Publicidad

La JEP imputa a 16 exmilitares y dos expolicías por 565 casos de violencia sexual

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz llamó a 16 exintegrantes del Ejército, incluido un brigadier general, y dos de la Policía a reconocer responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con violencia sexual y basada en género en distintas regiones del país. Algunos de los crímenes se cometieron en alianza con paramilitares.

Lo que ha encontrado la JEP sobre violencia sexual y abortos forzados dentro de las Farc
Según la JEP, al menos 35 de los casos de violencia documentados ocurrieron en alianza con los paramilitares.
Foto: Isabel Valdés -

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

En la mañana de este martes 17 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 16 exintegrantes del Ejército, incluido un brigadier general, y a dos exmiembros de la Policía por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad relacionados con violencias basadas en género contra civiles. Son, en total, 565 casos de violencia contra 779 víctimas, de los cuales al menos 35 se cometieron en alianza o con la participación directa de integrantes de grupos paramilitares.

La imputación está relacionada con el caso 08 de la justicia transicional, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado, y el caso 11, que aborda la violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual. La investigación es liderada por el magistrado Óscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Los exmilitares llamados a reconocer responsabilidad como autores por omisión en los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad son el brigadier general (r) Alberto Bayardo Bravo Silva, el coronel (r) Fredy Francisco Sanmiguel Guzmán y el mayor (r) James Alberto Granada Carmona. También el capitán (r) Reinaldo Rincón Rojas, de la Policía Nacional. Al sargento segundo (r) Juan Pablo Sierra Daza también le imputaron cargos como autor y coautor en los hechos criminales investigados.

Lea también: De Medellín a Dabeiba: el plan de soldados y paramilitares para desaparecer a 35 inocentes

En calidad solo de coautores fueron imputados los coroneles (r) Víctor Hugo Matamoros Rodríguez y Édgar Omar Urbina Carrillo; los tenientes coroneles (r) José Augusto Terán Pineda, Orlando Hernando Pulido Rojas y Alfonso Moya Molina; los mayores (r) Mauricio Llorente Chávez, Luis Fernando Campuzano Vásquez, Daladier Rivera Jácome y Jorge Andrés Escobar Pinera; los tenientes (r) Óscar Fernando González Cárdenas y Óscar Fernando Murcia Peña; y el soldado (r) José Misael Valero Santana. También el mayor (r) Gregory Ernesto Amado Rueda, de la Policía Nacional.

Todos ellos tendrán la posibilidad de reconocer responsabilidad por los crímenes de persecución por motivo de género, esclavitud sexual, violación y otras formas de violencia sexual, asesinato y homicidio, tortura, tratos crueles y otros actos inhumanos, desaparición forzada, traslado forzoso de la población y desplazamiento de personas civiles. En los 565 casos documentados, 684 víctimas eran mujeres, 74 eran hombres y 21 corresponden a personas con orientaciones sexuales y de género diversas.

"Esta decisión es resultado de un amplio proceso de contrastación que incluyó el análisis de 217 informes presentados por organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado; los relatos de 738 víctimas acreditadas; seis diligencias de contrastación de información, con la participación de 235 personas; 74 versiones voluntarias de comparecientes, y las observaciones de 75 víctimas en audiencia oral", dijo el magistrado Óscar Parra Vera durante la diligencia en la que se conoció la imputación a los exmilitares.

Le puede interesar: Secuestro, tortura y desaparición: la crueldad que revela imputación por genocidio de la UP

Y agregó: "Los relatos y las observaciones de las víctimas fueron fundamentales para esclarecer los hechos, comprender las distintas formas de violencia y documentar sus impactos. Sin la persistencia de las víctimas, de sus representantes y de las organizaciones de mujeres, de hombres y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, este resultado no sería posible. La sala les agradece por creer en este proceso, participar activamente en él y mantener la exigencia legítima de sus derechos".

La investigación encontró que los crímenes relacionados con violencia sexual y basada en género atribuidos a los exintegrantes de la fuerza pública recién imputados ocurrieron bajo dos patrones. El primero corresponde a los ataques contra la población civil bajo justificaciones contrainsurgentes, cometidos por integrantes de la fuerza pública directamente o en alianza con grupos paramilitares, que incluyeron violencias basadas en género en el contexto del conflicto armado. Estos hechos se dieron en tres modalidades.

