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Este martes 6 de octubre, la Defensoría del Pueblo presentó un informe en el que explora un tema del poco se habla en el país: la situación de salud mental de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Pacífico colombiano.
El análisis, que comprendió municipios de Chocó, del Pacífico medio —donde está Buenaventura y López de Micay— y del Pacífico nariñense —como Tumaco o El Charco—, buscaba entender mejor cuáles son esos “determinantes sociales” que están detrás de una situación que suele ser un tema difícil de plantear: el suicidio en esa población joven, perteneciente, en su mayoría, a pueblos étnicos.
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Para llevar a cabo la investigación, el equipo de la Defensoría revisó la literatura disponible; recopiló información documental y estadística entre 2021 y 2025, y llevó a cabo grupos focales en los que participaron 112 niñas, niños y adolescentes y 33 jóvenes, para explorar por las experiencias sobre salud mental emociones y violencias. Además, hizo entrevistas semiestructuradas con organizaciones sociales étnicas y con personas expertas.
Las cifras que recogió la Defensoría muestran que de los 609 intentos de suicidios que hubo en Chocó entre 2021 y 2025, el 74 % fueron de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) y estuvieron concentrados, principalmente, en la población afrocolombiana (249) e indígena (133). Mientras que en el primer año de análisis se presentaron 55 intentos, el año pasado hubo 123. En el período se registraron, además, 39 suicidios.
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En el Pacífico nariñense, el panorama es similar. De los 909 intentos de suicidio que se presentaron en esa región, el 72 % se concentró en los NNAJ. Son cifras que también han ido creciendo con los años: en el 2021 hubo 116 intentos de suicidio y en el 2025 se registraron 163. En ese lapso hubo 51 suicidios consumados.
En el Pacífico medio la situación es un poco diferente: mientras que hubo 66 intentos de suicidio en los NNAJ durante el 2021 y luego alcanzaron un pico de 119 en 2023, el año pasado esa cifra disminuyó a 65. Sin embargo, de todos los intentos que hubo en esa subregión (575), la mayoría (74 %) se presentó en la población más joven. En los cinco años analizados se registraron 32 suicidios en ese grupo.
Detrás de todos esos datos, advierte la Defensoría, hay una serie de condiciones particulares que están incidiendo de manera directa en la vida de los NNAJ y en el deterioro de su salud mental. Porque si en algo en lo que es enfática la entidad es que la salud mental no puede verse, únicamente, como un asunto individual sino como una “trayectoria dinámica, histórica y socialmente determinada”, en el que hay factores que operan en varios niveles.
Hay, explica, un nivel estructural que incluye desigualdades socioeconómicas, discriminación, racismo, sexismo, las violencias basadas en género o violencia armada; otro intermedio, en el que están presentes entornos como la escuela, la universidad, los territorios de la ruralidad, el barrio, la comunidad o los servicios de salud; uno más (el relacional), que incluye vínculos familiares, comunitarios o redes de apoyo; y otro individual en el que entran en juego los proceso emocionales, cognitivos y conductuales.
Dicho en las palabras de la Defensoría, “el análisis de la conducta suicida en NNAJ de los pueblos étnicos no puede desvincularse de las condiciones territoriales en las que se desarrollan sus trayectorias de vida, pues los territorios condensan desigualdades históricas, dinámicas de exclusión, violencias y disputas estructurales”. Y en Pacífico, agrega, “estas condiciones adquieren una especial gravedad debido a la convergencia de pobreza multidimensional, abandono estatal, conflicto armado, economías ilegales, racismo estructural y afectaciones ambientales que impactan de manera desproporcionada a las comunidades étnicas”.
De hecho, la investigación detalla cuáles son esos determinantes que están deteriorando la salud mental de los NNAJ. Por un lado, hay una “discriminación étnica y racial”, que es un factor estructrual que, históricamente, ha tenido que enfrentar las poblaciones étnicas de esa región.
El otro elemento que subyace a la situación de salud mental tiene que ver con las afectaciones que ha causado el conflicto armado. “Las organizaciones indígenas entrevistadas para este informe señalan al reclutamiento forzado y los distintos hechos victimizantes derivados del conflicto armado como factores determinantes en la aparición de ideación suicida entre adolescentes y jóvenes indígenas”, se lee en un apartado del documento.
