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Alguien, un gobernante, dice que no se puede exponer una pieza, que no se puede usar una palabra, que es mejor contar algo de otra forma, o no contarlo, y alguien, en una institución cultural, obedece. En Colombia, decisiones de las últimas semanas han seguido esa secuencia durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. La más visible ocurrió en el Museo Nacional, donde el pasado 30 de octubre el Ministerio de Cultura, por orden de un fallo judicial, tuvo que devolver las piezas que el Ejecutivo había pedido retirar sobre el Acuerdo de Paz, la población LGBTIQ+, las luchas feministas y la historia política del país.
El presidente De la Espriella presentó su decisión sobre el Museo como parte de una “lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo”, una corriente que, según su definición, busca transformar los fundamentos morales, culturales y sociales de Occidente para sustituirlos por un modelo basado “en colectivos, denominaciones y grupos concentrados en la promoción del relativismo moral”. Se trata de un discurso que encuentra ecos en la confrontación que, por ejemplo, los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump han planteado contra lo que consideran “woke”, que es un concepto que surgió dentro de la comunidad de raza negra en Estados Unidos y que está asociado a la idea de estar alerta ante la injusticia social.
Para Julián Sánchez González, PhD, historiador del arte y politólogo, y uno de los cofundadores de la organización Somos_Nodo (organización especializada en consultoría e incidencia en políticas culturales), lo que tienen en común esos gobiernos es la forma en que intervienen en los relatos sobre el pasado, a través de la cultura: “Si uno ve la lista de las obras que habían retirado del Museo Nacional, hay, por ejemplo, obras del Taller 4 Rojo que cuentan la crudeza de la violencia en Colombia. Entonces, una parte de esa negación de la historia es tratar de presentar una narrativa en la que esta violencia no existió de la manera en la que nosotros sabemos que existió. En Estados Unidos pasa algo similar”.
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Allí, dice, en los museos del Instituto Smithsoniano, se ha tratado de imponer una narrativa de la creación de una “sociedad pujante, que es nuestra narrativa de los puritanos que llegan al continente a civilizar. Esto deja en un lugar secundario, subsidiario, una serie de procesos de reivindicación y de recuperación muy importantes de las historias de la trata de esclavos en el continente americano”.
A esto se suman las restricciones sobre el lenguaje que, según testimonios que ha conocido, han recibido curadores y personas que han participado en exposiciones de distintos museos de esa red, entre ellos el Museo de Arte Afroamericano y el Hirshhorn, así como la Galería Nacional de Arte. En esos espacios, cuenta, las indicaciones han incluido que se evite usar términos como “feminismo”, “esclavitud” y “teoría crítica de la raza”, además de las siglas LGBTIQ+. Para Sánchez, este tipo de restricciones contribuyen a imponer una visión “monolítica, homogénea” de la historia y de la sociedad.
Michael Weintraub, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, ya había advertido la repetición de los libretos a través de un hilo publicado en su cuenta de X el 19 de octubre: “Lo que pasó en el Museo Nacional tiene un antecedente: la guerra cultural de Trump contra el Smithsonian y el Kennedy Center. Mismo enemigo: lo ‘woke’. Mismo argumento: los museos como herramienta de ‘adoctrinamiento’. Mismas herramientas: renombrar instituciones”, escribió.
El profesor de Ciencia Política se refería, entre otros cambios, al paso del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a Ministerio de Cultura y Patrimonio, anunciado por el Gobierno, y a la intención de Trump de poner su nombre al Kennedy Center. En septiembre, después de que un juez dictaminara que el nombre del mandatario no podía figurar en la fachada del centro cultural de Washington D. C., Trump ordenó su cierre.
Los libros, otro frente de la batalla cultural
La censura, advierte Laura Zarta, curadora, gestora cultural y también cofundadora de Somos_Nodo no suele presentarse con ese nombre. “Tiende a presentarse como una defensa de la verdad, como una defensa de la familia, una defensa de la patria, una defensa de la neutralidad”, explica. Esas justificaciones pueden servir para proteger dogmas religiosos, imponer determinadas ideas de moral o consolidar relatos políticos, como ha ocurrido a lo largo de la historia.