En prime lugar, están las incursiones, masacres y violencias de género bajo el estigma insurgente. La JEP encontró que integrantes de la fuerza pública se aliaron con grupos paramilitares para incursionar en territorios donde sus habitantes fueron señalados falsamente de colaborar con la guerrilla y que, en el marco de dichas incursiones, utilizaron como formas de violencia no solo el asesinato y las torturas, sino también las violencias sexuales y otros tipos de violencias de género para doblegar a la población.

Contenido relacionado: De El Salado a Chengue: las 32 masacres de las AUC por las que imputaron a 11 exuniformados

El caso 11 de la JEP investiga la violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual en el marco del conflicto armado.
El caso 11 de la JEP investiga la violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual en el marco del conflicto armado.
Foto: JEP

"La investigación encontró que las víctimas fueron seleccionadas bajo el prejuicio insurgente y que, cuando este se combinó con prejuicios de género, ciertas mujeres fueron atacadas por el señalamiento de ser ellas mismas enemigas, de ser parientes de personas acusadas de ser guerrilleras o de apoyar al grupo contrario. El uso de la violencia de género no fue accidental, sino que operó como medio de humillación, castigo, terror o expulsión del conjunto de las comunidades", señala la imputación a los exuniformados.

Uno de los hechos ilustrativos es la incursión paramilitar a la provincia de Lengupá (Boyacá), en 1991, perpetrada en el marco de la alianza entre el grupo paramilitar Los Masetos y agentes de la fuerza pública. Los ataques recayeron sobre campesinos, dirigentes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) e integrantes o simpatizantes de la Unión Patriótica. Allí, los paramilitares cometieron torturas sexualizadas contra algunos hombres y violencia en contra de mujeres lideresas por su participación política.

Por otro lado, están los operativos individualizados de persecución y castigo contrainsurgente. Esa instancia de justicia transicional documentó que hubo estigmatización de sectores de la población civil como integrantes o colaboradores de grupos insurgentes, junto con la utilización de información de inteligencia no verificada y los señalamientos no comprobados de guías e informantes, una colaboración criminal que contribuyó a la transformación de actuaciones militares en escenarios de criminalidad como torturas.

Lea: “La violencia siempre es adversaria de la justicia”: presidente de la Corte Suprema

"Esta desviación de la legítima acción de la fuerza pública propició contextos en los que la estigmatización y la desprotección de las víctimas se combinaron con concepciones discriminatorias y relaciones desiguales de poder, favoreciendo violencias sexuales y basadas en género como formas de dominación, humillación, castigo e intimidación. La Sala acreditó y escuchó a víctimas que, en el marco de capturas y detenciones por parte de la fuerza pública, fueron agredidas mediante torturas y violencia sexual", dice la JEP.

Un ejemplo de estos hechos es un operativo militar ilegítimo en La Gallera, en Puerto Asís (Putumayo), en 2006. Los uniformados que estaban buscando a presuntos integrantes de la guerrilla entraron a una gallera en la que se celebraba una fiesta y cometieron actos de violencia sexual en el marco de las requisas y búsqueda de integrantes de la insurgencia. "En operativos en los que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, en ocasiones también se perpetraron violencias basadas en el género", señala la imputación.

Publicidad

La tercera modalidad corresponde a ataques basados en el género contra personas y liderazgos señalados de tener vínculos con la guerrilla de manera directa o indirecta. Según la JEP, algunas personas, principalmente mujeres, fueron victimizadas bajo el señalamiento de ellas mismas pertenecer o auxiliar a la guerrilla, tener relaciones afectivas o familiares con guerrilleros o porque su labor de liderazgo fue catalogada como una forma de colaboración encubierta con la insurgencia.

Le puede interesar: La historia del soldado discriminado en el Ejército que le ganó histórica demanda al Estado

"Estos señalamientos las expusieron a ser objeto de violencia y agresión, incluido el uso de la violencia sexual, la exigencia de cumplir con labores domésticas o la privación de sus derechos más básicos, como la participación en la vida pública de sus comunidades. Los ataques sostenidos contra la Organización Femenina Popular en el Magdalena Medio o contra la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia dan cuenta de cómo los liderazgos femeninos fueron estigmatizados y perseguidos", explicó el magistrado Óscar Parra Vera.

Publicidad

Un ejemplo de cómo funcionó esta modalidad de violencia dentro del primer patrón criminal identificado y documentado por la JEP es lo ocurrido en San Juan de Arama (Meta), donde una familia fue atacada en el proceso de búsqueda de un guerrillero y en el que las mujeres de dicha familia fueron torturadas y agredidas sexualmente. El hecho, según la investigación, evidencia cómo las violencias de género contra mujeres fueron utilizadas para castigar a quienes eran señalados, real o falsamente, de pertenecer a la guerrilla.

