Una ambulancia estrellada contra una vivienda en San Cristóbal; otra involucrada en la caída de un motociclista en Suba, y dos circulando sobre un andén en Fontibón son situaciones que ponen bajo la lupa este servicio. Y si se suman las críticas de la Personería, sobre desigualdad en los tiempos de respuesta y las dificultades para hacerles seguimiento a los operadores, el panorama se complica.
Las cifras validan las dudas: Por un lado, según la Secretaría de Movilidad, entre enero de 2024 y septiembre de 2026 hubo 163 siniestros con lesionados (siete con fallecidos) y 1.027 comparendos. Por el otro, un informe de la Personería (analizó 253.842 servicios) indicó que, si bien el tiempo promedio de respuesta bajó de 24,6 minutos en 2024 a 22,7 en 2025, en 31.146 servicios (el 26,6 %) tardaron más de 30 minutos y en 3.200 más de la hora.
Infracciones y demoras
Aunque las ambulancias tienen prioridad al atender emergencias, también deben respetar las normas de tránsito. Su prelación en la vía, dice Movilidad, exige el uso simultáneo de luces y sirenas, sin eximir a los conductores de actuar con precaución. Sin embargo, los registros evidencian infracciones, muchas de ellas, fuera de servicio. Aunque en los últimos años han disminuido los comparendos, la situación no deja de preocupar: en 2024 se impusieron 440 (en promedio, 36 al mes); en 2025 fueron 363 (30 al mes), y entre enero y septiembre de 2026 sumaron 224 (24 al mes). Las infracciones más frecuentes fueron circular por sitios u horarios restringidos (264), no tener revisión técnico-mecánica (162), desobedecer a agentes de tránsito (87), estacionar en lugares prohibidos (87), conducir en contravía (55) y exceder la velocidad (43).
En cuanto a la oportunidad en la prestación del servicio, según la Personería, también hay asuntos por cuestionar. Aunque en la ciudad hay 944 ambulancias habilitadas (780 privadas y 164 públicas), la mayoría priorizan los accidentes de tránsito frente a urgencias críticas: en 2025, por ejemplo, mientras el 51,2 % de los heridos en accidentes recibieron ambulancia en menos de cinco minutos, el 21,2 % de los pacientes con paro cardiorrespiratorio, el 25,3 % con ACV y el 62,8 % de víctimas de violencia tuvieron que esperar más de 30. Las mayores demoras fueron en Usme (49,6 %), en Bosa (37,4 %), en Suba (32,8 %) y Ciudad Bolívar ( 31,7 %).
Vacío de registros y control
Para operar en la ciudad, las ambulancias deben estar vinculadas a un prestador inscrito en el REPS, contar con habilitación de transporte asistencial y cumplir normas de personal, dotación, mantenimiento, equipos médicos, seguridad del paciente, la Resolución 926 de 2017 (Sistema de Emergencias Médicas) y la Circular 028 de 2021 (uso del emblema de Misión Médica y reporte de agresiones o infracciones).
En caso de un accidente, en el que se ve involucrada una ambulancia, la Policía verifica las condiciones del vehículo, documenta los hechos y determina posibles infracciones. También puede evaluar incumplimientos legales o de seguridad. Pero, ¿qué sucede cuando estos vehículos ocasionan lesiones o daños? ¿El trato es diferente si es pública o privada? La Secretaría de Salud explica que, cuando hay personas lesionadas, el CRUE coordina la respuesta en salud sin importar a qué prestador pertenezca.
Sin embargo, el mantenimiento, el personal, la dotación y las condiciones de operación de cada vehículo son responsabilidad del prestador a cargo, quien, además, debe investigar los siniestros, conservar registros de los recorridos, el personal, informar a las autoridades y aseguradoras los casos y adoptar medidas correctivas. Pese a ello, tal parece que la identificación de los responsables de incidentes viales o demoras en la atención actualmente enfrenta vacíos.
La Secretaría de Salud admitió que carece de un registro consolidado de siniestros viales que distinga entre ambulancias públicas y privadas —el CRUE no incluye esa clasificación—, lo que limita cruzar los accidentes con la vigilancia sanitaria, mientras que las cifras de Movilidad no permiten identificar en todos los casos el vehículo o el operador involucrado.
Por ejemplo, tras el caso de septiembre pasado, cuando una ambulancia chocó contra una vivienda, en en el barrio Libertadores de San Cristóbal, por un supuesto microsueño del conductor, no se pudo establecer a qué empresa pertenecía el vehículo. En principio, el reporte policial indicó que la placa era RAX971 y relacionaron el vehículo con la firma “Asismed”. Sin embargo, luego la Secretaría de Salud indicó que estaría relacionados, pero con la firma Asistencia Médica en Línea.
En medio del proceso, ASISMED S.A.S. rechazó cualquier vínculo con los hechos; alertó sobre un posible uso no autorizado de su marca, y negó relaciones con la firma mencionada por Salud. Para establecer quién operaba realmente los automotores, el Distrito explicó que requiere cruzar placas, registros de habilitación, contratos y geolocalización, ya que el nombre comercial de la empresa no es suficiente.
Entre 2024 y lo corrido de 2026. la Secretaría de Salud ha abierto 88 investigaciones administrativas contra operadores de ambulancias (11 por condiciones de habilitación y 77 por fallas en la calidad del servicio). La entidad recordó que, aunque investigar accidentes corresponde a las autoridades de tránsito, puede actuar cuando existan indicios de falta de habilitación, suplantación de operadores, fallas de mantenimiento, personal no idóneo o patrones de conducción insegura ligados a fallas empresariales.
Ante el cúmulo de accidentes, infracciones, líos en los sistemas de control y fallas en el servicio, la Personería fue clara: “La Secretaría de Salud requiere un protocolo más claro que permita garantizar el derecho de acceso a la salud y condiciones equitativas para todos los ciudadanos. Hemos recibido muchas quejas y por eso vamos a continuar haciendo este seguimiento”, afirmó Andrés Castro, el personero de Bogotá. Aunque la Administración anunció en octubre que trabaja en definir estándares de servicio, aún no ha fijado fecha para implementarlos. Así, entre siniestros viales, desigualdad en los tiempos de espera y vacíos de información, sigue pendiente una trazabilidad efectiva y reglas claras que protejan tanto a los pacientes como a los demás actores en la vía.
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Jorge(97897)•Hace 19 minutosEn Bogotá y en otras ciudades?