Del reconocimiento a la concurrencia

Opinión

Foto: El Espectador

Hace unos días asistí a la conmemoración de los treinta años de la Mesa Permanente de Concertación, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Mientras escuchaba a quienes participaron en las movilizaciones que dieron origen a estos espacios, pensaba en algo que ocurre con muchas conquistas democráticas: una generación lucha por hacerlas posibles y la siguiente puede recibirlas como si siempre hubieran estado ahí.

No siempre estuvieron.

Treinta años atrás, en 1996, Colombia todavía intentaba convertir en realidad las promesas de la Constitución de 1991. Entre el reconocimiento formal de la diversidad étnica y cultural y el ejercicio efectivo de los derechos existía una distancia enorme.

En medio de esa brecha, Natividad Mutumbajoy, mama del pueblo Inga, caminó desde su territorio ancestral en el Caquetá hasta Bogotá. Hizo parte de las movilizaciones indígenas de ese año, entre ellas la toma de la Conferencia Episcopal durante cuarenta días. Aquella movilización abrió un nuevo ciclo de interlocución con el Estado: el 8 de agosto de 1996 se expidieron dos decretos fundamentales. El 1396 creó la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; el 1397, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la Mesa Permanente de Concertación (MPC).

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Mientras se abrían estos nuevos espacios de interlocución, Colombia seguía desmontando parte del andamiaje jurídico heredado del siglo XIX. En abril de ese año, apenas cuatro meses antes de la creación de la MPC y la CNTI, la Corte Constitucional tuvo que pronunciarse sobre varios artículos de la Ley 89 de 1890. No era letra muerta: varias de sus disposiciones seguían vigentes más de cien años después.

La ley había sido expedida para determinar “la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. Entre las disposiciones examinadas por la Corte estaba el artículo 40, que asimilaba a los indígenas a la condición de menores de edad para el manejo de sus porciones en los resguardos. En la Sentencia C-139 de 1996, con ponencia de Carlos Gaviria Díaz, la Corte declaró inexequibles varios de esos preceptos por ser incompatibles con la Constitución de 1991 y su reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.

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La coincidencia no es menor. En 1996 Colombia todavía estaba desmontando jurídicamente una concepción tutelar mientras los pueblos indígenas se movilizaban para construir nuevas formas de interlocución con ese mismo Estado. No fue una evolución natural ni ordenada. Buena parte de esa transformación fue impulsada por los propios pueblos, sus autoridades y organizaciones.

Treinta años después, estas instancias hacen parte de una arquitectura de interlocución que Colombia ha construido y que ha dejado aprendizajes más allá del país. La reciente Mesa Amazónica de Pueblos Indígenas, en el ámbito de la OTCA, recoge una idea que aquí lleva décadas poniéndose a prueba: los pueblos no pueden aparecer únicamente como invitados cuando una decisión los afecta; necesitan espacios permanentes de interlocución.

La conmemoración deja también una pregunta para los próximos treinta años: ¿qué significa realmente reconocernos como un país pluriétnico cuando distintos pueblos, autoridades, sistemas jurídicos y formas de conocimiento tienen que concurrir dentro de un mismo Estado?

Durante estas tres décadas ha habido avances importantes: territorios reconocidos y ampliados, espacios permanentes de concertación, desarrollos de la jurisdicción propia, políticas construidas con participación indígena y, más recientemente, pasos para hacer efectivas competencias territoriales y ambientales reclamadas por generaciones.

Esos avances importan. También hacen más visibles las brechas entre lo reconocido, lo acordado y lo que efectivamente ocurre en los territorios.

Hay una paradoja en la palabra que usamos para contar buena parte de esta historia: reconocimiento.

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El Estado reconoció territorios, autoridades, lenguas, jurisdicciones y sistemas de conocimiento que no comenzaron a existir cuando fueron incorporados a una Constitución, una ley o un decreto. Ya estaban allí. Vida, territorio, derecho propio y autonomía tampoco aparecieron cuando el Estado decidió nombrarlos. Los pueblos indígenas han sido sujetos activos de esa transformación, no destinatarios pasivos de ella.

Treinta años después, la pregunta es más exigente.

Reconocer puede significar incorporar al derecho aquello que el Estado acepta y protege. Pero supone también admitir que existen otras formas de ejercer autoridad, producir conocimiento y relacionarse con el territorio que tienen fundamento propio y no necesitan derivar su legitimidad de las instituciones estatales.

Colombia ha avanzado mucho más en lo primero que en lo segundo.

La Constitución dice que somos una nación pluriétnica y multicultural. La pregunta pendiente es cómo se gobierna un país que realmente lo es.

