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“La evaluación global lanza una advertencia clara”, dijo Pauli Merriman, directora sénior de Océanos de WWF Internacional en una rueda de prensa este viernes 30 de octubre, último día oficial de la COP17. “La implementación no avanza al ritmo ni a la escala necesarios para cumplir con el marco mundial para la biodiversidad de cara a 2030. Hemos observado avances alentadores por parte de las partes, pero aún quedan decisiones cruciales pendientes. Lo que ocurra en estas horas finales ayudará a determinar si el mundo todavía está a tiempo de transformar sus compromisos para 2030 en resultados concretos. En lo que respecta al océano, la brecha en la implementación resulta especialmente marcada”, declaró.
El año 2026 marca el “punto intermedio” del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (KMGBF, por sus siglas en inglés), y a medida que se acerca el plazo de 2030, el desafío se centra cada vez más en la ejecución: ampliar la protección, garantizar que esta abarque los lugares más importantes para la biodiversidad y asegurar que las áreas protegidas y conservadas generen resultados de conservación significativos.
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Según datos del “Informe sobre la brecha en la protección de los océanos 2026” (Ocean Protection Gap Report 2026), publicado en septiembre de este año, mientras que a la fecha el 20% de las áreas terrestres y las aguas continentales están ahora designadas como protegidas o conservadas, con un posible aumento hasta aproximadamente el 27% para 2030, la protección oceánica declarada se sitúa en apenas un 10%, y las metas actuales solo alcanzarían, según las previsiones, un 12% para 2030.
La cifra es más crítica si se mira el porcentaje del océano que se considera protegido de manera efectiva: el 3,5%. Merriman explica que no sólo se trata de trazar líneas en un mapa y designar más áreas de protección, sino de que haya una protección eficaz.
¿Pero qué significa que un área sea efectivamente protegida?
El informe “Más allá del porcentaje: hacer realidad el 30×30 en el océano” (Beyond the Percentage: Delivering 30×30 in the ocean), publicado en octubre en el marco de la COP17, analizó la redacción de la Meta 3 del KMGBF, también conocida como el objetivo 30×30, identificando seis dimensiones que indican en qué consiste el éxito para una implementación eficaz de dicha meta.
Estas dimensiones son: proteger las áreas más importantes para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, conectarlas en redes representativas e interconectadas –donde se menciona al Corredor Marino del Pacifico Este Tropical (CMAR), en el cual se encuentran las áreas marinas protegidas de las islas Gorgona y Malpelo–, garantizar que se gestionen de manera eficaz, que reconozcan y respeten los derechos humanos, que se gobiernen de forma equitativa y que estén integradas en paisajes marinos más amplios.
En el 2022, Colombia superó la meta del 30 % de áreas marinas protegidas, pasando de tener 12 millones de hectáreas de zonas marinas bajo protección (13,41 %), a 30 millones, que equivalen al 33 % del territorio marino del país. Sin embargo, el reto ahora es pasar de una protección en términos de superficie a una conservación efectiva.
De acuerdo con Sandra Valenzuela, Directora Ejecutiva de WWF Colombia, dentro de las prioridades del nuevo gobierno está fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas ya creadas e incrementarlas en zonas costeras, así como adoptar medidas de adaptación climática por la vulnerabilidad que tienen, tanto en el Pacífico como en el Caribe.
La financiación sigue siendo un desafío. Se requiere más voluntad política
El informe “Estado de la financiación internacional para el objetivo 30×30: actualización de 2026” (State of International 30×30 Funding: 2026 Update), publicado también en el marco de la COP17, revela que la financiación proveniente de fuentes bilaterales, multilaterales y filantrópicas disminuyó, en todos los casos, con respecto al año pasado.
La brecha es especialmente marcada en el caso del océano, para el cual se requieren aproximadamente USD 16.000 millones anuales, pero en la actualidad solo se destina una cifra estimada de USD 1.800 millones.
“Los países ricos gastan cada año más de 10 veces en chicle de lo que destinan a impulsar la meta 30×30 en los países en desarrollo”, señaló Brian O’Donnell, director de Campaign for Nature –una iniciativa global que trabaja para apoyar el objetivo 30×30, y una de las organizaciones que produjo el informe.
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Por su parte, Steven Guilbeault, asesor sénior en Campaign for Nature, dijo que, aunque se ha visto un aumento en los esfuerzos de conservación, especialmente en el Sur Global, “quienes debían aportar el incremento en la financiación no están cumpliendo con su parte del acuerdo”.
Este escenario implica una mayor necesidad de asignar fondos de los presupuestos nacionales para avanzar en la protección de la biodiversidad, para lo cual también se requiere voluntad política.