Por eso, el uso de la palabra “curaduría” en el discurso de posesión que el pasado 1 de octubre dio la directora de la Biblioteca Nacional, Julia Daza, encendió las alarmas de los funcionarios y abrió preguntas sobre qué se quiere vigilar en una institución que guarda toda la memoria de este país. Esas alertas se profundizaron porque, según dijo una fuente a este diario, Daza le planteó a un funcionario la idea de mandar a recoger algunos libros de las bibliotecas públicas. La propuesta fue leída como una posible intención de hacer censura y recordó, nuevamente, lo que ha sucedido en Estados Unidos, donde se vetaron 11.982 libros durante el curso escolar 2025-2026, la cifra más alta registrada hasta ahora, según el quinto índice anual de vetos a libros en escuelas de PEN America.
En Argentina también ha tenido lugar la disputa por los contenidos que circulan en las instituciones educativas. En noviembre de 2024, casi un año después de la llegada de Milei al poder, libros como “Cometierra”, de Dolores Reyes; “Las aventuras de la China Iron”, de Gabriela Cabezón Cámara; “Las primas”, de Aurora Venturini, y “Si no fueras tan niña”, de Sol Fantin, fueron señalados de pornográficos por sus contenidos sexuales. La vicepresidenta Victoria Villarruel escribió entonces en su cuenta de X: “Existen límites que nunca deben pasarse. ¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños! ¡¡Con los chicos NO!!”.
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Los antecedentes internacionales también han hecho que otras decisiones sobre el destino de las bibliotecas en Colombia se miren con mayor preocupación. El pasado 29 de octubre, se conocieron videos en los que varios hombres sacaban cajas y libros de la Biblioteca Marco Fidel Suárez, de la Cancillería, que funcionó durante 70 años en ese edificio. Tras las críticas que provocó el traslado, la entidad informó que los libros habían sido llevados a la casa inaugurada el 27 de julio para albergar la nueva sede de la Academia Diplomática. Sin embargo, desde la llegada de De la Espriella a la Presidencia circulan versiones sobre la posibilidad de que el inmueble vuelva a funcionar como capilla, como cuando allí había un colegio de monjas. Aunque esa posibilidad no ha sido confirmada, la idea ha suscitado cuestionamientos por el cambio de uso de un espacio en el que durante siete décadas hubo una biblioteca pública.
La disputa por el reconocimiento en América Latina
Las decisiones sobre las instituciones culturales hacen parte de una disputa histórica en América Latina sobre el reconocimiento. En ellas se acogen representaciones de la sociedad, de quiénes hacen parte de ella, de lo que producen sus miembros, de lo vivido y de sus relatos históricos, según explica a este diario la historiadora Margarita Garrido.
Las formas de reconocimientos entre quienes constituimos una sociedad son parte principal de las representaciones nacionales. Las formas de reconocimiento cambian en la historia y por supuesto –dice la historiadora–, son un campo de contienda. Para entender esa discusión, Garrido propone mirar hacia los primeros años de la República, cuando la ciudadanía estaba restringida a una parte de la población: “hombres blancos, con capacidad económica y que supieran leer y escribir. Eso dejaba por fuera a muchas personas. Esa representación parecía natural en ese momento del mundo, aunque, por supuesto, no lo era”, señala.
A mediados del siglo XIX, esa concepción comenzó a cambiar con las reformas liberales y la abolición de la esclavitud. Para la historiadora, ese periodo fue “casi que una primavera del reconocimiento” por las nuevas formas de reconocimiento y participación pues, entre otras medidas, con la Constitución de 1853 se proclamó la ciudadanía masculina universal. Aunque eso después cambió. También hubo una transformación en las formas de clasificación social que capturó extraordinariamente la representación artística. Entre 1850 y 1859, la Comisión Corográfica, por ejemplo, retrató los tipos y costumbres del país. “Ya no se establecieron las diferencias por razas, sino por oficios y regiones”, señala. Aunque aún jerárquica, esa representación incluía otros aspectos de las personas.
