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La investigación contra una pirámide que defraudó a decenas de personas de la élite bogotana le ha valido dos denuncias a una alta funcionaria de la Fiscalía, de las que se hizo eco hasta en la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la delegada para las Finanzas Criminales del ente investigador, Luz Ángela Bahamón, y del proceso contra las cabezas de la captadora Forex Investment Team (FIT), que logró amasar más de US$7 millones entre inversionistas de la crema y nata capitalina. A la curtida funcionaria, de toda la confianza del fiscal general, Francisco Barbosa, la investigan sus colegas, mientras su defensa dice que son ataques por el buen trabajo que ha hecho.
Luz Ángela Bahamón lleva casi 20 años en la Fiscalía y ha estado en los equipos directivos de los últimos tres fiscales generales, lo que no es usual, pues cada jefe del búnker nombra nuevas cúpulas. Voces del ente investigador le dijeron a este diario que su permanencia en lo más alto de la entidad es muestra de que es una funcionaria respetada, proactiva, con la que es fácil trabajar. Sin embargo, además de estas dos denuncias por supuestas irregularidades en el caso Forex, la Procuraduría le sigue una indagación disciplinaria por posible extralimitación en sus funciones en el caso de la comercializadora de oro CIJ Gutiérrez, así como por supuesto acoso laboral a un fiscal.
Quien la denuncia ahora es Jairo Sánchez, comerciante que resultó condenado en el caso Forex junto con su esposa, Margarita Báez, a partir de la investigación que adelantó la Fiscalía y que demostró que montaron una pirámide dedicada a captar dinero de los más altos círculos sociales de Bogotá: repartían volantes en torneos de golf, hacían eventos en clubes y sus clientes pagaban siempre en dólares la inversión inicial, que era de US$20.000. En septiembre de 2021, el Tribunal de Bogotá los condenó en segunda instancia tras concluir que su empresa realmente era una captadora ilegal de dinero y que habían defraudado a un centenar de inversionistas.
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“Es claro que los acusados, por medio de la sociedad FIT, captaron dinero de por lo menos 80 personas, en cuantía de US$7’073.517, sin que la asunción de esas obligaciones tuviera como contraprestación el suministro de bienes o servicios por parte de los acusados”, se lee en la sentencia, que los condenó a 21 años de cárcel. Jairo Sánchez y Margarita Báez continúan en libertad, pues a comienzos de marzo de este año interpusieron un recurso de casación, que apenas entró a estudio en la Sala Penal de la Corte Suprema. Los Sánchez Báez insisten en su inocencia en el caso Forex y han denunciado a Bahamón por supuestas maniobras irregulares.
Hasta la Corte Suprema intervino
Las denuncias contra Luz Ángela Bahamón han escalado hasta la Corte Suprema de Justicia, que ordenó investigarla. Pero la Fiscalía ha cerrado filas para defender su actuar en el caso Forex, una investigación que inició en 2009 y duró casi cinco años. Al comienzo no era muy claro de qué se acusaba a Sánchez y a Báez, pero con el tiempo fue develándose su forma de operar. Según el juez 7 penal especializado de Bogotá, que los condenó en primera instancia, buscaron “cautivar en gran cantidad clientes para que estos invirtieran en la presunta compraventa de divisas” en el mercado Forex. Sin embargo, lo hicieron sin el permiso de la Superintendencia Financiera.
El ente investigador los capturó y les imputó cargos en 2014, y, dos años más tarde, los llamó a juicio por lavado de activos. Por esa misma época, el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, nombró a Luz Ángela Bahamón directora nacional contra el lavado de activos, el primer cargo directivo que tuvo la hoy funcionaria estrella. También por esos días varios inversionistas que habían perdido sus ahorros en la compañía FIT estaban pidiéndoles celeridad a las autoridades en las investigaciones y buscaron acciones por todos los frentes. Entre las puertas que tocaron estaba la Superintendencia de Sociedades, que a su vez acudió a la Fiscalía.
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La Supersociedades le preguntó al ente investigador si existía una investigación en contra de Jairo Sánchez y Margarita Báez por delitos financieros. El interrogante le cayó a Luz Ángela Bahamón, como directora de Lavado de Activos. En una carta del 29 de agosto de 2016, le contestó a la directora de Supervisión de Sociedades que, en efecto, había una investigación contra la pareja y que “el delito de captación masiva y habitual de dineros se encuentra probado mediante informes periciales”. Los Sánchez Báez aún seguían en juicio. Tres meses más tarde, la Superintendencia intervino FIT y ordenó suspender sus actividades.