“No es cuestión de no tener suficiente dinero. Se trata de reorientar nuestras prioridades hacia donde más se necesitan”, dijo Merriman tras señalar que USD 22.000 millones al año son destinados a subsidios pesqueros perjudiciales.
“No podemos seguir considerando la protección y conservación de los océanos como un costo, sobre todo cuando sabemos cuánto estamos gastando hoy en día en socavar la salud de nuestro ecosistema oceánico. Por eso, redirigir los subsidios perjudiciales va a ser absolutamente fundamental para captar la inversión necesaria a fin de construir resiliencia, en lugar de destrucción”, expresó.
Por su parte, O’Donnell apunta a las industrias que están afectando la biodiversidad como una fuente de recursos.
“Vemos que las industrias del petróleo y el gas, la minería y las flotas pesqueras industriales que están causando daño a la biodiversidad tienen una responsabilidad”, expresó. "Por lo tanto, los gobiernos pueden gravar y regular esas industrias para generar más recursos. Así que, en realidad, es una cuestión de voluntad política”, continuó.
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Para O’Donnell, no financiar la protección marina genera mayores costos al tratar de restaurar un ecosistema.
“Proteger una zona resulta siempre muchísimo más barato que restaurarla. Y, aun cuando la restauramos, rara vez logramos que recupere el estado en el que se encontraba anteriormente”, dijo.
Y no solo eso. Estamos llevando a la naturaleza a umbrales críticos, viendo los impactos en forma de tormentas, cambios en la temperatura, pérdida de especies y una serie de efectos en cascada, explicó O’Donnell.
“La naturaleza necesita recibir financiación. Es el sistema de soporte vital para toda la vida en la Tierra; constituye nuestro clima, nuestra alimentación y nuestra salud. Por ello, debe convertirse en una gran prioridad global en materia de financiación”, expresó.
El tratado de alta mar: una oportunidad para avanzar en la meta del 30 %
El área de alta mar abarca aproximadamente dos tercios del océano global, pero permanece en gran medida sin protección. Según datos de ONGs, menos del 1% está efectivamente protegido.
Organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Campaign for Nature, High Seas Alliance y World Resources Institute coinciden en que el Tratado de Alta Mar (oficialmente, el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales o Acuerdo BBNJ) es una oportunidad clave para acelerar la protección del océano y cumplir con la meta del 30×30.
“El Tratado de Alta Mar representa la mayor oportunidad para cerrar esta brecha; sobre todo porque estamos muy lejos de alcanzar nuestro objetivo de proteger el 30 % de los océanos”, dijo Rebecca Hubbard, directora de la High Seas Alliance.
Aunque Hubbard reconoce que la creación de las primeras áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar supondrá un desafío, considera que “existe más ambición e impulso que nunca, especialmente ante las crisis planetarias a las que nos enfrentamos”. Como explica Hubbard, el Tratado de Alta Mar proporciona por primera vez el marco jurídico necesario para abordar y cerrar esa brecha del 30% para el 2030.
Si bien Colombia se encuentra dentro de los 145 países que ya firmaron el acuerdo, este aún no ha sido ratificado.
Para Valenzuela, es importante ratificar el Tratado de Alta Mar, ya que no solo el área del territorio marítimo de Colombia es casi igual de grande que el territorio terrestre, sino porque también por sus aguas se mueven especies migratorias como las ballenas y los tiburones, por lo que para ella, Colombia tiene una responsabilidad en el manejo y la gobernanza en las áreas marinas que van más allá de la zona económica exclusiva.
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“Necesitamos generar en estas áreas comunes un manejo adecuado”, agregó Valenzuela, refiriéndose a la conectividad del océano. “Si no, lo que pase acá o pase allá va a afectar nuestro propio territorio y nuestras propias especies”, expresó.
“¡Colombia, ratifica ya!”, fue el llamado de Hubbard. “Gracias a tu liderazgo y experiencia en conservación, tienes mucho que aportar al Tratado de Alta Mar. Pero, si no ratificas antes del 12 de diciembre, no podrás votar en la COP1 ni influir en cuestiones fundamentales que, a la larga, determinarán el éxito del Tratado de Alta Mar a largo plazo”.
La primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo BBNJ se llevará a cabo del 11 al 22 de enero de 2027 en la sede de la ONU en Nueva York, a la que Hubbard espera que los gobiernos acudan “con una actitud ambiciosa y constructiva para acordar la estructura institucional y las normas de funcionamiento necesarias para el éxito a largo plazo del Tratado”.
*Periodista independiente
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