“Con la Regeneración (entre 1886 y 1899) hubo un momento de control al arte, especialmente una persecución enorme a la literatura, al periodismo y a la caricatura: la llamada Ley de los caballos fue una ley mordaza que causó la salida de país de varios letrados. En 1930 la República Liberal tuvo una política cultural más inclusiva de la diversidad que visibilizó costumbres, saberes y producciones culturales de diferentes regiones, con una preocupación aún un poco condescendiente, por reconocer a los demás”, afirma la historiadora.
Para Garrido, esa historia explica el lugar que deben ocupar hoy las instituciones culturales. “Los museos y la biblioteca tienen las obras, el patrimonio, es decir, la riqueza cultural del país. Son espacios donde nos vemos, nos reconocemos unos a otros, nuestras producciones y nuestras historias. Tienen que ser diversos, polifónicos, plurales. Hoy no podemos vernos excluyendo personas y comunidades. Hoy la gestión de alteridad es una gestión de iguales. El lema de la Regeneración ya no puede ser el de nosotros: una religión, una lengua, una cultura y una raza. Eso quedó atrás. Somos un pueblo diverso, multicultural. La Constitución del 91 fue el broche de oro del reconocimiento”.
En Colombia, uno de los terrenos donde se libra esa batalla por el reconocimiento es el Instituto Caro y Cuervo. El pasado 24 de octubre, El Espectador contó que funcionarios de la institución expresaron su preocupación por el futuro del Programa de Documentación de Lenguas Nativas del Instituto Caro y Cuervo y por los cambios introducidos en el Encuentro de Experiencias para el Cuidado de las Lenguas, previsto para el 17 y 18 de noviembre. Según fuentes consultadas por este diario, el director, Sergio Esteban Vélez, pidió retirar la palabra “saberes” del nombre original del encuentro porque, según les comunicó, a la ministra de Cultura, Paola Holguín, no le gusta ese término. También solicitó sustituir la línea temática “Lenguas indígenas, justicia social y reparación” por “Lenguas nativas amenazadas por el terrorismo”.
El episodio guarda cierta similitud con lo ocurrido en Argentina en enero pasado cuando se canceló una exposición que iba a reunir obras de algunos de los artistas participantes de la primera Bienal de Arte Indígena de Buenos Aires, cuya inauguración estaba prevista para el 11 de febrero. Según informó el periódico Clarín, la antropóloga Mercedes Avellaneda, integrante del comité organizador de la Bienal, calificó la decisión como un acto de “discriminación y censura”. A ella le habían informado que “por órdenes de arriba se bajaba la muestra”.
Para Zarta, las decisiones de este tipo responden a un intento de homogeneizar las expresiones culturales. Además, van en contravía de los esfuerzos que, desde los museos y otras instituciones culturales, se han hecho por borrar las fronteras entre arte y artesanía y reconocer esas formas de producción y conocimiento en un mismo nivel. En Colombia, esa intención de homogeneizar también se refleja, a su juicio, en la eliminación de la palabra “saberes” del nombre del Ministerio.
“Con esa palabra también se han nombrado los conocimientos indígenas, afrodescendientes, campesinos y populares. Eso implicó, en el gobierno anterior, una apertura para reconocer prácticas culturales que iban más allá de la producción tradicional, de lo que se entendía como arte, con A mayúscula. Sacar la palabra saberes denota una intención de que esos oficios y saberes tradicionales vuelvan a quedar en un lugar secundario”, explica.
El arte degenerado
Más allá de los antecedentes históricos sobre la disputa por la representación en Colombia, lo ocurrido en el Museo Nacional ha sido leído desde una perspectiva histórica más amplia. Cuando se conoció que las piezas habían salido de las salas del museo, surgieron comparaciones con el llamado “arte degenerado”. La historiadora Garrido señala que, si bien las comparaciones nunca son idénticas y resultan “cojas”, en el sentido básico del control estatal sobre el arte ese es un ejemplo claro.
