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Es miércoles, día de El Espectador explica. El 28 de marzo de este año, en el municipio de Puerto Leguízamo en el Putumayo, el Ejército colombiano realizó un operativo en el que murieron 11 personas. En ese momento, las autoridades afirmaron que se trató de una operación contra disidentes de las Farc, pero pronto organizaciones de derechos humanos e indígenas lanzaron una alerta porque entre las víctimas había civiles. ¿Qué ocurrió realmente allí? En esta edición de El Espectador le explica trataremos de contar, a través de los artículos que hemos trabajado en las últimas semanas, todo lo que rodeó este polémico operativo que tiene en el ojo del huracán al Ejército y al ministro de Defensa Diego Molano. Comencemos.
Primero que todo, es importante entender la importancia geográfica y estratégica que tiene Puerto Leguízamo y el Putumayo. En los últimos meses ese departamento ha sufrido una escalada de violencia en la que están de por medio no solo conflictos de la comunidad con el Ejército, por las erradicaciones manuales de cultivos ilícitos, sino además un agudizado enfrentamiento entre disidencias de las Farc que buscan controlar el territorio sembrado con coca y los corredores fronterizos y hacia el Pacífico, que son claves para el narcotráfico.
La situación de orden público ha sido reseñada en por lo menos siete alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en la región desde 2018. La más reciente es la 002 de 2022, enfocada en Puerto Leguízamo, donde se hizo el referido operativo militar, en la que el ente de control llama la atención sobre el alto riesgo de reclutamiento de menores y de migrantes que llegan a este punto para pasar a Ecuador y Perú, así como sobre las amenazas a líderes sociales que impulsan los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
En gran medida, la disputa por el control es por los corredores fluviales: los ríos Caquetá y Putumayo, que atraviesan el departamento y son importantes puntos de logística ante la falta de vías para comunicarse con el Cauca y demás zonas de los llanos orientales y la Amazonia, por lo que está claro que además del comercio son punto estratégico para el tránsito de droga.
Esta importancia siempre fue reconocida por las guerrillas. Históricamente la zona fue controlada por el bloque Sur de las Farc, conformado por los frentes 15, 32 y 48, por lo que tras la firma del Acuerdo de Paz las comunidades campesinas, indígenas y afros creyeron en que su implementación iba a alejarlos del conflicto y del cultivo de la coca, pero en los últimos cuatro años la reorganización de los grupos armados les demostró que la historia no iba a ser como se la imaginaban.
Aunque durante los dos años posteriores a la suscripción del Acuerdo se vivió una etapa de tranquilidad ante la salida de las guerrillas, en 2018 se comenzaron a reconocer dos estructuras: un grupo disidente que se autodenominó Frente Primero Carolina Ramírez, bajo el mando de Gentil Duarte, y los Comandos Bolivarianos de la Frontera o Los Sinaloa, que integraron a excombatientes y organizaciones criminales.
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En ambos casos, la pandemia fue fundamental para su fortalecimiento y organización territorial, ya que el Frente Primero tomó el control del río Caquetá y emprendió acciones de reclutamiento y amedrentamiento de líderes indígenas y campesinos, mientras que Los Sinaloa se asentaron en el río Putumayo y han dominado con un régimen de terror que incluye “la imposición de normas de conducta, homicidios selectivos, desaparición forzada, trata de personas con fines de explotación sexual”, entre otras acciones que documenta un informe de la Fundación Conflict Responses (CORE).
Aunque los grupos armados ya habían establecido los territorios de control, en octubre de 2020 comenzaron los enfrentamientos cuando los Comandos Bolivarianos de la Frontera incursionaron en la inspección de Yurilla, para aprovechar el corredor por el río Caquetá, ante el presunto debilitamiento del Frente Primero, lo cual no era tan cierto, pues estos ya se habían aliado con el Bloque Jorge Briceño y la Compañía Miller Perdomo.
Para febrero de 2021, los Comandos Bolivarianos anunciaron una alianza similar, pero con la Nueva Marquetalia, por lo que para el segundo semestre del año pasado se incrementaron las acciones violentas, especialmente en Puerto Leguízamo, donde además de un aumento de los homicidios se han presentado desplazamientos y constantes confinamientos de las comunidades.
A ese panorama se le añade el conflicto de las comunidades con el Ejército por la erradicación forzada de coca. Líderes sociales de la zona han señalado que no se han cumplido las condiciones a las familias que se vincularon al programa y por eso han seguido con la hoja de coca, que es el principal cultivo en la zona, lo que los sigue haciendo víctimas de la reconfiguración de los actores del narcotráfico. Y así fue como llegamos al operativo del 28 de marzo.
Ese día, el ministro Diego Molano publicó en su cuenta de Twitter que la Fuerza Pública “neutralizó” a “nueve criminales” y capturó a “cuatro más”. Horas después, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) denunció que dicha operación en la que murieron presuntos disidentes de las Farc habría sido realmente un “falso positivo”, en el que fueron asesinados una autoridad indígena y campesinos. “La información dada por el funcionario no concuerda con la realidad y se contradice con información que en estos momentos ha empezado a surgir tanto de testimonios de sobrevivientes y familiares, así como de medios de comunicación alternativos”, dijo en un comunicado que publicamos en esta nota.
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A pesar de la grave denuncia, que volvía a poner el foco sobre el oscuro capítulo de los falsos positivos, el Gobierno descartó de inmediato cualquier irregularidad. El ministro de Defensa, Diego Molano, contestó en sus redes sociales: “Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros”. Pero crecían las dudas sobre la versión que había entregado la Fuerza Pública.
“El Ejército llegó a la vereda donde se encontraban unos habitantes de la zona, realizando un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol de uso de los vecinos”, señaló un habitante de la región a un medio local.
A pesar de la grave denuncia, que volvía a poner el foco sobre el oscuro capítulo de los falsos positivos, el Gobierno descartó de inmediato cualquier irregularidad. El ministro de Defensa, Diego Molano, contestó en sus redes sociales: “Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros”. Pero crecían las dudas sobre la versión que había entregado la Fuerza Pública.
Para conocer con mayores detalles lo ocurrido en Puerto Leguízamo, un grupo de periodistas –entre ellos dos de El Espectador– viajaron hasta el municipio para escuchar ala comunidad. Lo que encontraron allí fue tan impactante que los reporteros coincidieron en que la historia que tratarían de reconstruir era muy grande e importante y decidieron actuar como si se tratara de una unidad investigativa para compilar la mayor cantidad de material posible en el corto tiempo que tenían, y luego compartirlo. El resultado fue un trabajo colectivo que recaudó cerca de 30 testimonios, videos y fotografías que cada periodista se dio a la tarea de narrar a su manera.
La versión oficial desde el Ministerio de Defensa señalaba que se trató de un operativo contra Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, alias Bruno y otro comandante conocido en la guerra como Managua. Ambos son, según las autoridades, jefes del frente 48 (o los Comandos de la Frontera), un grupo ilegal conformado por disidentes de las Farc, exmiembros de las Auc y exintegrantes de la organización criminal La Constru, que tienen control de varias rutas de narcotráfico entre el Bajo Putumayo y la frontera con Ecuador.
Sin embargo, de acuerdo con la comunidad a la que entrevistó El Espectador, los hechos se llevaron a cabo de forma distinta. Las personas aseguran que en la vereda había presencia de al menos cuatro hombres de los Comandos de la Frontera armados y vestidos de civil. También coinciden en que los miembros del Ejército llegaron a pie desde la montaña y se presentaron con gritos: “No somos Fuerza Pública, somos guerrilla”. La comunidad entregó a los periodistas un video que coincide con estos relatos y en el que se ve a dos hombres vestidos de buzo y gorra negra, acostados boca abajo mientras disparaban.
Los relatos de los testigos sobre cómo llegó el Ejército a la zona coinciden en que la incursión habría comenzado entre las 7:00 y las 7:30 a.m. En esa fecha se celebraba el último día de un “sensacional bazar” en la comunidad de Alto Remanso.
En la invitación al bazar, con fecha del 14 de marzo, el cabildo Alto Remanso especifica que, dentro de las actividades, habría torneo de fútbol femenino y masculino interveredal, peleas de gallos y un concurso de baile. De acuerdo con un habitante de la vereda Bajo Remanso, que asistió durante los tres días, este tipo de actividades se realizan con el fin de recaudar fondos para proyectos comunitarios. Este, en particular, tenía como objeto reunir dinero para la construcción de una placa-huella de unos dos kilómetros y medio que conectaría con las fincas de la montaña.
No era la primera vez que organizaban algo de tal dimensión. Los bazares se realizan dos o tres veces al año y se programan cada ocho días en veredas distintas: Lochanchipa, El Tablero, La Concepción, Loma Alta, Alto Remanso, Bajo Remanso, El Bayo, El Hacha, La Payita y La Paya son algunos de los centros poblados que siempre participan. Según la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) del corregimiento de Puerto Ospina, en este tipo de espacios se suelen reunir entre $10 y $25 millones, en el mejor de los fines de semana, y el dinero se emplea en suplir las necesidades de una comunidad río adentro cuya cabecera municipal más cercana está a más de tres horas en lancha rápida y a la que el Estado, cuando llega, es con medidas solo con enfoque de seguridad y policial, pero no de manera integral con servicios de salud, educación ni con ofertas laborales para la comunidad.
Los seis periodistas que reportearon este caso accedieron a un video que muestra a la población de la vereda reclamando fuertemente a un hombre vestido de negro, que acompañaba a los militares, por la tragedia que acababa de ocurrir. En una primera parte del video se escucha a varias personas asegurando que habían cometido “falsos positivos” en la vereda. Otro de los reclamos de las familias en ese video es que el Ejército no les habría permitido ver e identificar los cadáveres en la vereda antes de trasladarlos y que temen que los cuerpos de sus seres queridos hayan sido manipulados.
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Aunque el Ministerio de Defensa aseguró en una rueda de prensa que el operativo se había realizado en conjunto con la Fiscalía, el ente investigador confirmó a los reporteros que tuvo conocimiento de los hechos hasta las 14:20 p.m., siete horas después de los combates. Según los testigos, durante ese tiempo el Ejército habría sido la única autoridad que hizo presencia en el lugar. El gran interrogante que la Fiscalía tendrá que resolver es: ¿qué pasó, durante todo ese tiempo, con los cuerpos de las víctimas mortales?
Otra de las evidencias que están en poder de la Fiscalía y a la que tuvieron acceso los reporteros es una serie de tres fotografías que probarían que el cuerpo de Brayan Santiago Pama, el menor de 16 años muerto en el operativo, habría sido arrastrado del lugar donde cayó. Además, demostraría que le habrían puesto un fusil sobre el cuerpo después de muerto, según el análisis de un médico forense que consultaron sobre este material.
Sobre el origen del operativo, las versiones del Ejército han apuntado a que el trabajo de inteligencia habría comenzado desde septiembre de 2021, seis meses atrás. La versión oficial desde el Ministerio de Defensa siempre ha sido que se trató de una acción contra, alias Bruno, y otro comandante conocido en la guerra como Managua. Ambos serían, según las autoridades, jefes del frente 48. Una fuente cercana al proceso judicial señaló que “la orden de captura contra Bruno fue emitida en octubre del año pasado”.
En la rueda de prensa del 6 de abril, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la operación militar fue legítima. “Sabíamos dónde operaban los cabecillas y la amenaza que representaban para la población”, afirma. Aun así, Bruno, el principal objetivo de la operación, no cayó en el operativo, no quedó herido y tampoco fue capturado .
Sin embargo, sobre quién abrió fuego primero, los testimonios de los habitantes del Alto Remanso coinciden en que habría sido el Ejército el que, desde las montañas en la parte trasera del caserío habrían hecho tres disparos. Esta versión se complementa con la que nos entregó una fuente del Ministerio, en la que se señala que cuando observan a tres hombres armados que intentan montarse a una lancha, las fuerzas especiales piden permiso para “lanzar el operativo y atacan”. Esta versión no coincide con las declaraciones dadas el pasado 12 de abril por el general Correa sobre este mismo asunto en Caracol Radio, cuando negó que el Ejército hubiese comenzado el enfrentamiento.
Esclarecer quién fue el primero en disparar es clave para la investigación, como lo explicó en este artículo el abogado Antonio Varón Mejía, profesor de la Universidad del Rosario y experto en Derecho Internacional Humanitario (DIH).
“Allí entra en juego el principio de distinción, que se puede volver difuso, porque acá no está claro si se debió aplicar el DIH, pues este grupo no está reconocido como actor del conflicto armado. Entonces, no es claro si sería legítimo volverlo objetivo militar”.
Sobre este asunto, el general Zapateiro, por ejemplo, aseguró que los militares tuvieron “clarísimo” el principio de distinción de cada “blanco” que resultó muerto en las operaciones. Esa es otra de las grandes contradicciones que hay entre las versiones oficiales y los testimonios de la comunidad.
El señalamiento de que las 11 personas muertas en el operativo eran integrantes o combatientes de los Comandos de la Frontera es uno de los asuntos que más dudas ha levantado. En los prontuarios de los muertos se especifican los “alias” de cada persona y las razones para su vinculación a la estructura ilegal. En muchos de ellos, la única observación vinculante son testimonios de militares durante ese operativo.
Uno de los casos que más llama la atención es el prontuario de Brayan Santiago Pama, el menor de 16 años, cuya única información registrada es “personal comprometido en la operación militar manifiesta observar durante el desarrollo de la maniobra a esta persona portando arma larga realizando desplazamiento en posición de combate en dirección hacia la tropa”. No hay registro, en este documento, de ningún otro tipo de antecedente identificado por la inteligencia militar para señalarlo de pertenecer al grupo armado.
En ese listado también aparece Pablo Panduro Coquinche, el gobernador indígena del resguardo kichwa del Bajo Remanso, a quien le llamaban de cariño en la comunidad Pantalón, pero que el Ejército asegura que ese apodo sería su alias. Según el prontuario del gobernador, la única vinculación que tendrían para asegurar que engrosaba las filas de los Comandos de la Frontera sería que, personal militar en el operativo señala haberlo visto “portando arma larga y disparando hacia la tropa. Tenía fusil con mira”.
De hecho, varios testimonios de personas que lo conocieron en la comunidad rechazaron que el líder indígena perteneciera a algún grupo armado y, de hecho, aseguraron que en varios de sus proyectos en el Bajo Remanso habría liderado procesos para mantener a la población civil al margen de los grupos armados.
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La investigación periodística tuvo fuertes implicaciones en la opinión pública, pero también en los reporteros que hicieron la denuncia, pues han recibido una serie de hostigamientos a través de redes sociales. En una misiva de cinco páginas remitida a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), los seis reporteros de Voragine, Cambio y El Espectador alertaron sobre esta irregular situación.
Y en cuanto al impacto político, el ministro de Defensa, Diego Molano, afrontará el segundo debate de moción de censura desde que asumió el cargo el 1 de febrero del año pasado. El nuevo intento por cuestionar y censurar el proceder de Molano se realizará por las anomalías que se presentaron en el operativo del pasado 28 de marzo. El primer intento se realizó en mayo de 2021 por cuenta de la respuesta de la Fuerza Pública, excesiva según organizaciones de derechos humanos, durante el estallido social.
Molano, quinto ministro de Iván Duque y tercer ministro de Defensa de este gobierno al que le tramitan moción de censura, deberá responder ante la plenaria de la Cámara de Representantes por los hechos y testimonios que relataron instituciones y organizaciones de derechos humanos sobre la operación. Desde el primer momento, el ministro de Defensa ha señalado que el ataque se hizo contra las disidencias de las Farc y no contra campesinos de la zona, como han venido denunciando diferentes instituciones y organizaciones. De hecho, la primera reacción de Molano fue afirmar que el operativo militar “no fue contra inocentes indígenas, sino narco-cocaleros”.
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