El fantasma de la extorsión sigue presente en Bogotá. Así lo denuncian comerciantes del barrio San Antonio Galán, en Bosa, donde la noche del lunes tres personas fueron baleadas por sujetos en un fruver. Los atacantes huyeron en moto. Del hecho resultó asesinado un reconocido comerciante, dueño del establecimiento, quien murió en la escena, mientras otros dos heridos eran trasladados a centros médicos. Allegados denunciaron que el dueño del local se había negado a pagar “vacunas”, producto de amenazas anteriores.
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Este tipo de escenas e historias continúan sucediendo en las entrañas de la ciudad. Las víctimas son, principalmente, comerciantes vulnerables, tales como conductores informales y dueños de negocios de diversas naturalezas. En contraste a este crudo panorama, la capital reportó una reducción de más del 20 % en las denuncias en 2025, pero este y otros asesinatos recientes se suman a un panorama que continúa dejando víctimas.
Datos vs. realidad
El 26 de noviembre de 2025, Giovanny Gómez, de 39 años, fue asesinado en la transversal 15 Este con calle 58 sur, en la localidad de San Cristóbal, por sujetos que se movilizaban en moto. Desde el primer momento, habitantes de la zona apuntaron a una dolorosa hipótesis: su asesinato estaría relacionado con las intimidaciones, amenazas y cobros extorsivos que grupos criminales están imponiendo a conductores informales, en especial en las zonas más apartadas del oriente y del occidente de Bogotá.
Los vecinos denunciaron en varios medios que Gómez se había negado a pagar la “vacuna” exigida para permitirle trabajar sin represalias. Dos personas, señaladas como los autores materiales del ataque, fueron capturadas.
La noche del 15 de septiembre, en el extremo occidente de la ciudad, en el barrio Cantalejo, en Suba, asesinaron a José Ricardo Pasaje Trujillo mientras conducía la camioneta con la que trabajaba. Testigos aseguran que dos personas en una moto interceptaron el vehículo y una mujer, sin mediar palabra, abrió fuego.
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En el barrio Los Libertadores, también en la localidad de San Cristóbal, asesinaron a un conductor informal en medio de un ataque con arma de fuego. A la víctima la interceptaron en un cruce vehicular y, cuando frenó para acatar una señal de pare, un motociclista, que lo venía siguiendo, le disparó a quemarropa. En este caso, la hipótesis también apunta a presiones extorsivas relacionadas con su oficio.
Los anteriores son apenas algunos de los casos de los que se tiene conocimiento público. A estos se suma el reciente caso en el fruver en Bosa y nuevas amenazas que provienen de la localidad Bosa. Hechos que se distancian de los datos.
El 2025 fue uno de los que registró menos ingresos de denuncias por extorsión. Con 1.910 denuncias, el año cerró con un –20 % de casos, 463 menos que los registrados el año inmediatamente anterior, en el que se reportaron 2.373. Esto, empero, no significa que el delito haya disminuido. El contexto es más complejo: por ejemplo, entre 2023 y 2024 los casos subieron 73 %, pero esto la Alcaldía lo atribuye a una campaña de denuncia promovida en ese año.
“La extorsión es uno de los delitos que ha fluctuado en estos dos años de gobierno del alcalde Galán. Pero es un delito que puede tener un subregistro del 99 %, lo que hace que se perciba que está aumentando de manera considerable. Hay que anotar que, a diferencia de otros delitos, se estima que más del 50 % de las extorsiones proviene de los centros carcelarios en Bogotá y en el país”, analizó Hugo Acero, experto en seguridad.
En la capital, por ejemplo, el uso de armas es poco frecuente en las extorsiones. Entre este y otros medios empleados para cometer el delito, la modalidad más frecuente sigue siendo la llamada telefónica, con 1.000 denuncias en 2024 y 789 en 2025 (–21 %). La extorsión directa fue la que más cayó en las denuncias reportadas, al pasar de 413 a 180 casos, lo que equivale a una reducción del 56 %. También disminuyeron las modalidades mixtas y las “no reportadas”, mientras que las cartas extorsivas se mantuvieron con 50 casos en ambos años. Los casos reportados sin uso de armas bajaron levemente, de 340 a 323 denuncias (–5 %).
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Un dato relevante es el comportamiento de la extorsión a través de redes sociales, que fue la única modalidad que aumentó: pasó de 544 casos en 2024 a 559 en 2025, un incremento del 2,7 %, lo que indica un crecimiento de las modalidades digitales, un reto adicional para la contención de este delito en Bogotá.
Aunque la data evidencia que las denuncias por extorsión disminuyeron, persiste la duda de si esta reducción corresponde a una real caída de los casos o a una disminución en la denuncia. César Restrepo, secretario de Seguridad, sostiene que las acciones de las autoridades han tenido efectos positivos en los datos:
“La extorsión es un delito muy sensible a la denuncia. En este momento las denuncias han disminuido, pero eso no significa que estemos desestimulando la denuncia. Lo que hemos hecho es golpear las estructuras de extorsión. Capturamos a extorsionistas y los llevamos ante la justicia, pero mientras no cambien las reglas de juego, es decir, las leyes y el control carcelario, este seguirá siendo un delito que exige una acción constante”, señaló a este diario.
Las autoridades sí han propinado golpes contra la extorsión. En medio de investigaciones, lograron desmantelar una de las bandas que sembraba el terror entre conductores informales de la localidad de Ciudad Bolívar, lo que permitió develar el funcionamiento de estas estructuras. En septiembre, anunciaron la captura de alias “El Coste”, señalado de pertenecer a una red de sicarios que se encargaba de atacar a conductores informales que no “colaboraran” con la organización.
Este grupo desplegaba sus acciones en sectores de Ciudad Bolívar como El Ensueño, Tres Esquinas, Mochuelo y Candelaria. Exigían a los conductores la suma de COP 50.000 semanales para permitirles trabajar y no atentar contra su integridad ni la de sus familias. A este grupo se le atribuyen, por lo menos, tres homicidios de conductores en la localidad.
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Si bien la extorsión puede mutar a otros medios y se desarrolla principalmente por canales telefónicos o digitales, la ciudadanía, en particular pequeños comerciantes e informales, aún está expuesta, en parte porque, “para los extorsionadores, esta modalidad delictiva funciona también como un mecanismo de control social y comunitario. Están en los barrios, en los territorios; los ciudadanos saben quiénes son, pero tienen miedo de denunciarlos porque las autoridades no están cerca, ni permanecen en los territorios, y no les tienen confianza”, dijo Acero.
Y mientras avanzan las investigaciones, la tarea de las autoridades locales es prevenir este tipo de hechos de extrema violencia de los cuales se lucran bandas criminales. La denuncia no puede desaparecer del foco y, como concluyó el experto en seguridad, “este problema no lo resuelve solo la Policía o la Fiscalía; es necesaria una intervención integral con el Distrito, con las instituciones de desarrollo social y de participación comunitaria para mejorar la seguridad, la conciencia, el desarrollo y el bienestar social”.
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Por Juan Camilo Parra