La crisis humanitaria que causan los enfrentamientos entre el ELN, las disidencias de las FARC y bandas paramilitares está generando dificultades en el bienestar de los más jóvenes, dice la Defensoría.
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Hay un par de determinantes más que están jugando un papel clave en el deterioro de la salud mental de los NNAJ: violencias basadas en género y “la pobreza estructural, la inseguridad alimentaria y precariedad de la vida cotidiana”.
Uno de los testimonios que recogió la entidad resume esta última dificultad: “si hay desayuno, no hay almuerzo; si hay almuerzo, no hay comida, lo cual traduce la inseguridad alimentaria en una experiencia permanente de vulnerabilidad y una fuente de estrés crónico de alta intensidad”.
Una red deficiente de servicios de salud mental
En medio de esa situación, en el Pacífico hay otra particularidad: una precaria red de prestación de servicios de salud mental. Por ejemplo, tasa de servicios de psiquiatría es de 3,3 por cada 100.000 habitantes y la de servicios de psicología es de 20,6 por cada 100.000, cuando la OCDE estima un estándar de 40 profesionales de psicología por cada 100.000 habitantes y 18 de psiquiatría.
Además, el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) “reporta 2.126 servicios para cubrir una población estimada superior a 8.6 millones de personas, lo que equivale aproximadamente a 25 servicios de salud mental por cada 100 000 habitantes”.
También hay carencias en los servicios de hospitalización para la atención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA). Solo existen 19 orientados al cuidado básico de SPA.
Según los datos recogidos por la Defensoría, hay un elemento más que reproduce las inequidades en el Pacífico de Colombia a la hora de hablar de salud mental: hay una concentración de los servicios en las capitales departamentales. En Cauca, Popayán concentra 11 de los 13 servicios de hospitalización en salud mental disponibles. En Nariño, los seis existentes están todos en Pasto. En el Valle del Cauca, seis de ocho están en Cali, y en Chocó solo hay uno en Quibdó.
“La oferta disponible en salud mental en estos territorios continúa siendo insuficiente frente a la magnitud, complejidad y particularidades territoriales de las necesidades identificadas. En los departamentos del Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca) y los municipios priorizados para este informe, persisten limitaciones de capacidad de respuesta en salud mental”, sintetiza la entidad en el informe, que lleva por título “Buen futuro en el Pacífico colombiano Estudio sobre trayectorias de salud mental y conducta suicida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.
¿Qué recomienda la Defensoría?
En el informe, la Defensoría hace varias recomendaciones a las entidades que juegan algún papel en la prevención y atención de trastornos de salud mental.
“La conducta suicida en NNAJ indígenas, negros y afrocolombianos del litoral Pacífico colombiano no puede abordarse desde respuestas exclusivamente clínicas o reactivas”, advierte. “Su prevención exige intervenir sobre condiciones estructurales de exclusión, fortalecer la capacidad institucional en los territorios y reconocer los entramados comunitarios, familiares, culturales y espirituales de cuidado que permiten avanzar hacia la garantía del derecho a un buen futuro”.
Por eso, le pide al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Salud que adopten “una estrategia intersectorial territorializada para el litoral Pacífico orientada a la garantía del derecho al buen futuro de NNAJ, que articule los sectores salud, educación, protección, deporte, cultura, ambiente y justicia, e incorpore de manera explícita el enfoque étnico-racial, de género y de curso de vida”.
Así mismo, les solicita que “creen mesa técnica de coordinación interinstitucional y seguimiento para el litoral Pacífico, con participación vinculante de NNAJ, autoridades étnico-territoriales y organizaciones”.
Al Minsalud también le recomienda “articular y financiar los sistemas propios de cuidado y sanación de los pueblos indígenas y de las comunidades negras y afrocolombianas (SISPI y equivalentes) con la red de salud mental, que garantice el respeto por la autonomía cultural; y activar una ruta territorial inmediata de respuesta frente al riesgo suicida en NNAJ”.
También le pide al Instituto Nacional de Salud (INS) que mejore “el registro, análisis y seguimiento institucional de la conducta suicida en el Pacifico”, y al ICBF y a la Unidad de Víctimas, que fortalezcan “la implementación de la medida de reparación de rehabilitación para las víctimas del conflicto armado e incorpore el componente de salud mental y psicosocial diferencial e intercultural en las medidas de atención a víctimas de reclutamiento y violencia sexual en el marco del conflicto armado en el litoral Pacífico”.
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