entre otras.
El Espectador conoció la respuesta de la estrategia jurídica del Movice, que recoge a más de 200 organizaciones de víctimas, a la tutela del general Pinto que cursa en el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá. Primero, se indica que la tutela no procede, pues el oficial no está en situación de indefensión y que, al contrario, las víctimas se vieron expuestas a una autoridad que se extralimitó en sus funciones para censurar. Luego, se señala en términos generales que en el mural se consignaron hechos que son verídicos, que ocurrieron bajo la comandancia de los cinco oficiales y que hay respaldo en expedientes judiciales.
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De fondo, se exponen dos argumentos. Que el mural “no pretende difundir atribuciones de responsabilidad penal, sino que es un ejercicio para que la sociedad en general se cuestione sobre en qué circunstancias tuvo lugar en Colombia la comisión de la ejecuciones extrajudiciales”. Y que la imagen del mural, que se publicó en la cuenta de Twitter del Movice, está protegida por la libertad de expresión. Es, en su criterio, una imagen informativa, que explica un contexto sobre casos de ejecuciones extrajudiciales y que hace una pregunta clave: “¿Quién dio la orden?”. Así, para el Movice, no se violan los derechos al buen nombre ni a la intimidad, porque la información que allí aparece hace parte de investigaciones, no es falsa ni inexacta.
“Si bien no hay una sentencia condenatoria en contra del sr. Pinto, sí hay una investigación penal respecto a las 45 personas que murieron en el lugar donde ejercía mando. (…) La imagen no está señalando la responsabilidad penal de nadie, ni tampoco se está indicando información que se debería mantener en reserva”, agrega la respuesta a la tutela. Frente al mensaje de Twitter que cuestionan los oficiales, que pide volver viral el mural tras no poder hacerlo completo, y ante denuncias de censura, el Movice asegura que su intención era comunicar lo sucedido e “informar a la comunidad las cifras de casos de falsos positivos por los que altos mandos militares han sido investigados”.
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“El derecho a la intimidad no se ve vulnerado debido a que el tweet no hace ninguna referencia al derecho a ningún aspecto de la órbita personal del Sr. Pinto. El derecho al buen nombre tampoco se vulnera debido a que la información de censura y la introducción a la imagen que pretende difundir el tweet en ningún momento es falsa o inexacta; en efecto es cierto que hubo un acto de censura el día 18 de octubre y también es cierto que los altos militares que muestra la imagen han sido investigados o lo están siendo, ya sea en el ámbito disciplinario o en el ámbito penal; también es cierto que el mural censurado quería mostrar los números de falsos positivos, pero debido a la censura dicho objetivo no se materializó”, argumenta el Movice. La justicia decidirá.
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