Pensemos en una autoridad ambiental indígena y una autoridad ambiental estatal con competencias sobre un mismo territorio. O en la jurisdicción propia y la ordinaria frente a asuntos que exigen coordinación. Ya no se discute simplemente la existencia de la autoridad indígena. El problema es cómo concurren autoridades y sistemas distintos sin que esa concurrencia termine convertida en subordinación.

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Esto ocurre en el territorio, la justicia, la salud, la educación, las lenguas y los sistemas de conocimiento. Y tropieza con una característica del Estado: administra por sectores. Tierras por un lado, ambiente por otro, justicia por otro más, cada uno con sus entidades, procedimientos y presupuestos. Para muchos pueblos, en cambio, territorio, agua, memoria, conocimiento y autoridad no son piezas separadas que después se ensamblan.

Algo semejante ocurre con las lenguas. Su reconocimiento como oficiales en los territorios indígenas pierde alcance si una persona no puede entender una decisión administrativa, acudir a la justicia o relacionarse con el Estado en su propia lengua. Una lengua tampoco contiene únicamente palabras: guarda conocimientos, memoria, maneras de interpretar el territorio y relaciones entre generaciones. Cuando una institución solo puede escuchar en castellano, el problema excede la traducción.

Los avances de estas tres décadas conviven con una dificultad persistente: convertir decisiones, acuerdos y órdenes judiciales en capacidades, recursos y garantías efectivas en los territorios.

El Auto 004 de 2009 es uno de los ejemplos más duros. La Corte Constitucional advirtió entonces que numerosos pueblos indígenas enfrentaban riesgo de exterminio físico y cultural y ordenó medidas específicas para protegerlos. Diecisiete años después, buena parte de esa agenda continúa abierta.

Cambian gobiernos y funcionarios; se reinstalan mesas, se actualizan diagnósticos y se reformulan planes. Se suceden decisiones judiciales, compromisos y nuevas normas mientras asuntos fundamentales pasan de una administración a la siguiente sin resolverse. La distancia entre la norma y el territorio termina midiéndose en generaciones.

Mirar estos treinta años exige reconocer ambas cosas. La MPC, la CNTI y la Comisión de Derechos Humanos cambiaron la interlocución entre los pueblos indígenas y el Estado y han permitido avances concretos. También acumulan acuerdos pendientes, compromisos incumplidos y discusiones que vuelven una y otra vez.

Hay preguntas que corresponde hacerse también hacia adentro: qué ocurre con una conquista política cuando se institucionaliza; cómo transmitirla a generaciones que no vivieron las luchas que la hicieron posible; cómo evitar que la concertación se convierta en trámite para el Estado o en rutina para las organizaciones. Una institución nacida de una movilización también tiene que preguntarse, treinta años después, cómo conserva su capacidad de transformar.

Pero esta historia desborda la agenda indígena.

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Cada vez que los pueblos indígenas consiguieron establecer límites al poder del Estado; que ciertas decisiones tuvieran que ser consultadas o concertadas; que una autoridad propia pudiera ejercer sus competencias; que una lengua tuviera derecho a ser escuchada; o que una determinada idea de desarrollo no pudiera imponerse sin más sobre un territorio, ampliaron nuestra comprensión de la democracia.

Y recordaron algo elemental que las democracias olvidan con facilidad: la mayoría, por el solo hecho de serlo, no tiene derecho a decidirlo todo.

Esto importa ahora. Los derechos pueden seguir escritos mientras pierden eficacia. Los mecanismos de participación pueden conservar sus nombres mientras se vacían. La democracia no se agota en las elecciones: depende también de los límites al poder, de la posibilidad de disentir y de instituciones capaces de garantizar derechos incluso cuando quienes los reclaman no constituyen la mayoría.

El territorio estaba antes del título. La autoridad, antes del decreto. Las lenguas y los conocimientos, antes de su reconocimiento constitucional. Y los pueblos eran sujetos políticos mucho antes de que el Estado estuviera dispuesto a tratarlos como tales.

Treinta años después de aquella caminata de Natividad Mutumbajoy hacia Bogotá, la relación con el Estado ya no es la de 1996. Hay derechos conquistados, instituciones construidas, territorios protegidos y formas de interlocución que entonces apenas comenzaban a abrirse camino. Las brechas que persisten no borran esos avances; muestran cuál es el paso que sigue.

En 1996 había que conquistar reconocimiento e interlocución. En 2026 el desafío es hacer efectiva la concurrencia: gobernar, de verdad, en la pluralidad. En ese camino, los pueblos indígenas no solo ampliaron su lugar dentro del Estado. Ampliaron también nuestra democracia. Y esa democracia no puede darse por sentada.

*Directora regional de Amazon Conservation Team.

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