
La situación sanitaria y de hacinamiento de los privados de la libertad, sumada a la falta de infraestructura, son objeto de preocupación por parte de la Corte Constitucional. Desde 1998, declaró el estado inconstitucional de cosas —una figura para enfrentar situaciones graves a los derechos fundamentales, como esta— y desde 2022 se extendió a los centros de detención transitoria. Con el nuevo gobierno de De la Espriella y la formulación del Plan de Desarrollo, cuatro años después, la Corte reunió nuevamente en una audiencia pública este 4 de noviembre a las instituciones para escuchar qué tanto han cumplido las órdenes impartidas y contrastar propuestas de solución.
A esta reunión fue citada la administración distrital, quien si bien en su intervención destacó que el hacinamiento es inferior al panorama nacional, todavía hay un rezago del 20% que, en parte, lo resolverían nuevas cárceles como la Distrital II y el Centro Especial de Reclusión (CER) Fase II. La nuez del problema es que persisten los retrasos y la promesa de entrega en 2027, al menos de la cárcel Distrital II, quedó pendiente.
Desde la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, Diana Patricia Giraldo, privada de la libertad hace 13 años, fue el rostro del inicio de la audiencia pública que tomó más de 9 horas y en su testimonio, la certeza de que el Estado aún no ha podido entregar condiciones dignas a quienes permanecen en centros de reclusión. Durante su intervención virtual por 10 minutos, Giraldo recordó que, a pesar de estar cumpliendo una condena, "no significa que dejemos de ser personas". Denunció falta de sanitarios, dificultades en la higiene menstrual, precaria alimentación y, especialmente, en los pabellones 5, 6 y 8, problemas de espacio. "Estando privadas de la libertad, dependemos completamente de las instituciones", hizo el llamado.
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Pero su caso no es aislado. Y así lo reconoció el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien señaló que lo han constatado de primera mano durante visitas judiciales a distintas cárceles y centros transitorios. Con corte al 24 de agosto, agregó, los centros de detención transitoria del país tienen un índice de hacinamiento del 94,34 %. De ese total, 17.292 personas ya cumplieron el límite legal de 36 horas de detención y 674 tienen condenas en firme.
Tras una primera intervención de los ministros de Justicia y Hacienda, así como del secretario jurídico de la Presidencia, respecto a las soluciones a plantear por parte del gobierno de De la Espriella, el magistrado Ibáñez cuestionó que, ante esta "casi tragedia humanitaria”, los entes territoriales y nacionales se estén pimponeando dicha responsabilidad.
¿Cómo está Bogotá en hacinamiento?
En Bogotá, La Picota, Modelo y el Buen Pastor son establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON) cuyo funcionamiento y operación corresponde al INPEC. A su turno, funcionan también seis Unidades de Reacción Inmediata (URI), a cargo de la Fiscalía –al ser destinadas a la judicialización de delitos y a la atención de actos urgentes– en Kennedy, Engativá, Paloquemao, Ciudad Bolívar, Bosa-Campo Verde y Puente Aranda, esta última en un inmueble propiedad de la Secretaría de Seguridad. Otro tanto son las 19 estaciones de policía categorizadas como centros de detención transitoria por la Corte Constitucional.
Ahora bien, la Secretaría de Seguridad tiene a su cargo dos establecimientos de reclusión: la Cárcel Distrital y el Centro Especial de Reclusión (CER), donde no se han presentado condiciones de hacinamiento, pero sí, desde 2022, en el CER 3 motines (1 de marzo de 2022, 29 de febrero de 2024 y 17 de abril de 2024) motivados por condiciones distintas al hacinamiento, dijo la entidad distrital.
Durante su intervención, el alcalde Galán destacó que al inicio de su gobierno (mayo 2024), el hacinamiento en las URI y estaciones de policía alcanzaba el 162 %; con un panorama más crítico en las ubicadas en Usaquén (720 %), Bosa (568 %) y Kennedy (541 %). Hoy, con corte al 20 de octubre, ese total se redujo al 20 %.
