
Los primeros 100 días de un presidente suelen ser el medidor de los cuatro años de su mandato. Abelardo de la Espriella llegó con un plan concreto, pero se enfrentó a un terremoto que lo hizo cambiar de estrategia y enfocó las prioridades en la reconstrucción. En las semanas siguientes al desastre y en medio de giras para demostrar su presencia en el territorio, trazó un esquema para dejar claros sus objetivos hasta 2030: reforzar la seguridad, “ordenar la casa” que dejó la administración anterior —con prioridades en lo fiscal y la salud—, cambiar el relacionamiento con las regiones y el Congreso, y dar una sacudida en el plano internacional.
Eso tendrá un indicador concreto el próximo año: las elecciones territoriales. En la Casa de Nariño lo saben y por ello es que su estrategia para el primer año de Gobierno girará en torno a mostrar resultados en todos los sectores mientras se apuesta por una “descentralización” que llevó a que instaurara una “sede alterna” de la Presidencia en Barranquilla (Atlántico).
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De la Espriella llegará a ese escenario con partido propio (Defensores de la Patria), a la espera del “sí” del Consejo Nacional Electoral para fusionarse con Salvación Nacional. Y en los altos círculos del Ejecutivo reconocen la necesidad latente de ir más allá de las redes sociales en las que el jefe de Estado logró su caudal electoral en las presidenciales para mostrarle a sus votantes que cumplió con sus promesas. Aunque ha dicho que sólo gobernará cuatro años, su meta es el continuismo de su proyecto.

Todo eso entra a jugar en el balance que ha buscado lograr en estos primeros 100 días: a los ciudadanos les habla directamente desde sus redes sociales y desde alocuciones realizadas cada dos semanas. Son espacios concretos en los que responde directamente a las controversias y da órdenes a su gabinete, mientras hace un recuento de sus principales logros.
“En la era del Tigre comunicarán siempre las acciones”, aseguró el vocero presidencial, Miller Soto.
De la Espriella también tiene su contenido diario. Todos los días publica el balance de los golpes militares y policiales, que ya superan los 370; con los números de muertos en cada operativo (más de 32.000 con corte del 12 de noviembre) y la cifra de extradiciones, hoy por encima de las 150. A eso se suman las primeras movidas de su círculo de altos funcionarios: la renuncia de Viviane Morales en Educación —también el de su retorno como comisionada para la Paz—; la salida de Rodrigo Lara en Interior; la aceptación de la dimisión de Jaime Uribe como gerente del Fondo Milagro; y la revocatoria de la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh).
Desde sus primeros instantes en la Presidencia —en medio de las reuniones por el desastre del 10 de agosto— dio la orden de centralizar los mensajes para que cualquier tipo de información relevante para su administración pasara primero por los ojos de su equipo. Es coordinado por María Fernanda Sandoval, la secretaria de Comunicaciones, y pasa bajo la lupa de Carlos Suárez, el presidente de la junta directiva de Ecopetrol, y su amigo y estratega de campaña.
Es este último quien imparte la línea para el vocero del Gobierno y las participaciones de los ministros en estos espacios. También es parte del círculo que impulsa la “batalla cultural” que emprendió este Ejecutivo y que aterrizó en el Sistema de Medios Públicos (RTVC) y tocó al Museo Nacional con el retiro de obras que llegó hasta los estrados y obligó al Ejecutivo a devolver piezas históricas asociadas con el Acuerdo de Paz —que enfrenta críticas directas del mismo mandatario e incluso una reducción en el presupuesto de las instituciones que nacieron de él— y el proceso de construcción de la Constitución actual.
Esa estrategia de comunicaciones, reconocen desde adentro del Ejecutivo, ha tenido sus fallas y ha concentrado la mayor parte de la atención sobre el presidente. La óptica desde afuera es que los ministros pasaron a segundo plano y por eso varios jefes de cartera han pedido más espacio para intervenir y responder preguntas frente a las decisiones de sus dependencias. Interior, Justicia y Hacienda son las que más han hecho uso de ese “permiso”, aunque para momentos específicos y declaraciones concretas.
Un ejemplo de eso fue el error de trámite del presupuesto, que se cayó tras haber sido aprobado en el Congreso por diferencias entre el articulado del Senado y el de la Cámara de Representantes. En ese momento, quien “dio la cara” fue el vicepresidente José Manuel Restrepo y lo hizo a través de un video en el que salió junto al ministro Miguel Gómez (Hacienda), quien no habló en toda la emisión y tampoco se refirió al tema ante los medios. Sin embargo, quien terminó pagando por ese yerro fue Lara, con una renuncia presentada en medio de peleas con Suárez.
Figuras cercanas al proyecto de De la Espriella concuerdan en que ese poder del llamado “número dos” —como le dicen ahora al estratega— del Ejecutivo seguirá creciendo. Entrará a dar línea directa en el partido que surja de la fusión entre Salvación y Defensores, pues aparece como parte de la junta directiva de esa colectividad; pero más allá de eso ya es una de las personas que le habla al oído a De la Espriella. Se aseguró una victoria con la incorporación de Ilva Myriam Hoyos como la jefa del Ministerio de Educación y con la llegada de Alejandro Ordóñez a la Casa de la Giralda en reemplazo de Lara.
El manejo que ha demostrado Suárez sobre lo que pasa en internamente en la Casa de Nariño ha generado ruidos y es, incluso, uno de los participantes de los consejos de ministros que realiza De la Espriella para monitorear de cerca todas las movidas del Ejecutivo. Además, es quien monitorea constantemente la opinión en redes sociales, al punto que lanzó críticas contra la encuesta realizada por Cifras y Conceptos sobre la gestión del mandatario. Eso sí, no se ha pronunciado frente a la de Atlas Intel —la única encuestadora que proyectó la victoria del hoy jefe de Estado—, que ubicó en su última encuesta (noviembre) la aprobación de este gobierno en el 48,3 % y su desaprobación en el 46 %. En la medición previa (septiembre) fueron de 48,7 % y 44,6 %, respectivamente.
En contexto: Aprobación del presidente Abelardo De la Espriella se ubica en 48 %: AtlasIntel
Ahora será su amigo, el nuevo jefe del Ministerio del Interior, el que tendrá que asegurar los votos para la otra prueba de fuego de este gobierno en lo que queda de este año: el proyecto de “rescate fiscal”. En este se emplearon las mismas estrategias comunicativas del presupuesto y fue el vicepresidente Restrepo quien encabezó la delegación —junto a Gómez e Iván Cancino (Justicia)— que fue a radicar el articulado en el Legislativo.
“Estamos entregándole al Congreso de la República una ley de rescate económico, una ley que significa una ‘operación rescate’. Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. Esta ley de rescate económico es para salvar el país de la quiebra, para evitar que Colombia pierda 360 mil empleos, para evitar entrar en una recesión. ¿Cómo lo vamos a hacer? La primera decisión de la ley de rescate económico es ser consciente de que lo primero que tiene que hacer el Estado, lo más importante, es apretarse el cinturón”, señaló en una declaración frente al Capitolio.
Esa muestra de la política fiscal que quiere implementar el Gobierno de acá en adelante será el medidor de su coalición. Ya le han respaldado iniciativas como la ley de sometimiento —la ficha para acabar con la paz total de la administración pasada— e incluso lograron hacerlo con el fallido debate del presupuesto. Pero con las elecciones regionales en mente, desde el inicio los congresistas fueron claros en que habrá que “peluquear” este articulado si quieren un guiño.
Desde el pasado 29 de octubre a la fecha no ha sido posible construir una ponencia conjunta y cada partido está trabajando en propuestas propias que le tocan la puerta al Ejecutivo para que comience a negociar. El Centro Democrático tuvo tres reuniones para fijar una posición y, con el aval del expresidente Álvaro Uribe —quien tuvo un diálogo propio con Ordóñez— presentaron una “ponencia sustitutiva” con la que se eliminan los impuestos a los alimentos ultraprocesados, de timbre, a los movimientos financieros y al patrimonio, entre otros. Lo mismo planean hacer los conservadores, los liberales y La U, que ya tienen líneas rojas.

De todos esos votos depende el Gobierno, que si bien tiene cerca de 180 oficialistas en un Capitolio de 285 escaños, ya comenzó esos acercamientos. El sábado 7 de noviembre, el director del Dapre, Carlos Ríos, citó a las comisiones económicas por primera vez en Barranquilla. Luego, el pasado miércoles, fueron convocados los voceros de cada partido en esas comisiones para continuar con el diálogo. En ambas reuniones estuvieron Restrepo y Gómez, mientras que el presidente ha decidido evitar, al menos en lo público, mencionar ese articulado.
Precisamente, Restrepo ha sido una pieza clave en medio del engranaje del Ejecutivo. El vicepresidente es visto tanto puertas adentro como hacia afuera como un “mediador” y por eso es quien ha tomado ese mismo rol para el articulado fiscal. Desde el inicio, De la Espriella le delegó funciones que tocan las finanzas del Estado, el impulso a desarrollo y la representación internacional. Desde el Capitolio lo reconocen como un interlocutor que habla desde lo técnico y una cara de alto nivel en medio de esas discusiones que necesitan avanzar rápidamente para que tengan buen resultado para finales de este año.
Para el Congreso, la pelota está en la cancha del Ejecutivo y medirá el aceite de su coalición con los acuerdos que logre con este proyecto, que financiaría el presupuesto de COP 634,9 billones y busca un ajuste de COP 45 billones en un país con una deuda pública de casi el 60 % del PIB. En los pasillos del Capitolio concuerdan en que la relación no comenzó de la mejor forma —el uribista Honorio Henríquez venció al candidato de De la Espriella, Alfredo Deluque, para la Presidencia del Senado— y la intensidad legislativa que suele ser característica de los primeros meses de un Gobierno no ha llegado de la misma forma.
Además, ven con recelo la negativa casi directa de De la Espriella de pactar con congresistas. Con el peso del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), el jefe de Estado ascendió al poder con la promesa de que todo sería “transparente” y “sobre la mesa”. Desde el Legislativo han buscado probar que no toda relación es transaccional, pero desde algunos partidos ven con recelo la falta de cuotas entre los altos puestos de la Casa de Nariño, la cual decidió darle prioridad a quienes acompañaron la campaña de Defensores de la Patria.
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Por otro lado, reconocen el manejo de la seguridad y la comunicación constante con las regiones. La “mano dura” ha sido el principal relato de este gobierno y los operativos que ha realizado en capitales como Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cali y Cúcuta —donde aparece con el arma en el cintillo— han demostrado su cercanía con los mandatarios regionales. Los resultados que el presidente mismo reporta a través de sus redes sociales dejan un saldo de 31 cabecillas muertos, 132 toneladas de cocaína incautada y 167 extradiciones firmadas.
Ese cambio de estrategia frente a la seguridad no solo pasa por una orden directa de perseguir “sin tregua” a los grupos criminales, también por el refuerzo a los bombardeos, que ya llegan a siete en estos 100 días. Todo eso ha sido defendido por las filas oficialistas tanto en los debates de control político para Jorge Mora, el ministro de Defensa, como en las discusiones de la ley de sometimiento que le cerró por completo la puerta a los diálogos con estructuras armadas ilegales. La oposición ha dicho que seguirá cuestionando estas acciones por parte de la Fuerza Pública, pero es innegable el apoyo de un sector de la ciudadanía hacia De la Espriella por estos golpes. Allí es donde el Ejecutivo mantendrá su línea de forma más clara.
Donde tendrá que comenzar a dar resultados más concretos es en otros sectores. En su esquema de los primeros 100 días en el poder, el hoy jefe de Estado prometió un “plan de choque” en materia de salud para inyectar COP 10 billones en el sistema. La puesta en marcha de ese programa —dirigido a atender una crisis que se profundizó en el gobierno pasado— se demoró por el terremoto y, por eso mismo, sus resultados no han estado a la par de esa promesa.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Ana María Vesga, se han entregado 49,42 % de los medicamentos pendientes, se han realizado poco más de un millón de de los tres y medio millones de procedimientos médicos en trámite y hay más de 1,3 millones de personas que siguen con casos irresueltos. Ese será uno de los grandes retos de De la Espriella en lo que viene: darle solución a una crisis que necesita acciones inmediatas con un plan que comenzó después de lo esperado.
Y la razón central de esa demora es otra cuenta pendiente para los próximos años: la atención de los afectados por el terremoto y la reconstrucción. Desde el inicio, el Gobierno ha sido claro en que será un esfuerzo que tomará al menos tres años y cerca de COP 50 billones, pero desde las regiones ven con desesperanza la falta de avances y de respuestas por parte del llamado Fondo Milagro, rodeado de polémicas como los altos salarios de sus funcionarios —reversados por orden del mandatario— y una contratación de solo COP 7.440 millones (tiene un presupuesto aprobado de COP 624.656 millones para intervenciones urgentes) tras tres meses del sismo.
"Nosotros desde la administración hemos hecho el mayor esfuerzo, los recursos del municipio son limitados y acá dependemos del gran esfuerzo del Fondo Milagro. Estamos esperando que empiece a operar porque hoy hay mucha incertidumbre (…). Yo tengo un pálpito y es que el Fondo Milagro no tiene plata, no tiene recursos", señaló el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar. En esa línea, aseguró que de las 25.000 viviendas que deben entregarse solo se ha cumplido con 85. Ese mismo reclamo se hace en otras de las zonas afectadas.
De la Espriella se ha asegurado de recorrer continuamente los territorios más afectados en Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Manizales, y dar anuncios de alivio para los damnificados. Eso pasa por subsidios de COP 1 millón por la duración de tres meses, apoyo a los emprendedores y la declaratoria de emergencia que le permitió movilizar recursos para esas zonas. Sin embargo, las soluciones de fondo tardarán con un presupuesto desfinanciado y acciones concretas dependientes del incremento de la deuda.

A eso se suma las dudas en torno a la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, que recolectó ayudas para la atención al terremoto y cuya gestión no ha sido conocida por el público a cabalidad. La organización, constituida el pasado 7 de julio como una entidad privada sin ánimo de lucro, detalló en su primer informe que ha recibido, administrado y canalizado recursos por COP 54.607 millones. La principal donación la realizó el Grupo Gilinski, la cual equivale al 81 % de las ayudas. Su ejecución ha estado enfocada en “gastos asociados a su administración”, que ascienden a COP 11,9 millones.
“Estos dineros decidí, por iniciativa propia y en decisión de mi junta directiva, que no los íbamos a tocar hasta llegar a la fase dos”, afirmó Pineda en su momento.
Si bien esa figura no está sujeta a control político —según la ley tampoco puede recibir un salario o cargo del Estado—, sí ha estado bajo escrutinio por esos fondos. Desde la oposición han cuestionado y presentado tutelas para exigir respuestas desde ese despacho, pero a la fecha no han sido publicados nuevos reportes por parte de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas.
Esas cuentas las está haciendo la Casa de Nariño, especialmente cuando el terremoto, la reforma tributaria y la crisis de la salud son temas que golpean directamente a un electorado que, históricamente, ha votado contra el mandatario de turno en las regionales. A eso se suma otro punto clave que tampoco ha pasado de agache: el manejo de las relaciones internacionales. En ese punto, las críticas a las posiciones que ha asumido el canciller Omar Bula por orden de De la Espriella y que incluyen el acercamiento al Estados Unidos de Donald Trump y al Israel de Benjamin Netanyahu —con agravantes como el respaldo al embargo de Cuba y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán— tampoco han caído del todo bien.

Esa suerte de “plegamiento” no es bien recibido ni por la oposición ni por un sector oficialista que también aboga por relaciones con poderes internacionales que no toquen lo ideológico. Aunque desde la Casa de Nariño se ha insistido en que la prioridad es reafirmar la soberanía colombiana, se le ha criticado por su adhesión al Escudo de las Américas —al punto que Medellín (Antioquia) es la sede de esa iniciativa— y el memorando de entendimiento firmado con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien visitó Barranquilla el pasado 8 de septiembre.
Incluso, el jefe de la Cancillería fue el blanco de parte de esos dardos por sus comentarios sobre figuras del Partido Demócrata, hoy con las mayorías en el Congreso norteamericano. Esos reparos que presentaron en el Capitolio colombiano e incluso tocaron a congresistas demócratas, llevaron a que tuviera que enviar una carta de disculpas a esos despachos.
Si bien el tema internacional no tocará directamente a los candidatos a nivel regional, todo eso está siendo cuidadosamente analizado para el nuevo llamado a urnas. El calendario electoral para esos comicios comenzó el pasado 31 de octubre y las grandes decisiones que tome De la Espriella en los próximos meses podrán ser definitivas para acercar a electores que no hagan parte de sus bases.
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Por allí está la necesidad de avanzar con su plan de gobierno y recae la razón por la que en proyectos como el presupuesto y en la declaratoria de emergencia por el terremoto delineó facultades extraordinarias que se ampliarían con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, la reforma tributaria y el estatuto antiterrorista. Ya cuenta con la posibilidad de agilizar los trámites en el Ministerio de Hacienda para operaciones del crédito público externo; y se le abriría la puerta a la posibilidad de eliminar o fusionar ministerios —parte de su plan de “reducción del Estado” que se libraría de pasar directamente por la aprobación de congresistas— y la creación de la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo.
La oposición, por su lado, analiza cómo moverse en ese mismo panorama. Aunque sabe que el Ejecutivo tiene mayorías en el Congreso, ha convocado nuevas marchas para este 19 de noviembre, pocos días después de que se cumplan los 100 días de De la Espriella, y las segundas en lo que va de este gobierno. El Pacto Histórico es la bancada más grande en el Capitolio y, si bien fue evidente el apoyo en las urnas a su candidato en las presidenciales, el senador Iván Cepeda, no logró una victoria que sí quieren materializar en las regionales. Eso se da mientras su máximo líder, el expresidente Gustavo Petro, sortea las turbulencias de su mayor escándalo ante la opinión pública: la supuesta entrega de contratos estatales a cambio de favores de índole sexual.
El alto Gobierno está reorganizando sus fichas de cara al 2027. Ha sorteado varias pruebas y se enfrentó a las consecuencias de uno de los terremotos más devastadores en la historia colombiana, pero la ciudadanía espera resultados concretos y medibles en su calidad de vida. Su hoja de ruta está delineada en un Plan Nacional de Desarrollo de 472 páginas con la seguridad, la salud, la economía, el campo, la educación y la anticorrupción como ejes principales. El reto está en que De la Espriella logre consolidarlo en su mandato y, más allá de eso, habilite con eso una posibilidad de continuismo que será peleada en las urnas con la izquierda que también busca espacio.
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mateo(uncmw)•16 de noviembre de 2026 – 04:56Esperamos que se logre salir del closet Abelardo, da mucha tristeza verlo así sin poder expresar su sexualidad por culpa del contesto donde vive.
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JOSE NICOLAS(21911)•15 de noviembre de 2026 – 13:14"Abelardo de la Espriella llegó con un plan concreto, pero se enfrentó a un terremoto que lo hizo cambiar de estrategia y enfocó las prioridades en la reconstrucción". Si esta frase (primer párrafo de crónica) fuera cierta, ya estaríamos en la reconstrucción. ¡Cuál prioridad ni qué diablos!!! Para Barbie Abelardo la zona afectada por el terremoto no lo ha sido. Sí mucha opacidad, mentiras y anuncios no cumplidos.
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JUAN CARLOS(90619)•15 de noviembre de 2026 – 10:35Gobierno inepto y mentiroso, una verguenza la reconstrucción del terremoto y ni hablar el fiasco del Fondo Milagro, el dichoso "Plan de Choque" no han cumplio ninguna de las metas que ellos mismos se propusieron, una reforma tributaria que acabará con la clase media cuando afirmaron que no habría más impuestos, varias cifras de seguridad negativas, el clientelismo y el nepotismo abundan, una política exterior aislacionista y errada, en fin…
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ERWIN(18151)•15 de noviembre de 2026 – 07:35Jajajajajajaj..el pais patas arriba..en 100 dias..a quien engañan?..y la prensa "independiente"?..con miedo a que le quiten la visa..no dicen nada ..hasta a las encuestas quieren callar..una tragicomedia este gbno..y deja qur se posesionr el nuevo congreso en USA..dolores.
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Gabriel(10726)•15 de noviembre de 2026 – 04:36Cuando leo artículos tan sesgados solo pienso en no volver a suscribirme
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mau(1nrbc)•15 de noviembre de 2026 – 07:30Tiene toda la razón, yo también optó por no suscribirme más, muy parcializado ese artículo
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Marco(53341)•15 de noviembre de 2026 – 03:15Interesante artículo: de manera taimada, pretende hacer ver que este mequetrefe hará algo bueno en la presidencia. Funciona amedentrar a los periodistas con dejarlos sin trabajo.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•14 de noviembre de 2026 – 21:48Se ve muy feliz este fantoche personaje que en sólo 100 días tiene el país por el piso en casi todos los renglones. Lo más patético es que este cínico anda inaugurando obras del gobierno anterior. Es tan poco respetable este abelardo que desde el inició mintió con unos recursos que había solicitado Petro a la banca internacional desde hacía año y medio y apenas llegaron. Es un gobernante mentiroso, sin carácter y sin horizonte