Durante el régimen nazi, las artes y la educación se convirtieron en herramientas de propaganda ideológica que buscaban moldear los valores morales de la población. Los nazis quemaron obras, exiliaron artistas y montaron exposiciones como Entartete Kunst (“Arte Degenerado”), bajo la dirección del ministro de Propaganda Joseph Goebbels y del director de arte Adolf Ziegler, que se inauguró el 19 de julio de 1937 en Múnich. En el discurso inaugural de la muestra, Ziegler manifestó públicamente la postura oficial del régimen frente a las vanguardias artísticas: “A nuestro alrededor está el fruto monstruoso de la locura, la imprudencia, la ineptitud y la completa degeneración. Lo que ofrece esta exposición inspira horror y aversión en todos nosotros”, dijo, según se lee en un artículo de la Revista digital LAV.
La exposición reunió cerca de 650 obras confiscadas de museos alemanes y colecciones europeas, pertenecientes a creadores fundamentales del siglo XX como Pablo Picasso, Paul Klee, Marc Chagall, Piet Mondrian, Wassily Kandinsky y Henri Matisse.
Las piezas se instalaron de forma desordenada y torcida en las paredes, acompañadas de consignas satíricas, que fueron puestas de forma deliberada junto a fotografías de personas con discapacidades físicas o mentales para asociar el modernismo con la enfermedad.
“La exhibición del arte degenerado fue una escala muchísimo mayor de lo que está sucediendo en Colombia, pero es importante también ver que las procesos de colectivización y de creación de conciencia frente a este son muy importantes para evitar llegar a ese punto. Por otro lado, el tratamiento que se hizo de las obras generó una exhibición maravillosa que ahora es vista como una de las grandes del arte moderno del siglo XX”, afirma el historiador Sánchez.
Ese desenlace parece repetirse –con todos sus matices– en estos días. Una vez las obras del Museo Nacional fueron retiradas, el 16 de octubre, un grupo de manifestantes colgó reproducciones de las obras que fueron retiradas del Museo Nacional de Colombia al frente del edificio. Las imágenes de las obras, además, se replicaron exponencialmente en redes sociales y, este viernes, una vez regresadas, los ciudadanos invitaron a visitar las salas permanentes ahora más que nunca.
Otros antecedentes
A diferencia de otros países de América Latina, que atravesaron dictaduras militares y regímenes autoritarios, Sánchez recuerda que Colombia ha tenido “una tradición de una democracia relativamente estable”. Eso no significa que no haya habido censura. El historiador recuerda el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala, uno de los casos más conocidos de represión contra la prensa y la opinión pública en la historia reciente del país. “Pero eso en realidad no ha tenido o no tuvo unas repercusiones muy evidentes, como sí pasó en otros lugares de América Latina sobre las prácticas artísticas y de exhibición, donde existen casos paradigmáticos”.
En Brasil, Argentina y Chile, por ejemplo, las dictaduras de las décadas de 1960 y 1970 desplegaron formas de persecución directas contra las prácticas artísticas. La censura llegó a exposiciones y salones de arte. Uno de esos casos, recuerda Sánchez, fue el de la Bienal de São Paulo. Poco antes de su apertura, la policía militar clausuró en el Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ) una muestra con las obras seleccionadas para la Bienal de París. La imagen de un artículo del escritor y crítico de arte Geraldo Ferraz, de 1969, conservado en el archivo del International Center for the Arts of the Americas (ICAA), del Museum of Fine Arts de Houston, permite recordar ese episodio. Aunque Ferraz calificó de ‘inocua’ la protesta, por considerarla incapaz de alterar las restricciones impuestas, en el texto menciona la ‘censura’ contra las obras seleccionadas. Según el sitio Memórias da Ditadura, del Instituto Vladimir Herzog, la suspensión estuvo relacionada con la inclusión de una fotografía de Evandro Teixeira, publicada en el Jornal do Brasil, que mostraba a un oficial de la Fuerza Aérea Brasileña cayendo de una motocicleta. Las autoridades la consideraron provocativa.
