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El próximo lunes 21 de septiembre, exintegrantes del último Secretariado de las Farc comenzarán a cumplir la primera sentencia impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Lo harán en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito (Huila), donde ayudarán a despejar un terreno cubierto por guadua y participarán en labores de excavación relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas. La jornada marcará el paso más esperado y difícil de la justicia transicional: demostrar que sus sanciones pueden traducirse en acciones concretas de reparación. Sin embargo, ese hecho sin precedentes en la historia judicial del país ocurrirá en medio de cuestionamientos de víctimas que no se sienten representadas en ese primer paso.
El desacuerdo es de fondo. Varias víctimas acreditadas en el caso de secuestro sostienen que no participaron en el diseño de la actividad, cuestionan que los antiguos comandantes intervengan en un lugar con una carga simbólica tan profunda y advierten que ni siquiera existe certeza de que los cuerpos eventualmente encontrados correspondan a desaparecidos por las Farc. La JEP, en cambio, dice que el proyecto fue construido durante años con víctimas y sus representantes, y que la elección de ese cementerio obedece a razones técnicas, operativas y restaurativas. En medio de las voces de rechazo y de la postura institucional de que es imposible tener a todas las víctimas contentas, la JEP sabe que con este paso se juega su legitimidad.
Esta disputa convierte la jornada de Pitalito en algo más que el comienzo de esos trabajos restaurativos. Será la prueba de fuego del modelo de sanciones creado por el Acuerdo de Paz, en el que no se envía a prisión a quienes reconocieron su responsabilidad, sino que les impone restricciones de derechos y libertades y los obliga a ejecutar obras para reparar el daño. Y ese examen llega en uno de los momentos más difíciles para la JEP. Mientras se prepara para ejecutar su primera sentencia contra las Farc, la jurisdicción enfrenta una reducción presupuestal que, en palabras de su presidente, Alejandro Ramelli, es sinónimo del fin de la JEP y de un diálogo, hasta ahora imposible, con el presidente Abelardo de la Espriella y su gobierno.
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El desacuerdo que rodea la primera sanción
En medio de esas presiones, el resultado de la primera sanción será observado como una medida de la capacidad de la JEP y de la viabilidad de su modelo. El punto de partida será este lunes en Pitalito, a donde llegarán Rodrigo Londoño Echeverri, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pastor Alape Lascarro y Rodrigo Granda Escobar, cinco de los siete miembros del Secretariado que ya fueron condenados. Los términos de ese encuentro se terminaron de ajustar el miércoles de la semana pasada, en una reunión entre la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), representantes de víctimas y entidades involucradas en el cumplimiento de las sanciones.
Allí se informó que los antiguos integrantes del Secretariado participarán en la adecuación del terreno y en las excavaciones. La UBPD conservará la dirección técnica y asumirá cualquier trabajo forense que resulte necesario. La intervención será exploratoria: hasta ahora no existe certeza de que allí haya cuerpos ni se conoce a quiénes podrían corresponder. Esa incertidumbre es uno de los puntos que más inquieta a quienes cuestionan el proyecto. Tras la reunión quedaron más preguntas que respuestas, según las víctimas consultadas. Una de ellas se refiere a los cuerpos que eventualmente podrían aparecer y a la relación que tendrían con el caso de secuestro.
“Quizás son desaparecidos que murieron en casos de ejecuciones extrajudiciales o incluso por una extorsión. Por eso, no está claro cuál es la reparación a las víctimas de la sentencia”, afirmó Andrés Felipe Gutiérrez, coordinador jurídico de la Fundación para el Desarrollo Humano (Funipsi). La organización representa a víctimas acreditadas ante la JEP y fue convocada para participar en la intervención prevista para el próximo 21 de septiembre en Pitalito. Gutiérrez también cuestionó que no se haya explicado suficientemente por qué fue escogido el cementerio de Pitalito y no un lugar sobre el cual los antiguos comandantes tengan información concreta acerca de desaparecidos.
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Una fuente de la JEP conocedora del proceso expresó una duda similar: “El país sabe que esa exguerrilla no usó cementerios como sitio de inhumación de sus víctimas. Eso fue una práctica mucho más generalizada en casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército”. Aunque la información que sustenta la decisión tiene reserva, las víctimas reclaman conocer al menos las razones que conectan esta intervención con los crímenes de la sentencia de secuestro. La inconformidad también se relaciona con la llegada de los antiguos comandantes a una región afectada por el conflicto armado. Una fuente que acompaña a familias buscadoras en Huila aseguró que en Pitalito existe temor y que la comunidad no fue consultada sobre su presencia.
“No sacamos nada viendo que las extintas Farc vengan a mostrarse. Ese no es el proceso. Además, sentimos que han dejado de aportar información”, señaló. Para Gutiérrez, antes de intervenir el camposanto, deben precisarse el papel de las víctimas, las condiciones de seguridad y el propósito restaurativo. Su reclamo es que las decisiones no se adopten desde Bogotá sin considerar el territorio. Amalfi Quintero Medina, víctima e integrante del colectivo de comerciantes y conductores del Huila acreditado ante la JEP, afirma que el desacuerdo no equivale a rechazar cualquier forma de justicia restaurativa. Su reparo se concentra en una actividad que, según dice, nunca fue concertada con quienes padecieron los crímenes.
“Siempre fuimos muy insistentes ante el Tribunal de Paz en que nos tuvieran en cuenta para las sanciones. Pero nunca lo hicieron”, sostuvo. Quintero teme, además, que la búsqueda termine vinculada con personas muertas en combate y no con víctimas de secuestro. Para ella, presentar este evento como reparación profundiza la sensación de impunidad. Este fin de semana, las víctimas que no quieren que la JEP avance en este proyecto le enviarán una carta a los magistrados para que frenen la actividad. Pero ese encuentro lleva meses de planeación, con un componente de seguridad sin precedentes, pues es claro el riesgo que representa la presencia de estos firmantes del Acuerdo en un territorio todavía golpeado por la guerra.
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Las dimensiones del secuestro
El secuestro cometido por las Farc no fue una suma de episodios aislados, sino una práctica planificada y de alcance nacional. La JEP documentó 21.396 hechos y, para agosto de 2025, registraba 4.212 víctimas acreditadas. La antigua guerrilla secuestró civiles para financiarse, retuvo a militares, policías y dirigentes para presionar intercambios, y privó de la libertad a pobladores como mecanismo de control territorial. La práctica fue ejecutada de forma sistemática por bloques y frentes en todo el territorio nacional. Durante los cautiverios también ocurrieron homicidios, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, esclavitud, desplazamientos y daños prolongados sobre familias y comunidades enteras.
La magnitud del secuestro en Colombia desborda las cifras del Caso 01. Según la Comisión de la Verdad, se estima que entre 1990 y 2018 hubo más de 50.770 víctimas, y que en el 40 % de los casos la responsabilidad fue atribuida a las Farc. Detrás del dato hubo personas sometidas durante meses o años a encierros, cadenas, enfermedades, amenazas y aislamiento, así como familias obligadas a negociar, buscar dinero o esperar noticias que nunca llegaron. El secuestro alteró negociaciones de paz, provocó movilizaciones y mantuvo al país pendiente de liberaciones, rescates y pruebas de supervivencia. Su juzgamiento tiene, por eso, una dimensión colectiva.
En este contexto, la ejecución de la sentencia trasciende el plano judicial y pondrá a prueba una de las promesas del Acuerdo de Paz. La JEP impuso al último Secretariado entre siete y ocho años de sanción propia, con restricciones efectivas de derechos y libertades y trabajos de memoria, búsqueda de desaparecidos, restauración ambiental y acción contra minas antipersonal. Su cumplimiento deberá ser continuo, verificable y sometido a monitoreo. Por eso, la ejecución determinará si la verdad reconocida se convierte en reparación, dignificación y garantías de no repetición. También mostrará si este modelo puede responder a crímenes masivos y contribuir a la paz sin convertir las sanciones en promesas simbólicas.
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La respuesta de la JEP
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, aseguró que la actividad en Pitalito forma parte del proyecto restaurativo de búsqueda de personas desaparecidas, desarrollado conjuntamente con la UBPD. Según el magistrado, la iniciativa se ha socializado con las víctimas desde 2023 mediante una estrategia orientada a fortalecer su potencial reparador y evitar la revictimización. “Puede afirmarse que este proyecto fue ampliamente conocido y construido con la participación de víctimas y sus representantes”, señaló. Ramelli agregó que la jornada del lunes es apenas la primera actividad de una sanción cuyo cumplimiento se extenderá durante años y que contempla otros escenarios para que las víctimas intervengan en su ejecución.
Además, el presidente de la JEP indicó que en Huila hay 14 personas desaparecidas relacionadas con los hechos sancionados en la sentencia y cuyos familiares están acreditados ante la JEP. Por eso, sostuvo que las acciones de búsqueda en el departamento son relevantes para reparar el daño causado por el Secretariado. Sobre la elección del cementerio, explicó que respondió a criterios de viabilidad técnica, oportunidad operativa y pertinencia restaurativa. La UBPD ya ha realizado cinco intervenciones allí, con resultados positivos y participación de comparecientes de la fuerza pública. Esas condiciones logísticas, afirmó, permitían comenzar la ejecución de las sanciones y responder a víctimas que habían pedido acciones restaurativas concretas.
Frente a las críticas, Ramelli recordó que la UBPD, por mandato legal, define los lugares, las fechas y las actividades necesarias para realizar las intervenciones humanitarias. Añadió que la participación de los antiguos comandantes constituye un apoyo a las tareas de búsqueda y hace parte de la línea restaurativa ordenada por la sentencia. Según la JEP, el trabajo conjunto entre comparecientes de las Farc y de la fuerza pública puede abrir un espacio de reconciliación entre quienes estuvieron enfrentados durante décadas. Esa posibilidad, sin embargo, dependerá de los resultados, de la información que aporten los sancionados y del reconocimiento que las víctimas puedan encontrar en el proceso.
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“Las labores de prospección y recuperación adelantadas por la UBPD recaen sobre cuerpos no identificados o personas desaparecidas asociadas al conflicto, precisamente porque su identidad o las circunstancias que específicamente rodearon su muerte aún no han sido establecidas. Por esta razón, las actividades que desarrollan conjuntamente comparecientes sancionados y máximos responsables tienen como propósito apoyar la misión humanitaria de búsqueda y contribuir a la identificación de personas desaparecidas. (…) Las imputaciones a los integrantes del Secretariado, en relación con la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes, son de carácter nacional, lo cual involucra al Huila”, puntualizó Ramelli.
Y agregó: “La intervención de los máximos responsables tiene carácter restaurativo, y busca contribuir al cumplimiento de una misión humanitaria orientada a satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado en el departamento de Huila. Finalmente, debe destacarse que el trabajo entre comparecientes de las Farc y de la fuerza pública en el cementerio San Antonio de Padua se convierte también en un espacio de reconciliación. Allí, quienes durante décadas estuvieron enfrentados en el marco del conflicto armado, trabajarán de manera conjunta para contribuir a la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas”.
La distancia entre lo que la JEP proyecta y lo que las víctimas inconformes esperan marcará el inicio de las sanciones. Para la jurisdicción, Pitalito ofrece las condiciones para poner en marcha una tarea humanitaria y así materializar la justicia restaurativa. Para quienes cuestionan la intervención, todavía falta explicar a quién reparará, cómo fueron incorporadas sus observaciones y qué vínculo existe entre el cementerio y los secuestros juzgados. Así, este lunes no comenzará solamente una exploración en un camposanto. También empezará a medirse si el modelo puede convertir el reconocimiento de responsabilidad en una reparación que las víctimas consideren real, participativa y vinculada con los daños padecidos. Colombia y el mundo están atentos.
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antonio(7747)•20 de septiembre de 2026 – 14:37Me borraron mi comentario porque llamé a los de la foto sesuestradores-asesinos y violadores de menores. Sin vulgaridades
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humberto jaramillo(12832)•20 de septiembre de 2026 – 10:04… y es que alguien esperaba que hubiera unanimidad cuando se habla de una justicia especial que era buscando que los que estaban echando bala se acogieran a una dejación de las armas y dejaran de matar y extorsionar, muchomenos ahora con un presidente que es abogado penalista que solo piensa en la justicia como sanción. ¿qué ganan las víctimas con que tengan en la carcel, durmiendo, comiendo y saludables a unos criminales arrepentidos a costa del presupuesto de la nación?