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La paz y De la Espriella: la política de mano dura y no negociación que instauró en 100 días

El Gobierno aseguró que cumplirá con la implementación del Acuerdo de Paz, pero habrá recortes para la oficina del Alto Comisionado de Paz. Las posturas siguen siendo críticas con el modelo implementado y se prioriza una fuerte estrategia de seguridad.

Luna Mejía Farías
AME7435. SAN ANDRÉS (COLOMBIA), 18/10/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia de su mandatario, Abelardo de la Espriella (c), en el buque ARC-Isaac Bechara junto a un grupo de oficiales y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora (d), durante su visita este sábado, en San Andrés (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora.
Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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Desde campaña el presidente Abelardo de la Espriella prometió acabar con la "falsa paz" que se instauró durante el gobierno de Gustavo Petro. Tras 100 días en el cargo y luego de tener éxito en el Congreso con el trámite de su ley de sometimiento, en efecto, el jefe de Estado marcó el punto final a la política de "paz total" que recibió en el cambio de administración. Ese 7 de agosto, cuando asumió el poder en una atípica ceremonia en la capital del Valle del Cauca, también llegó a gestionar las siete mesas de paz que se mantenían abiertas, por lo menos en el papel, con diferentes grupos criminales.

La situación humanitaria y la fuerte crisis de seguridad que le dieron la bienvenida al mandatario confirmaban que el abordaje que se le dio a la paz durante la primera administración de izquierda no fue la que se prometió al lograr el puesto máximo en la Casa de Nariño. Un informe de la Fundación Conflict Responses (Core) concluyó que entre 2018 y 2025 todas las organizaciones armadas ilegales fortalecieron sus capacidades militares, económicas y políticas, ampliando su influencia en distintas regiones del país. En esas dinámicas, los impactos humanitarios fueron evidentes. Según la FIP el desplazamiento forzado aumentó en 85 %, el confinamiento en 12 %, así como el secuestro en 113 % a 2025.

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En medio de ese panorama, De la Espriella asumió el mandato constitucional que le ordena cumplir con la implementación del Acuerdo de La Habana firmado en 2016. El informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas con el que recibió el cargo indicó que aunque la ejecución de esa implementación avanzó de manera gradual durante la administración anterior , aunque los resultados fueron desiguales. Además, aspectos fundamentales, como la reforma rural integral y la reincorporación de excombatientes enfrentaron dificultades por la limitada presencia del Estado, problemas de articulación institucional y las condiciones de seguridad en los territorios afectados por el conflicto.

La mano dura como estrategia

El 11 de septiembre, inaugurando el primer mes en el poder, el presidente De la Espriella dio fin a las mesas de paz que se mantenían abiertas. A través de decenas de resoluciones clausuró las mesas de diálogo, retiró las vocerías de integrantes de grupos armados y las designaciones de funcionarios en los espacios. Aseguró que lo hizo cumpliendo con su palabra y criticó el gasto de COP 7.000 millones en los pagos a negociadores. Además, aseguró que los diálogos se dieron mientras “las organizaciones criminales se fortalecían, desafiaban al Estado y seguían golpeando a los colombianos y a la Fuerza Pública”.

“Eso se acabó. En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad. El mensaje es inequívoco: sometimiento a la justicia o enfrentar toda la fuerza legítima de la República. La paz verdadera se construye con seguridad, autoridad y justicia, no arrodillando al Estado ante los criminales”, agregó el mandatario en un mensaje publicado a las 9:11 de la mañana de ese mismo día. En esas líneas ya esbozaba lo que se convertiría en la ley de sometimiento que logró aprobar en el Legislativo.

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Junto al cierre de estas mesas, el mandatario también firmó una resolución en la que ordenó el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo para exintegrantes de las disidencias de "Walter Mendoza" que estaban negociando la paz con el gobierno del expresidente Petro. Sin embargo, el juez segundo promiscuo de Puerto Asís resolvió una tutela interpuesta en contra de esta decisión presidencial y dejó en firme la orden de no deshabilitar esta ZUT, que alberga a 99 excombatientes.

En la tutela se argumentaba que esta decisión violaba los derechos a la vida, seguridad e integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, a la reincorporación y tránsito a la vida civil, a la personalidad jurídica y la identidad, debido proceso administrativo, confianza legítima y la paz. El juez fijó un plazo de seis meses para el cierre definitivo de la ZUT. En ese tiempo, la Fiscalía tendrá que avanzar en las acciones necesarias para definir qué sucederá con la situación jurídica de los excombatientes y resolver sus órdenes de captura. Por su parte, la Presidencia tendrá que consolidar su plan institucional de cierre y que el proceso de reincorporación a la vida civil se pueda cumplir. Esa era la única estructura que había dejado avances significativos en el tránsito a la paz durante la administración anterior.

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Luego de este movimiento, el jefe de Estado siguió demostrando su postura frente a la paz y empezó a reforzar los golpes a grupos armados, e incluso, comenzó a aparecer en los operativos para hablar cara a cara con los criminales y enviar un mensaje simbólico. El radio para la comunicación directa con las Fuerzas Armadas; la vestimenta verde oliva, pistola al cinto y el último caso, liderar un operativo con uniforme del Ejército son algunas de las muestras de esos simbolismos del mandatario.

Sumado a esto, el 25 de septiembre y luego de un mes de que Abelardo De la Espriella firmara su extradición, Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, fue extraditado a Estados Unidos. Rojas es el jefe de los Comandos de Frontera, una de las estructuras disidentes de las Farc y era solicitado por ese país por delitos relacionados con el narcotráfico. Siguiendo esa línea, el jefe de Estado ha firmado más de 120 extradiciones hasta la fecha y ha impulsado más de 1.100 expulsiones de extranjeros del territorio colombiano. En su mayoría se argumenta la seguridad nacional.

Además, el pasado 11 de noviembre, un mes después de acabar con las mesas de diálogo, De la Espriella dio a conocer que ordenó la ejecución del octavo bombardeo contra grupos armados al margen de la ley. Al iniciar su mandato prometió que se realizarían entre 12 y 15 bombardeos contra estas estructuras durante los primeros 100 días de su gobierno, sin embargo, no logró llegar a esta cifra.

Implementar el Acuerdo de Paz: choque con Santos y rendición ante la JEP

Aunque su foco está en la seguridad, De la Espriella debe cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz y avanzar en su implementación. Sin embargo, desde campaña fue crítico con este modelo y tanto el canciller Omar Bula; el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez y embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, han reiterado la postura del Gobierno: "el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo" y que "[el expresidente] Santos le entregó el país a las FARC". Es por esas declaraciones que la tensión entre la administración actual y Juan Manuel Santos ha crecido, sobre todo en el marco de celebración de los 10 años de este Acuerdo.

Y en consecuencia con esas palabras, el jefe de Estado respaldó un recorte COP 170.000 millones del presupuesto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2027 que tuvo amplia acogida en el Congreso. Además, secundó las iniciativas de Salvación Nacional para que el funcionamiento de esta entidad llegue hasta 2028, incumpliendo con su mandato inicial que está proyectado hasta 2033.

Además, fuentes cercanas al alto gobierno le aseguraron a El Espectador que el exministro Rodrigo Lara, quien fue removido de su cargo, era un puente para poder hablar sobre los temas de paz y estaba dispuesto a mantener una conversación. Algo que, tras su salida, ya no se contempla, pues las posturas Ordoñez son notorias contra el Acuerdo. De hecho, el ministro acompañó un foro realizado en el Capitolio Nacional en el que cuestionó de manera frontal los resultados del tribinal transicional.

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Reforzando estas posturas, el jefe de Estado designó a Viviane Morales en la consejería Comisionada para la Paz y delegó el encargo de la oficina de Implementación del Acuerdo. La exfiscal y exministra de Educación de este Gobierno también se opuso al plebiscito del 2016 y mostró argumentos en contra de lo firmado en La Habana. En ese sentido, el pasado 12 de noviembre Morales asistió a una audiencia de la JEP en la que se habló sobre la protección de los firmantes del Acuerdo de Paz y el manejo de la administración de De la Espriella. Sin embargo, en ese encuentro tuvo un cruce con el magistrado Gustavo Salazar respecto a la financiación de los programas asociados al acuerdo.

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"Este instrumento (Presupuesto General de la Nación) asegurará, dentro de un marco de austeridad fiscal, los rubros destinados a la seguridad material de los firmantes de paz y sus familias", afirmó la comisionada. Sin embargo, en su intervención ante la Jurisdicción Especial señaló que la implementación de lo negociado en La Habana "no supone la petrificación de sus instrumentos administrativos o presupuestales", por lo que era responsabilidad del Gobierno "propone las reformas necesarias" con énfasis de respeto a las víctimas, firmantes y las decisiones judiciales asociadas.

Viviane Morales y Abelardo de la Espriella.
Viviane Morales y Abelardo de la Espriella.
Foto: Archivo PArticular

Morales, quien también ha manifestado críticas a la política de "paz total", se refirió a los recursos que se destinaron a esa estrategia, finalizada tras la aprobación de la ley de sometimiento presentada por el gobierno de De la Espriella en el Capitolio. En sus primeras intervenciones públicas desde la Consejería, afirmó que “más de 130.000 millones se gastó en la Paz Total sólo en mesas, viáticos, viajes (…) mientras más se invertía, más se deterioraba la seguridad”.

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Sin embargo, Morales sí confirmó que desde el Gobierno se cumplirá con el mandato constitucional de cumplir con la implementación de lo pactado en La Habana y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se acordó, por decisión unánime, mantener por un año más la Misión de Verificación -aunque sin el punto de la reforma rural-.

Otros hechos:

Todo esto se da con alrededor de 11.000 firmantes que siguen comprometidos con el acuerdo y que se han reintegrado a la sociedad civil a través de diferentes procesos productivos y comunitarios. Ahora el gobierno tiene el reto de garantizar su seguridad, pues según la Fiscalía, desde la firma del Acuerdo han sido asesinados 521 desmovilizados. Por mandato de la Corte Constitucional, De la Espriella está obligado a dar continuidad a la implementación de ese proceso que ya entró en su recta final.

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Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano. lmejia@eleespectador.com
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Comentarios
  • NAVY(47439)•16 de noviembre de 2026 – 07:45
    ADLE ha demostrado que es un cumplidor de la constitucion y las leyes (le ha quitado una inmensa preocupacion a la poblacion sobre los deseos desintitucionalizantes del beodo anterior); le recomiendo que no gaste capital politico en el acuerdo de paz y en la JEP; continue con el desmonte del embeleco de la paz total, continue con la ofensiva militar contra los bandidos, haga foco en las victimas, retome el territorio, etc. Adelante Presidente
  • no(62473)•14 de noviembre de 2026 – 12:34
    Segun la encuesta de cifras y conceptos la favorabilidad de Abelardo cayo al 48% solo mejor que el peor presidente de colombia Duque y como va abelardo va a ser peor que duque. Curiosamente Petro subio a mas de 50%
  • no(62473)•14 de noviembre de 2026 – 12:28
    En que quedo la lucha contra los grupos armados porque cada vez es peor la situacion de inseguridad en colombia. Salir a coger jibaros no ha mejorado la seguridad en colombia. Abelardo solo es un payaso mientras Restrepo esta acabando el pais. La situacion y mas indicadores se volvieron negativos.
  • Dario(77642)•14 de noviembre de 2026 – 11:21
    Aparte de ponerse el camuflado, organizar redadas, prometer y hablar mierda, cuando será que el Sr, de la Espriella empezará a gobernar. Lo seguirá haciendo el profesor José Manuel Restrepo. Pobre Colombia: Salió de Guatemal y llegó a Guatepeor con este gobernante. Que desastre. No despega y no lo hace, porque no le cabe el país en la cabeza. Le quedó grande. Lástima siento por lo que votaron por él.
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