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Luego del ataque con arma de fuego contra dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Barranquilla (Atlántico), ocurrido en la noche del sábado 10 de octubre, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que se expresa la preocupación de la entidad por las amenazas y riesgos para la seguridad y garantías de los funcionarios penitenciarios del país.
En el comunicado, la entidad defensora de derechos humanos rechazó el atentado del que fueron víctimas los dragoneantes Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, quienes trabajan en la cárcel El Bosques, de Barranquilla, y fueron atacados por hombres armados cuando salían de su turno laboral. Los funcionarios permanecen en un centro asistencial de esa ciudad.
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"Rechazamos estos hechos, expresamos nuestra solidaridad con los dragoneantes, sus familias, compañeros y con las autoridades del Gobierno amenazadas. Estas se presentan en un contexto en el que el alto Gobierno ha adoptado medidas conducentes a garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas penitenciarias para todas las personas sometidas a privación de la libertad, las cuales han incluido traslados de centros penitenciarios de personas privadas de la libertad", se lee en el pronunciamiento.
La Defensoría del Pueblo también rechazó la denuncia hecha desde el Ministerio de Justicia sobre la circulación de amenazas en contra del presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia, Iván Cancino, el director general del Inpec, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez, y otros integrantes de la institución, en el marco de las decisiones de traslados a cárceles de máxima seguridad de integrantes de estructuras al margen de la ley.
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En ese sentido, la Defensoría del Pueblo señaló que el objetivo de las amenazas y acciones violentas como el atentado en Barranquilla "buscan condicionar las decisiones legítimas y necesarias de las autoridades". Y agregó: "Estas medidas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y en la potestad penitenciaria que ejerce el Estado: son especialmente necesarias para el control de los establecimientos de reclusión y para impedir que desde su interior se sigan cometiendo actos ilegales".
No se trata de hechos aislados. La entidad recordó que durante los últimos años el sector penitenciario y sus funcionarios en Colombia han sido objeto de una cadena de violencias permanentes. Muestra de ello es el asesinato del director de la cárcel La Modelo, de Bogotá, en mayo de 2024, y los atentados perpetrados en 2025 contra funcionarios del Inpec en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva. "Su persistencia evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección del personal penitenciario y de sus familias", indicó la Defensoría sobre esta serie de ataques.
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En esa línea, la entidad recordó que las medidas de control y seguridad penitenciaria deben ser efectivas, planificadas y deben contemplar todos los riesgos de su aplicación. La Defensoría también le puso sobre la mesa una serie de recomendaciones a las instituciones relacionadas con el sector penitenciario en Colombia, con el objetivo de ponerle freno a esta ola de violencia.
Al Ministerio de Justicia y al Inpec les sugirieron avanzar en la coordinación con la Policía, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las autoridades regionales para la construcción de un plan de protección para funcionarios penitenciarios. "Este plan debe incluir valoración individual de riesgos, medidas de protección para los servidores y sus familias dentro y fuera de los establecimientos, rutas de atención inmediata y acompañamiento psicosocial y jurídico", señaló la Defensoría del Pueblo.
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También fortalecer el plan de seguridad penitenciaria relacionado con las decisiones que se tomen sobre la ubicación y traslados de personas privadas de la libertad. "El plan debe considerar los riesgos de las personas privadas de la libertad, el impacto de los traslados, las condiciones de los establecimientos de destino y los derechos de esta población y de sus familias. También debe contar con responsables, indicadores y mecanismos de seguimiento", se lee en el pronunciamiento.
Finalmente, la entidad le pide al Inpec, a la Policía y a la Fiscalía reforzar los protocolos de seguridad a la hora de trasladar de centro penitenciario a personas privadas de la libertad e investigar con celeridad los hechos ocurridos en la noche del 10 de octubre, relacionados con el atentado a los funcionarios de la cárcel El Bosque, de Barranquilla, así como verificar la autenticidad de los panfletos amenazantes recibidos por funcionarios del gobierno y del sector penitenciario.
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