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Las movidas del coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez no fueron suficientes para seguir dilatando el proceso judicial que adelanta en su contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El exmilitar, señalado por la justicia transicional como el presunto responsable de al menos 18 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos ocurridos en los municipios de Dabeiba e Ituango (Antioquia), entre 2004 y 2005, enfrentará este martes 20 de enero el inicio del juicio adversarial en su contra. La diligencia fue aplazada en dos oportunidades en 2025, por cuenta de cambios a último minuto en la defensa del exmilitar. Acciones que, según dijo la magistrada Reinere Jaramillo, ponente del caso, fueron dilaciones para evadir el juicio.
El expediente en contra de Guzmán Ramírez hace parte del caso 03 de la JEP que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Está incluido en el subcaso Dabeiba, que busca esclarecer graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1997 y 2007 en ese municipio del departamento de Antioquia. Junto al oficial en retiro, fueron imputados otros nueve exmilitares; ocho de ellos aceptaron su responsabilidad y este año podría conocerse la sentencia de tipo restaurativo en su contra. Solo los coroneles retirados Guzmán Páez y Jorge Aberto Amor Pérez negaron su responsabilidad y sus casos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
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Las investigaciones adelantadas por esa unidad señalan al coronel en retiro como responsable de las ejecuciones extrajudiciales de al menos 18 personas, que habrían sido perpetradas entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005. Durante ese año, cuando Guzmán Ramírez aún ostentaba el grado de mayor del Ejército, ejercía como comandante del Batallón de Contraguerrilla 79 en Antioquia. Según la UIA, desde ese rol el oficial habría participado en diez hechos criminales: en ocho de ellos como coautor y en los otros dos como coautor mediato en alianza con las Antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con quien su unidad militar mantuvo una alianza criminal para asesinar a civiles inocentes.
Según la resolución de conclusiones de la UIA, Guzmán Ramírez estaba al frente “del grupo especial de facto creado para reclutar personas que posteriormente eran asesinadas y presentadas como bajas en combate”. Los comparecientes que aceptaron su responsabilidad en los mismos hechos lo han señalado de ser el líder de la política criminal para inflar las cifras de resultados operacionales del Ejército. “Nos aprovechábamos de las personas vulnerables con engaños a través de trabajos, alimentación, sudaderas; les dábamos ropa y, dependiendo de la persona, si era consumidora, le comprábamos sustancias psicotrópicas”, dijo durante una audiencia el coronel (r) Efraín Correa. Todo esto, al parecer, por órdenes de Guzmán Ramírez.
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De las 18 víctimas de falsos positivos por las que Guzmán Ramírez ha sido señalado como presunto responsable, tres eran menores de edad y otra era una mujer. Uno de los casos endilgados al coronel en retiro es el de Rodrigo Humberto Torres Múnera, desaparecido forzosamente el 8 de noviembre de 2004 en el corregimiento El Aro, en Ituango. Según el expediente, tenía 23 años cuando militares del batallón dirigido por Guzmán Ramírez se hicieron pasar por paramilitares y lo retuvieron en su casa. Fue secuestrado junto a otro vecino, señalado de ser guerrillero de las antiguas Farc y entregado a paramilitares del Bloque Mineros de las AUC. Estuvo secuestrado durante 11 días, hasta que fue devuelto a la tropa, vestido con camuflado. Según la JEP, los militares lo asesinaron y lo presentaron como un guerrillero muerto en combate.
Las declaraciones de los comparecientes que han dicho ante la justicia transicional que actuaron a órdenes de Guzmán Ramírez no han sido suficientes para que el coronel en retiro acepte su responsabilidad en los crímenes por los que será llevado a juicio. La UIA escuchó durante su investigación a 130 testigos, recopiló 643 testimonios, 2.550 documentos, más de 25.000 folios y 170 informes periciales relacionados con los crímenes que habrían sido ordenados y ejecutados por el coronel durante el tiempo en el que estuvo al frente del Batallón de Contraguerrilla 79. El 19 de diciembre de 2024, después de reunir toda esa información, la UIA, también conocida como la Fiscalía de la JEP, llamó a juicio adversarial al coronel en retiro.
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Las audiencias preparatorias al juicio culminaron en la ciudad de Medellín, el 10 de julio de 2025. Cuando la magistrada Reinere Jaramillo le preguntó si aceptaba o no su responsabilidad en los crímenes investigados por la UIA, la respuesta de Guzmán Ramírez fue tajante. “Para la historia, hice parte de un Ejército victorioso. Por la memoria de los héroes de la patria asesinados en este conflicto, no acepto cargos”, señaló el coronel en retiro. Lo que siguió en el caso fue una serie de movidas por parte del exmilitar para, al parecer, intentar dilatar el inicio del juicio adversarial en su contra. De ser hallado responsable de los crímenes de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, podría pagar una pena de hasta 20 años de cárcel.
Para hacerle el quite a esa posible sentencia, como lo indicó por medio de un auto de septiembre de 2025 la magistrada Jaramillo, el coronel en retiro cambió en cuatro oportunidades de abogado defensor y obligó a que la audiencia de instalación del juicio se reprogramara en dos oportunidades. La primera vez estaba citada para el 9 de septiembre del año pasado, pero tuvo que ser aplazada porque la abogada que tenía Guzmán Ramírez en ese momento pidió más tiempo para conocer del caso y poder presentarse al juicio. El inicio de la audiencia se reprogramó para el 29 de ese mismo mes, pero seis días antes, el 23 de septiembre, la jurista renunció a defender al coronel, lo que obligó a aplazar de nuevo.
El juicio arrancará este 20 de enero en Medellín hasta el 24 de ese mismo mes. Luego, las audiencias de este, que es el primer juicio adversarial por falsos positivos en Antioquia, continuarán en Bogotá. Los magistrados del Tribunal para la Paz pueden tardar hasta un año en el juicio, hasta que agoten los testimonios de los 94 testigos y las 1.060 pruebas que fueron avaladas en este proceso. Será en ese momento que el país conocerá la primera determinación de la justicia transicional sobre el drama de los falsos positivos en Antioquia, el departamento en donde, según la JEP, ocurrieron más falsos positivos en el país.
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Por Gustavo Montes Arias
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