El segundo patrón criminal corresponde a las violencias basadas en género contra la población civil utilizadas como forma de apropiación, castigo o disciplinamiento, facilitadas por el despliegue, la presencia o el dominio territorial de integrantes de la fuerza pública. Este se dividió en dos modalidades. La primera se refiere a las violencias basadas en género como forma de apropiación sexual, reproductiva y doméstica, donde integrantes de la fuerza pública se "aprovecharon de las mujeres" para violentarlas.

Publicidad

Lea: DNI habría intentado obtener censo electoral antes de primera vuelta presidencial

El magistrado Óscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, lidera la investigación de este subcaso que aborda crímenes en distintas regiones del país.
El magistrado Óscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, lidera la investigación de este subcaso que aborda crímenes en distintas regiones del país.
Foto: JEP

"Integrantes de la fuerza pública aprovecharon la presencia y capacidad de coacción y coerción en los territorios que el escenario del conflicto les otorgaba para disponer sexualmente de las víctimas. Estos actos fueron cometidos bajo la idea de que las mujeres están disponibles sexualmente para los hombres y que tienen obligaciones de atención, cuidado y satisfacción sexual hacia ellos. El uniforme, las armas y la presunción de legalidad de las actuaciones facilitaron la violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes", dice la JEP.

Ejemplos de ello son las violaciones sexuales perpetradas en el marco de un puesto de control o retén militar en Nariño, en 2008, en el que el comandante de un pelotón violentó sexualmente a una niña a quien se le impidió el paso por falta de documentación y se permitió su agresión sexual por parte de un guía que acompañaba a la tropa. También el caso de violaciones sexuales y asesinato de dos niños y una niña en Tame (Arauca) en 2010, por parte de Raúl Muñoz Linares, cuyos superiores habrían permitido.

Publicidad

La segunda modalidad se refiere a violencias basadas en género como forma de castigo o disciplinamiento. Según la JEP, muchas mujeres fueron agredidas por integrantes de la fuerza pública por rechazar sus pretensiones sexuales, por incumplir toques de queda o por desobedecer sus llamados a reuniones. También algunas mujeres fueron castigadas por buscar a sus familiares desaparecidos. Y personas con orientaciones sexuales diversas fueron castigadas por no cumplir con los roles de género socialmente impuestos.

Más contenido: “Le pido al Gobierno que asuma la responsabilidad de la seguridad”: magistrado Danilo Rojas

"Las persistentes violencias que vivieron en entornos de conflicto armado, en los que se profundizó la discriminación en su contra y que los dejaban ante una mayor vulnerabilidad, fueron conocidas por la sala (…) Los hombres también vivieron esos castigos y disciplinamientos. La sala acreditó individualmente a 55 hombres y a un colectivo que suma 115 hombres víctimas de violencia sexual. Aunque sus hechos se presentaron en diversas zonas del país, se concentraron en la región Caribe", expone la imputación.

Publicidad

Ejemplo de ello son la servidumbre y esclavitud a las que fueron sometidas 22 niñas y jóvenes en Puerto Gaitán (Meta), algunas de las cuales fueron víctimas de violaciones sexuales y otras del rapado de sus cabezas. La JEP documentó que integrantes de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada retuvieron a las mujeres con la finalidad de "castigarlas" por sus comportamientos. Las trasladaron al Alto de las Neblinas y a otras fincas, donde las sometieron a trabajos forzados. Durante el cautiverio, los paramilitares controlaron su movilidad, alimentación, vestuario y lugares de descanso.

"Esta decisión constituye un avance en el esclarecimiento de las violencias basadas en género cometidas por la fuerza pública contra la población civil durante el conflicto armado, de manera directa o en sus alianzas con grupos paramilitares. En la vida militar, el ideal del ‘buen soldado’ definía qué conductas se premiaban como signos de fortaleza y lealtad y cuáles se despreciaban por asociarse con lo femenino. En la relación con la población civil, los estereotipos de género podían convertir la vida íntima, los vínculos afectivos o el liderazgo comunitario de una persona en supuestos indicios de cercanía con la guerrilla", concluyó el magistrado Óscar Parra Vera.

Publicidad

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Conoce más

 

Comentarios
  • Tayrona(31467)•17 de noviembre de 2026 – 09:49
    Gracias JEP!. Por esto es que quieren acabarte. No desfallezcan señores magistrados de la JEP. Tanto con unos como con los otros la justicia debe aplicarse para sanar.
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido