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Un borrador de decreto que plantea regular la protesta social, otro que busca censar a las guardias indígenas y el reencauche de un software de escucha digital son parte de las primeras pinceladas de la política de supervisión estatal y de datos planteada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella. Es una ruta que muestra el nivel de detalle con el que la Casa de Nariño quiere determinar la percepción que se tiene sobre su gestión en las calles y en el universo digital.
Este cóctel se sirve desde Presidencia para que el jefe de Estado le demuestre a su electorado que sí cumple con las promesas de campaña. De ahí que se delineen cambios en la forma de tratar manifestaciones –al determinar que la Policía las acompañe a una distancia mínima de cuatro metros– y que el Ejecutivo conozca a detalle la ubicación de las guardias indígenas a través de un censo. El otro punto clave está en la herramienta que le permitirá monitorear el debate político que se da en redes; este es un campo que conoce a la perfección, pues lo usó para elegirse.
Estas decisiones también pavimentan la vía por la que tendrán que correr los candidatos que quieran medirse en la maratón electoral para las regionales de 2027. Un camino en el que ya hay un Gobierno planteando un control más preciso sobre los eventos de protesta, que crecieron de 1.427 en 2022 a 4.039 en 2025 –según cifras de la Defensoría citadas por el Ministerio del Interior–, y donde además se encuentra con una oposición que usará las calles para impulsar su agenda electoral.
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El primer punto de esta estrategia arrancó con un borrador de decreto del Ministerio del Interior de Rodrigo Lara, que establece una nueva regulación sobre cómo atender las manifestaciones. Esto incluye un acompañamiento permanente de la Policía, la individualización de personas si existen indicios de hostigamientos violentos y porte de armas o explosivos, el uso de la fuerza disuasoria a pesar de mantener los escenarios de diálogo como prioridad, además de la obligatoriedad de hacer balances públicos al final de las protestas.
El Ejecutivo aseguró que el proyecto es respetuoso del derecho constitucional a la manifestación pacífica y que ha cumplido con todo el proceso de consulta que se exige. Y de paso dejó claro que no se acepta ni la violencia ni los ataques contra la infraestructura pública. Lara dijo que Colombia es garantista en torno a las marchas, pues se pueden iniciar protestas sin avisar a las autoridades, mientras que, agregó, en países como Francia, España, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos se debe notificar varios días antes para evitar que sean disueltas sin mediación.
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Para Germán Rodríguez, senador de Salvación Nacional, estos lineamientos tienen un objetivo particular. “La intención es que no se vuelvan a cometer los actos terroristas como los que sucedieron en la toma terrorista de la primera línea o el mal llamado estallido social”, le dijo a El Espectador.
Todo esto se hace a través de una modificación al Decreto 003 de 2021 que se expidió en la administración de Iván Duque, en el que se establecieron los protocolos que dan sustento jurídico al “Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana”. Allí se definen conductas que justifican una reacción policial.
Desde el Gobierno, la discusión gira en torno a cómo esta regulación ayudará a proteger a las poblaciones que se verían afectadas cuando las protestas se salen de control. Desde la cartera de Lara buscan un equilibrio entre el derecho a la manifestación y las garantías para quienes no protestan: “Nunca más se va a repetir ese espectáculo dantesco de ver a centenares de bogotanos caminando durante horas bajo la lluvia porque unos desadaptados bloqueen TransMilenio. Aquí no aceptamos combinación de formas de lucha, no aceptamos debate democrático con lucha en las calles”.
Esto va en la misma línea de lo que prometió De la Espriella en campaña cuando aseguró que “el derecho a la protesta tiene límites establecidos en la Ley y no me tiembla la mano para aplicarlos. No más vagabundería disfrazada de protesta social. No puede ser que tres peludos encapuchados paralicen a Bogotá, bloqueen el transporte y secuestren edificio”.
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Esta línea de control sobre la movilización es una muestra del “cumplimiento de la palabra” a tan solo dos meses de haber llegado al poder. Una ruta que pavimentó desde una alocución presidencial, el pasado 13 de septiembre, en la que señaló que este tipo de medidas no implica que se toque la autonomía universitaria o se violen los derechos a la protesta, sino que se quiere que la Policía sea la primera en actuar cuando se esté ante escenarios de vandalización que deriven en “terrorismo urbano”.
A esa visión se quiere sumar la posibilidad de militarizar la capital colombiana. Se trata de una medida que presentó el representante José Jaime Uscátegui (Centro Democrático), quien solicitó un despliegue de uniformados en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa. Sin embargo, estas medidas aún no han sido consideradas ni por el Gobierno ni por el alcalde Carlos Fernando Galán.
Algunos de los mensajes están especialmente orientados a regiones en disputa por el poder local, como es precisamente Bogotá. La diferencia en esta ciudad entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda –en la segunda vuelta del 21 de junio– fue solo de 302.271 votos a favor del entonces candidato del Pacto Histórico.
Para sectores oficialistas mostrar “mano dura” en la capital podría abrirles paso hacia el Palacio del Liévano, ya que el país entró en una campaña anticipada en la que la izquierda vuelve a las calles para fortalecer su oposición, construye puentes con sectores de centro para definir un candidato único y así evitar que el poder de De la Espriella se esparza con más fuerza a las regiones en octubre próximo. El Gobierno sabe que el verdadero termómetro de sus acciones serán esas elecciones, durante las cuales Defensores de la Patria –su partido– debutará en una eventual fusión con Salvación Nacional y Creemos para luchar contra un Centro Democrático fraccionado que aún mantiene su poder.
Por otro lado, desde el Pacto Histórico ven con preocupación el inicio de estas regulaciones. Uno de sus representantes a la Cámara por Bogotá, Heráclito Landínez, aseveró que estas acciones muestran a un gobierno que “quiere volver a las épocas de la represión”. Además, prendió las alertas por el proyecto de decreto que plantea la creación de un sistema de información sobre guardias indígenas.
“Pretenden censar o empadronar a las guardias indígenas, cuando hacen parte de la organización social y cultural de estas comunidades”, le dijo a El Espectador. Y agregó que al recopilar este tipo de datos se termina “por perfilar liderazgos sociales; en otras épocas esto se ha hecho, poniendo en riesgo la vida de los líderes indígenas. Creo que desde el Estado no se debe promover eso”.
No obstante, el proyecto de decreto –que al igual que el de protestas estará abierto a comentarios públicos hasta este domingo– establece un sondeo netamente informativo, con el que se pretende “recoger información sobre una institución que existe por decisión de la comunidad”, sobre el pueblo al que pertenece la guardia, el territorio en el que actúa y su número de integrantes. La Casa de Nariño aseguró que el país no sabe el número exacto de guardias indígenas existentes.
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Un punto que no pretende el Ejecutivo es conocer a detalle quiénes integran estas organizaciones, pues su prioridad es lograr una articulación de datos con la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad de Víctimas, las gobernaciones y las alcaldías. La información quedará en manos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM).
Y para construir un ambiente de seguridad frente a esta información, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Jorge Ernesto Roa Roa, se reunió en La Giralda con la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) para mostrar los alcances del decreto. Además, el ministro Lara comentó que el registro “protege a la guardia y a la comunidad: deja constancia de quién la orienta, dónde actúa y con qué alcance, para que no cualquiera hable en su nombre. No la crea, no la autoriza y no la certifica. La decisión sigue siendo de la comunidad”.
Pero dentro de las comunidades indígenas continúa el escepticismo frente al sistema de información, pues algunos sectores lo consideran una forma con la que “el Gobierno Nacional pretende implementar para afectar y desmantelar a la guardia indígena”. Así lo hizo saber el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
“Este tipo de acciones que plantea el Gobierno generan un riesgo latente; dicha información podrá convertirse en un mecanismo de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización de quienes ejercen legítimamente acciones de defensa territorial y comunitaria”, señaló en un comunicado.
Las preocupaciones de estos sectores ocurren cuando la población indígena se convirtió en un actor principal de la izquierda. Durante el gobierno de Gustavo Petro, estas comunidades tuvieron un papel clave en el Estado, como contó El Espectador, ya que en los primeros tres meses de 2026 el CRIC firmó por lo menos seis contratos centrados, principalmente, en materia de seguridad y restauración vial. Sin contar que la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico fue Aida Quilcué, una mayora indígena que salió de minga con varias guardias para impulsar su campaña.
Pero ahora están alejadas del poder. El Gobierno ha intentado construir puentes con estas organizaciones al punto de reunirse con algunos de sus voceros en la sede alterna de la presidencia en Barranquilla, el pasado 16 de septiembre. Desde allí, el ministro del Interior aseguró que detectaron posibles irregularidades en los asuntos indígenas “con mínima o prácticamente ninguna trazabilidad”. Lara advirtió que no había seguimiento estricto a la ejecución de los recursos, razón por la que señaló que podría haber más de COP 350.000 millones en transferencias de este tipo y que habrían servido para movilizaciones de mingas en la anterior administración.