En la resolución de la Supersociedades se cita la respuesta de Bahamón como uno de los argumentos que motivó la intervención. Al año siguiente, Jairo Sánchez denunció a la alta funcionaria judicial por decir que “se encuentra probado” la operación ilegal de FIT, cuando él y su esposa no habían sido declarados culpables aún por el caso Forex. En otras palabras, que Bahamón había juzgado una conducta, aunque esa tarea le corresponde a un juez. El caso le correspondió a un fiscal delegado ante la Corte Suprema, por tratarse de la directora de Lavado de Activos, un cargo que, en el organigrama de la Fiscalía, está solo dos escaños abajo del fiscal general.
En 2019, el fiscal del caso pidió que se cerrara la investigación. Según él, la alta funcionaria había cometido un error involuntario, con el que no buscaba hacer daño. En octubre de 2019, en un auto de 36 páginas, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema archivó la investigación por un delito, pero ordenó investigarla por prevaricato y fraude procesal, y le envió un duro mensaje a la Fiscalía: “No resulta plausible, atendido el nivel de exigencia esperado de una funcionaria como la directora nacional I de la Fiscalía, hablar de un error en el entendimiento y el uso del lenguaje, desde el punto de vista procesal de cuándo puede hablarse de un hecho probado”.Para la Corte Suprema, el fiscal del caso estaba pidiendo la preclusión de manera prematura, pues no había investigado a fondo lo que se denunciaba. Y, si bien hasta la Procuraduría se puso del lado de Luz Ángela Bahamón, la Sala de Primera Instancia concluyó: “Analizada la argumentación de la Fiscalía, el material de prueba aportado, así como lo aducido por la representante del Ministerio Público y por la defensa, se advierte que, por el momento, ninguno tiene la capacidad de desvirtuar la claridad esperada de una fiscal de la trayectoria de Luz Ángela Bahamón, cuando entrega una respuesta en los términos en que lo hizo”.
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El fiscal no apeló, pero el caso pasó a manos de otra funcionaria, la fiscal segunda delegada ante la Corte. Fue ella quien, un año después de que la Corte Suprema ordenara investigar a Bahamón, le archivó la denuncia en noviembre de 2020. Aun con el fuerte llamado de atención del alto tribunal, la Fiscalía escribió en esa decisión, que puede tomar de manera unilateral un fiscal respecto de un caso: “Nada indica que el oficio suscrito por Bahamón Flórez provocó equívoco en la Superintendencia de Sociedades al proferir las decisiones aludidas, a más que la respuesta generada por la aforada no constituye prueba alguna dentro del proceso administrativo”.
La fiscal escuchó en ampliación de interrogatorio a Bahamón y entrevistó a los funcionarios de la Supersociedades que tomaron la decisión de intervenir FIT. La decisión de archivo sostiene que ambos dijeron que tuvieron en cuenta otros elementos para ordenar la intervención y hace una lectura interpretativa de la resolución de la Superintendencia. “Al detenernos en cada una de las decisiones emitidas por la Supersociedades podemos ver cómo en realidad ninguna tiene como soporte, es decir, como sustento medular o determinante, el oficio suscrito por Bahamón”, añadió la funcionaria.
El abogado de Luz Ángela Bahamón, Jesús Yepes, le dijo a El Espectador que lo que denuncia Sánchez “es inocuo, irrelevante” y que no era necesario llevarlo hasta la Corte. El defensor explicó: “Las partes decimos que tenemos prueba de la inocencia, pero en la dinámica judicial sabemos que solo un juez puede determinar la responsabilidad. Además, un oficio así no menoscaba las facultades investigativas de la Superintendencia. Y añadió: “Ese oficio no es una providencia o un dictamen, que son las decisiones que, si son tomadas de manera contraria a la ley, constituirían prevaricato. Además, ya un juez y un Tribunal le dieron la razón sobre FIT”.
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Jairo Sánchez peleó y pidió desarchivar su denuncia, pero no tuvo suerte. La misma fiscal le contestó en noviembre de 2021 que sus argumentos eran “escuetos” y que todo estaba debidamente expuesto en la orden del archivo de su denuncia. Además, la fiscal le aclaró que otros hechos por los que peleaba el condenado no estaban siendo investigados por su despacho, sino por el fiscal 5 delegado ante la Corte Suprema. En esa indagación preliminar, que sigue abierta y corresponde a la segunda denuncia en contra de Bahamón, se investiga si el direccionamiento que hizo a un perito que puso a cargo del caso Forex fue o no otra grave irregularidad: una alteración de pruebas.
Los informes “tachados” del caso Forex
Entre las pruebas con las que la Fiscalía llevó a juicio a Jairo Sánchez y su esposa estaban los peritajes de por lo menos cuatro expertos del CTI y la Superintendencia Financiera. Desde ópticas distintas, analizaron los movimientos de FIT en bancos de Estados Unidos y evidenciaron la forma en la que los condenados del caso Forex les pagaron a viejos inversionistas con el dinero de nuevos clientes. Uno de los peritajes firmado por el difunto perito Luis Perozo probó el delito de lavado de activos. No obstante, tuvo al menos seis versiones, con distinto número de páginas y que llegaban a conclusiones distintas.
A Jairo Sánchez ha asegurado que esos seis borradores del peritaje le llegaron en marzo de 2019 a su casa, de forma anónima, en un sobre de manila. Los documentos, supuestamente, estaban acompañados de “un escrito que dice que fueron modificados con el puño y letra de la doctora Luz Ángela Bahamón, a sabiendas de que somos inocentes para hacernos parecer culpables”, según declaró Sánchez en su juicio, en septiembre de 2019, cuando quiso introducir estos hallazgos como una prueba sobreviniente. En la audiencia, su abogado mostró los documentos, que aparecen tachados a mano con bolígrafo.
En la denuncia que instauró Sánchez en la Fiscalía aseguró: “El perito Perozo Castro presentó seis dictámenes periciales de los cuales, después de alterarlos, cambiarles, modificarles y dejarlos a conveniencia de la Fiscalía, solo se presentaron dos convenientes que servían a los intereses de la Fiscalía, los otros cuatro los ocultaron y escondieron para hacer incurrir en error al juez”. Los peritajes supuestamente alterados del caso Forex tienen membrete de la Fiscalía, pero no están firmados. A los lados hay apartes resaltados, anotaciones y muchas veces la palabra “no”, como señalando algo a quitar. Tienen fechas subsiguientes entre 2014 y 2016.
El juez que llevaba el caso de Sánchez no aceptó los peritajes como prueba sobreviniente en su juicio. El 11 de septiembre de 2019, en audiencia, el juez séptimo penal especializado explicó que esos documentos se basaban en información financiera de la empresa FIT y sus operaciones en bancos de Estados Unidos. Esos datos los conocían de primera mano Jairo Sánchez y Margarita Báez, así que, añadió el juez, no se podía constituir en una prueba nueva. “Esto sería un documento más. Si su fin sería determinar, al parecer, unas conductas delictivas efectuadas por un servidor público, no lo que es objeto de juicio, es carente total de sustento la petición”, declaró.
En la audiencia el juez añadió: “Se compulsarán copias a fin de que se determine cómo estos documentos pueden estar en manos de particulares”. Jairo Sánchez se mostró molesto en la audiencia y ahora su denuncia reposa en el despacho del fiscal 5 delegado ante la Corte Suprema, a quien le entregó los originales de los documentos supuestamente alterados, según un acta en poder de este diario. El condenado comerciante del caso Forex también contrató un grafólogo que fue hasta el búnker de la Fiscalía a comparar la letra de otros escritos de Bahamón con las anotaciones de los peritajes.
En las conclusiones de ese experto se lee: “Existe uniprocedencia o correspondencia grafomanuscritural entre los manuscritos o grafías (palabras, letras y dígitos) de duda que obran en el original del informe de fecha 7 septiembre de 2015, objeto de experticia, frente a la caligrafía genuina de Luz Ángela Bahamón Flórez”. Es decir, las anotaciones en los peritajes las habría hecho ella. Por esto, Jairo Sánchez pide investigarla por los delitos de fraude procesal y alteración de material probatorio a ella y a la fiscal que llevó su caso, Nelcy Lulú Rodríguez. La investigación contra ambas no ha tenido mayores avances.
