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La frontera entre Colombia y Ecuador atraviesa una crisis humanitaria y de seguridad que, lejos de ceder, se ha profundizado. Así lo concluye una misión de monitoreo realizada por las Defensorías del Pueblo de ambos países en el corredor Ipiales–Tulcán, con énfasis en el paso de Rumichaca. El estudio también tuvo acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
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Según el informe, las alertas que las dos instituciones habían emitido antes se mantienen y se agravaron. Entre los riesgos documentados se encuentran las extorsiones, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la violencia física y sexual, la explotación laboral y el reclutamiento de personas por parte de grupos armados. A esto se suman las barreras para acceder a salud, educación, alojamiento, ayuda humanitaria, regularización migratoria y mecanismos de protección.
El estudio se basó, entre otras fuentes, en 59 entrevistas directas con personas en movilidad: el 89,8 % en Ipiales y el 10,2 % en Carchi, Ecuador. De ellas, el 42,4 % dijo haber sufrido discriminación, el 32,2 % robos, el 23,7 % extorsión y el 13,6 % ataques físicos. La nacionalidad fue el principal motivo de discriminación reportado.
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Por otro lado, grupos armados fueron señalados como los principales presuntos responsables de varias formas de violencia directa. La misión constató que estructuras armadas y redes criminales se disputan corredores estratégicos para el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, la trata de personas y el tráfico de migrantes, lo que afecta tanto a los migrantes como a las comunidades fronterizas.
En la región hay presencia de varias estructuras armadas que se disputan las rutas del narcotráfico y la minería ilegal. Entre ellas se encuentran los Comandos de la Frontera, las disidencias de las Farc de los frentes Carolina Ramírez y Raúl Reyes, Comuneros del Sur, las Autodefensas Unidas de Nariño, el frente Oliver Sinisterra y el frente Iván Ríos, de las disidencias de alias “Mordisco”.
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La Defensoría alerta que los riesgos son mayores en zonas rurales y pasos no autorizados, donde la presencia del Estado es más débil. La minería ilegal, sobre todo cerca de comunidades indígenas, ha aumentado la conflictividad y los daños ambientales, y contribuye a financiar a las organizaciones criminales.
Otro hallazgo central es la caída de los recursos de cooperación internacional para atención humanitaria. En Ipiales, actores consultados indicaron que se pasó de unos 25 cooperantes en 2024 a cerca de cinco en 2026. Esto ha debilitado a los albergues y centros de atención, que enfrentan dificultades para garantizar alimentación, alojamiento, orientación jurídica y servicios básicos.
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La situación preocupa especialmente en el caso de la niñez: el 40 % de las personas alojadas en el primer semestre de 2026 en uno de los servicios humanitarios identificados eran niños, niñas y adolescentes. Las Defensorías advirtieron que la garantía de derechos de la población migrante no puede depender de forma estructural de la cooperación internacional y pidieron a los Estados asumir esos servicios con presupuesto propio.
El monitoreo identificó cinco grupos especialmente vulnerables: víctimas del conflicto armado; niños, niñas y adolescentes que se mueven con sus familias; mujeres víctimas de violencias basadas en género; hombres que viajan solos; y menores no acompañados o separados de sus familias.
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Pese a la violencia sufrida, el 75 % de los consultados no presentó ninguna denuncia o queja. La brecha, según el informe, limita la capacidad de las autoridades para investigar y contribuye al subregistro de delitos y abusos contra los migrantes. También se identificó como obstáculo que parte de la oferta institucional esté centralizada en Pasto, mientras la presión migratoria y humanitaria se concentra en Ipiales y Rumichaca.
Las Defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador pidieron una respuesta estatal binacional, coordinada y multidimensional, que combine las acciones de seguridad con políticas sociales, humanitarias y de desarrollo. Entre las medidas planteadas, insisten en reforzar la lucha contra las redes de trata y tráfico de migrantes, pero sin criminalizar la movilidad humana, y en crear mecanismos binacionales más flexibles de regularización y protección para las comunidades que constantemente cruzan la frontera.
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