A pesar de esto, algunas de las reacciones al decreto muestran un distanciamiento entre el Ejecutivo y las comunidades indígenas que viene desde la campaña, cuando el entonces candidato dijo que aceptaría manifestaciones de estas y otras comunidades con una salvedad clara: “Bloqueando vías, no; ni destruyendo la infraestructura, ni haciendo desmanes, ni creando el caos. Los indígenas deberían pensar que una cosa es meterse a bloquear la carretera sin el tigre y otra con el tigre en el poder, porque yo soy de los tigres que rugen y que muerden”.
Los plantones de estas comunidades se han visto en lugares como el Parque Nacional en Bogotá o en la Vía Panamericana en el suroccidente del país. Y han utilizado el bloqueo en vías rurales para exigir sus derechos. Las comunidades temen que este repositorio de información se convierta en una forma de identificar los puntos de localización de ciertas comunidades para atajar las movilizaciones en sus puntos de influencia.
Así lo hizo saber la representante Aida Quilcué, quien señaló que estos censos servirían para “identificar y georreferenciar a las y los integrantes de la Guardia Indígena que vulnera su seguridad y pone sus vidas en grave peligro”. Dijo que esto se da en medio de los preparativos de una Cumbre Indígena, que se realizará en Monterilla en la semana del 11 de octubre, y además coincide con la primera ola de manifestaciones contra el Gobierno que se citó para el 14 de este mes.
A la intención de supervisar el territorio y los datos de ciertas poblaciones se suma una herramienta de escucha digital utilizada por la administración Petro para conocer su percepción en redes sociales. Se trata del software “Talkwalker”, que pretende “analizar y gestionar la presencia y percepción de la ciudadanía, de los medios y las redes sociales, respecto a la Presidencia de la República y el Gobierno Nacional”.
Al menos así lo deja ver un proceso contractual del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que cerró el 28 de septiembre, en el cual participaron solo dos empresas: BotSolutionsGroup y Fabricación Ingeniería y Montajes. La primera ya ganó el contrato de 2025 para la misma tarea; en ese momento todo se tasó en COP 206 millones. La firma ha tenido contratos de software con otras entidades como la Fiscalía, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el Ministerio de Comercio, la Superintendencia Financiera, entre otras. Mientras que la segunda no ha tenido contratos con el Estado de este tipo y aparece en cinco procesos de cotización, en los mismos en que también se presentó BotSolutionsGroup.
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Este tipo de herramientas ya fue usado en el pasado por los gobiernos de turno. Desde que Iván Duque estaba en el poder, se compraron softwares para monitorear medios internacionales, blogs y redes sociales a través del sistema DALET, de Global Technology Services.
Y sea cual sea la que se quede con el contrato de monitoreo, se encargará de medir las opiniones de la ciudadanía frente a las decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella en redes y medios de comunicación a partir de analizar menciones y tendencias para lograr una medición de las emociones que genera esta administración.
Los funcionarios de este Gobierno no son nuevos en esta forma de conocer los datos, pues desde la campaña utilizaron herramientas parecidas para tomar decisiones que los encaminaron hacia la Casa de Nariño. Ahora esperan poder usarlas para evitar crisis en un modelo de administración hermética y que no quiere dejar cabos sueltos.
57 días en el poder –que se completaron este sábado– le bastaron a De la Espriella para construir una serie de bases que le ayudarán a monitorear al país desde el Estado, tal como lo prometió en su campaña. De hecho, esto explica en parte por qué la derecha regresó al poder.
Al supervisar de mejor manera la oposición física a sus políticas y conocer a detalle su percepción digital, no solo puede reorientar sus decisiones para cumplir sus promesas, sino trazar un mejor camino hacia las elecciones de 2027. En ese año es cuando su partido se jugará por primera vez en las canchas regionales con una izquierda que no desaprovechará estas intenciones de supervisar el Estado para hacer su campaña.
57 días en el poder le bastaron a De la Espriella para construir una serie de bases que le ayudarán a monitorear al país desde el Estado, tal como lo prometió en su campaña. De hecho, esto explica en parte por qué la derecha regresó al poder.
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Por Nicolás Torres García
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cesarc655(66636)•Hace 2 horasPetro demostró que la violencia en las manifestaciones obedecen a las infiltraciones que desde el Estado se hacen a estás para justificar la represión que facilite romper el Estado Social de derecho por los esclavistas gobernantes de turno. Son agentes de Estado que lanzan la primera piedra. Con un gobierno que amenaza en destripar la izquierda, con un sometimiento religioso como la santa inquisición y asesinar y no aprehender ningún censo es confiable, menos cuando usa granjas de bots.