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El abogado de Bahamón le dijo a este diario que hay varios puntos a tener en cuenta sobre este caso. “Primero, hubo una compulsa de copias y el juez no ordenó investigar a la fiscal, sino por qué esos documentos terminaron en manos de Sánchez. Ese es un documento de trabajo, de preparación de una parte del caso. Segundo, lo que ocurrió es que, como fiscal, Bahamón le pidió al perito que hiciera un trabajo, pero él hizo algo diferente. Ella, entonces, le pidió que lo adecuara a lo que le había pedido. Y tercero, el perito no podía concluir si existió o no la comisión de un delito. Su labor era brindar su conocimiento para dar cuenta de los hechos”, aseveró.
Yepes anunció también: “Vamos a solicitar el archivo por atipicidad. Estoy convencido, personal y jurídicamente, de que esto es irrelevante para el derecho penal”. Consultada por este diario sobre el estado de esta investigación, la Fiscalía contestó a través de un derecho de petición que “el fiscal asignado desarrolla su programa metodológico dentro del ámbito de su autonomía e independencia” y que “ningún servidor público puede inmiscuirse de ningún modo en las decisiones que adopten los fiscales delegados”. Cuando El Espectador preguntó por qué archivaron la primera denuncia contra Bahamón, pese a que la Corte pedía investigarla, la respuesta fue similar.
“Las motivaciones fácticas y jurídicas que sustentan la decisión de archivo de la investigación fueron consignadas por la fiscal de conocimiento en el documento mediante el cual se adoptó dicha determinación”, contestó el ente investigador. Asimismo, este diario le preguntó a la Fiscalía por qué Luz Ángela Bahamón permanece en su cargo a pesar de estas denuncias y de la indagación que lleva en su contra la Procuraduría. La respuesta fue: “La Fiscalía a la fecha no conoce la existencia de causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad que impidan la continuidad de la servidora en su cargo”.
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La entidad agregó: “A fecha tampoco se encuentra configurada causal alguna de retiro de la institución que impida su permanencia en la institución”. Asimismo, el ente investigador aseguró que los fiscales que indagan a la superpoderosa de la Fiscalía tienen todas las garantías para desarrollar su labor. La entidad que dirige Barbosa le insistió a El Espectador: “El direccionamiento estratégico de la Fiscalía se encuentra encaminado a lograr que todas las investigaciones se ajusten a los estándares nacionales e internacionales de respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Direccionamiento estratégico fue un término al que se refirieron dos fuentes consultadas por este diario sobre el actuar de Bahamón. Según su versión, es normal que los directores o delegados den recomendaciones a los fiscales e investigadores sobre por dónde llevar un caso, aunque son los funcionarios judiciales los llamados a tomar las decisiones de, por ejemplo, imputar cargos o solicitar una orden de captura. Esas fuentes, precisamente, dijeron que en la Fiscalía le reconocen a Luz Ángela Bahamón su “mente estratégica” y que nadie en la entidad tiene su nivel de conocimiento sobre finanzas criminales.
El abogado Yepes señaló: “Luz Ángela Bahamón lleva muchos años en la Fiscalía y ha tenido casos muy duros, muy fuertes que, como es obvio, generan mucha sensibilidad. Pero no ha habido una tacha a su trabajo. Para los abogados litigantes, entre los que me incluyo, es muy difícil tener a Bahamón de contraparte, porque es una profesional honrada, seria, responsable, comprometida. Con el tiempo, los fiscales generales la han acogido porque es una profesional que ofrece confianza. Todos estos factores explican que sea un blanco de ataques por lo que representa. No está bien destruir a las personas que sirven a su país”.
Las denuncias de Jairo Sánchez bien pueden quedarse en patadas de ahogado, por tratarse de un hombre que ya fue condenado en dos instancias y ahora pelea su última oportunidad en la Corte Suprema. O podrían ser la talanquera para la carrera de una curtida funcionaria a quien, en 20 años de carrera judicial, lidiando con la plata de los criminales, no han logrado demostrarle un actuar ilegal. En cualquier caso, Bahamón sigue en el círculo más cercano del fiscal Francisco Barbosa, según varias fuentes, por su cercanía profesional con la vicefiscal Martha Mancera. Y es esa Fiscalía la encargada de investigarla a ella.
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