Para lograrlo, destacó el primer mandatario de Bogotá, fue un trabajo en llave con la rama judicial que habilitó 5 jueces más que han recibido 600 procesos penales y han proferido 394 decisiones de fondo. "Hemos destinado un presupuesto de COP 145 mil millones para cubrir la alimentación de los PPL desde agosto de 2025 a julio de 2027, llegando con 917 mil raciones de comida; en salud, con las subredes, 7 mil atenciones en salud; 700 atenciones en salud mental; y 21 mil kits de aseo. Este avance se ha logrado a pesar de tener más capturas en Bogotá: en 2023, 29.496; en 2024, 25.342; 2025, 28.382 y este año llevamos 29.418″, dijo Galán.
Baja en hacinamiento, sí, pero con deudas en infraestructura
La meta del alcalde Galán "es llegar al 0 % de hacinamiento", complementó durante su citación a la Corte. Para ello, destacó que "será fundamental" la obra del Centro Especial de Reclusión (CER) Fase II y la cárcel Distrital II. Ante los magistrados, el alcalde respondió que al inicio de su mandato recibió la obra CER Fase II adjudicada, pero con problemas de diseños. "Está en un 97 % de avance, debe terminarse en los próximos tres meses y la meta es que en febrero o marzo de 2027 entre en operación y nos permita adicionar 489 cupos".
Como lo hemos contado a detalle en El Espectador, el proyecto CER Fase II -Centros diseñados para albergar transitoriamente a privados de la libertad con un enfoque de justicia restaurativa- debía entregarse inicialmente en 2025, pero la Contraloría alertó suspensiones y prórrogas, dificultades con los estudios, los diseños y, por si fuera poco, de la adición presupuestal que subió el valor de esta obra a más de COP 18.000 millones. Por estos antecedentes, ya aperturó una actuación fiscal.
A esta presunta falta de cumplimiento, se suma también la cárcel distrital II, que contará con una proyección de 2 mil cupos, con el objetivo de descongestionar las Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI). A pesar de que en 2024, el entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna, le entregó al alcalde el predio de 2,9 hectáreas contiguo a la cárcel La Picota, aún no hay ni estudios ni diseños. Hace 2 años, el alcalde había manifestado públicamente que se entregaría a final de su mandato.
Los concejales de la bancada del Centro Democrático (Julián Uscátegui, Sandra Forero y Diana Diago) han puesto especial control sobre este proyecto. En una reciente respuesta a un derecho de petición enviado por Diago a la Secretaría de Seguridad, respondieron que, tras la finalización anticipada y en proceso de liquidación del contrato interadministrativo con Renobo (por el cual se giraron más de COP 5 mil millones), la entidad ya cerró el plazo de un nuevo proceso de selección para la estructuración de estudios y diseños, interventoría, permisos y licencias.
Sobre los dineros invertidos, precisaron que el contrato terminó anticipadamente "sin que se generara pago alguno a favor del contratista. En su lugar, RenoBo realizó la devolución de los recursos existentes a esa fecha en la fiducia, sus rendimientos financieros y los saldos relacionados con descuentos por estampillas", destacó la entidad distrital.
Ante las razones de los retrasos en los estudios y diseños, el alcalde Carlos Fernando Galán explicó en entrevista a El Espectador que había un monto de COP 250 mil millones previstos, mas no incluidos en el presupuesto 2024, que era lo que calculaba que costaría el proyecto la administración anterior. "Cuando RenoBo hizo el estudio, dijo que era insuficiente y no se pudo adicionar al contrato. Ahora se proyecta un costo de COP 450 mil millones y el año pasado el Distrito no tenía ese dinero para financiarlo". El alcalde agregó que ya le propusieron al Gobierno Nacional buscar una fórmula que permita avanzar en la construcción "y dijeron que estaban dispuestos a buscar fórmulas para financiar una parte de la cárcel o para buscar unos aliados que nos ayuden a financiar", concluyó.
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Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, indicó a la Corte Constitucional que no solo es el presupuesto de infraestructura, sino también de funcionamiento. Una vez entre en operación la cárcel distrital II, proyectó "se deberá destinar entre el 37 % y el 40 % del presupuesto de la Secretaría".
De acuerdo con las cifras oficiales, la reducción del hacinamiento en Bogotá del 162 % al 20 % es innegable, pero frágil. Sin la entrega efectiva del CER Fase II y sin un acuerdo claro de cofinanciación con la Nación para la Distrital II, el margen de maniobra de la ciudad amenaza con agotarse, si se tiene en cuenta el ritmo en que crecen las capturas en las calles. La deuda con la dignidad penitenciaria que la Corte Constitucional ha advertido en varias sentencias, continúa.
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