“Hay otros casos de persecución muy clara, muy programática, frente a movimientos políticos y comunitarios, como fue el de Tucumán Arte en Argentina o frente a ciertas propuestas de vanguardia que se estaban generando en el arte de los años de esas décadas. Así también fue el caso de Cuba en los años 60 y 70. Por eso también emerge toda una nueva generación de artistas cubanos. Tania Bruguera, por ejemplo, a través del performance, hace una serie de comentarios muy abiertos y muy directos en contra de la dictadura en Cuba”, dice el historiador.
Esa planeación de la censura que caracterizó a las dictaduras de la región, dice Sánchez, no se da hoy. “Estamos viendo una serie de acciones que parecen erráticas. A diferencia de lo que ha pasado anteriormente, no es para quitarle la importancia política y simbólica que tiene, pero también habla mucho de la impulsividad y la manera desordenada en la que se está haciendo esta censura”, señala.
Zarta también ve torpeza –y violencia– en la forma en la que se retiraron las obras porque dejó en las salas las huellas de las obras ausentes. “Normalmente, cuando uno va a hacer un remontaje de una sala, se cierra el espacio, se deja un letrerito y se indica que se está trabajando para ofrecer un mejor servicio, porque se piensa en el público y en las comunidades a las que el museo sirve. En este caso parecía que lo que querían era que se evidenciara el vacío de esas obras. Esto resulta violento con el público y con las comunidades a las que sirve el museo, que somos todas y todos los colombianos”, explica.
“Esto no se trata de que nos guste o no nos guste”
Los episodios de censura cultural durante las dictaduras y los regímenes totalitarios muestran lo que ocurre cuando el poder impone una visión de la historia y restringe las expresiones que la contradicen. Frente a esos antecedentes, Laura Villarraga Albino, abogada e historiadora del arte especializada en propiedad intelectual y derecho del arte, y también cofundadora de Somos_Nodo, identifica una diferencia en el caso colombiano: “A diferencia de las dictaduras, estamos en un Estado democrático y existe una fuerza judicial, que está haciendo el contrapeso a las decisiones arbitrarias del Gobierno”.
La orden judicial de restituir las piezas del Museo Nacional es, para Villarraga, un ejemplo de ello. El juez examinó la decisión a la luz de los derechos fundamentales y de las garantías reconocidas en el ordenamiento jurídico. “Esto no se trata de que nos guste o no nos guste. Hay unos mínimos y la censura no puede existir porque no podemos imponer una cierta visión de la historia dependiendo de qué me gusta a mí y qué no me gusta”.
Ese límite también se relaciona con el deber de tolerancia, que impide convertir el desacuerdo con una obra en una razón para prohibir su circulación. “Puede que a mí no me guste, pero esa posibilidad no me da el derecho de prohibirles a los demás tener ese acceso y poder verlo”, señala.
En el caso del Museo Nacional, la discusión jurídica, afirma la abogada, alcanza además el derecho a la verdad y a la memoria: “Borrar eso del museo no solamente impacta la libertad de expresión del artista, sino que también tiene que ver con el impacto que tiene frente a las víctimas. En medio de todo, nuestra mayor garantía es seguir en una democracia y tener la posibilidad de ir a los jueces y reclamar los derechos”.
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Por Natalia Ortega
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Maria Clemencia(10942)•Hace 8 horasExcelente el articulo. A la Señora Holguin y subalternos directores de la cultura, (Biblioteca Nacional, Museos, Instituto Caro y Cuervo etc) están trabajando y devengando salarios con nuestros impuestos, no están ahi, para satisfacer los gusto de ADLE, de Holguin y todos los demás, una sugerencia, renuncien, creen su empresa de "gustos". Respeten la democracia y la inteligencia del ciudadano.
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Martha Ruth(27349)•Hace 10 horasMuy interesantes las discusiones pero… ¿dónde queda el hecho de que se violenta la Constitución Política por parte de funcionarios que juraron respetarla?
