Futuro de la rumba en Bogotá se debate entre la violencia y el impacto económico

El caso de Jaime Esteban Moreno, el universitario asesinado a golpes tras salir de una fiesta de disfraces en Chapinero, revive una preocupación: los delitos asociados a la mezcla de intolerancia, noche y alcohol. Y lo hace justo cuando Bogotá trabaja en la reglamentación del Decreto 293 de 2025, que regula el horario de establecimientos nocturnos hasta las 3:00 a.m. y promete habilitar zonas focalizadas en las que se permitirá la venta de licor hasta las 5:00 a.m.

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Dicho decreto, según explicó la administración, se expidió con el objetivo de reducir en más del 30 % los delitos violentos registrados en la capital entre las 12:00 a.m. y las 6:00 a.m., especialmente los fines de semana y en zonas de alta concentración de bares y discotecas, así como mejora de la convivencia.

La preocupación no es menor. Aunque el gremio de bares insiste en que no se les puede atribuir la violencia (riñas, lesiones y homicidios) que se desata en las madrugadas de los fines de semana, lo cierto es que esa violencia sí viene en aumento. Entre enero y septiembre de este año, en este horario aumentaron los homicidios 5 % (pasaron de 258 a 273 casos) y las lesiones personales, el 10 % (pasaron de 2.673 a 2.929).

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En datos generales, se sabe que entre las 6:00 p.m. del viernes y las 6:00 a.m. del sábado, y entre las 6:00 p.m. del sábado y las 6:00 a.m. del domingo (solo 24 horas) ocurre uno de cada cuatro asesinatos y tres de cada 10 casos de lesiones personales. Al respecto, concejales como Rocío Dussán advierten que las madrugadas de los fines de semana siguen siendo críticas para la seguridad en la ciudad.

“Es necesario revisar si los decretos de la administración sobre el horario de rumba son efectivos. La intención del alcalde Carlos Fernando Galán con el Decreto 293 era reducir los hechos de violencia limitando el horario de funcionamiento de los establecimientos nocturnos hasta las 3:00 a.m. Sin embargo, si nos remitimos a las cifras, está lejos de cumplir su objetivo”, señaló Dussán.

Desarrollo económico y seguridad

El decreto se expidió a mediados de año, fijando un horario de cierre estándar para todos los bares y discotecas, revocando el permiso que tenían algunos para operar hasta las 5:00 a.m. Esto, en apariencia, temporal mientras se adelanta un estudio para establecer las zonas de la ciudad donde podrían operar este tipo de establecimientos hasta el amanecer. Estas zonas se están definiendo a la luz de un nuevo indicador que creará la administración denominado índice de seguridad, convivencia y orden urbano, que analizará los datos en tres dimensiones: seguridad, convivencia y orden urbano; es decir, los delitos que ocurren en la zona, las riñas y los puntos críticos, como el de acumulación de basuras de las zonas de rumba en Bogotá.

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Los indicadores, combinados con el uso de suelo establecido en el POT, servirán para delimitar los sectores donde podrán operar los llamados “amanecederos”. Este análisis, aclara el Distrito, solo se aplicará en zonas con una concentración de mínimo 10 establecimientos de comercio con venta y consumo licor, en un perímetro de 75 metros entre establecimientos.

El asunto es que, para hacerlo, la norma fijó un plazo de 90 días, el cual ya se venció. A la fecha no se conoce con precisión si la medida ha tenido el impacto que esperaban en seguridad, ni las zonas focalizadas, ni los requisitos que se deben cumplir para que algunos establecimientos puedan volver a operar en jornada extendida. Aunque al analizar las estadísticas de la Policía de lesiones personales se encuentra que estas aumentaron en agosto y septiembre, el homicidio reportó una disminución considerable en septiembre del 36 %.

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Toda esta situación ha desatado la molestia del gremio de los bares, representado en Asobares, que sigue a la expectativa sobre la evolución de una medida que, consideran, se expidió sin estudios técnicos verificables, golpeando la economía del sector. Aunque las autoridades tienen claro que el proceso debe ser riguroso y de ahí la demora, el malestar de los comerciantes se entiende a la luz de la incertidumbre que les genera mantener la restricción de operar hasta las 3:00 a.m., justo en una de las épocas más movidas para su negocio como la temporada de fin de año.

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Camilo Ospina Guzmán, presidente de Asobares, a través de una carta que dirigió el pasado viernes al alcalde y a los secretarios de Gobierno y Seguridad, reclamó el hecho de que la administración no les hubiera presentado aún los resultados, los informes ni los ajustes técnicos que sustenten la continuidad o eficacia de la medida. “El Distrito no ha entregado el balance ni el índice técnico para el seguimiento y la modulación de la política en dicho decreto”.

Recordó que la economía nocturna ha movido COP 4,6 billones este año, a través de 36.000 establecimientos registrados en Cámara de Comercio, y que genera alrededor de 435.000 empleos directos e indirectos en la ciudad, pero que, producto del último decreto, los empleados han sufrido una reducción de 22 % de los ingresos, se han cancelado eventos y perdido 16.400 plazas laborales.

En cuanto al tema de seguridad, independiente de los hechos de violencia que enlutan la ciudad, aseguró que el aumento de la violencia en las madrugadas de los fines de semana no es por los establecimientos formales, sino por la restricción. Explicó que, debido a eso, se incrementa “la ilegalidad y la migración de la actividad a zonas sin control institucional, en especial espacios privados”, como zonas residenciales y conjuntos, “generando problemas de convivencia por ruido e incrementando problemáticas como hurtos en estos espacios y sumisión química”.

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“Hemos actuado de buena fe, en cumplimiento de la ley y en articulación con las instituciones. Sin embargo, no hemos tenido una audiencia pública con el alcalde, a pesar de haberla solicitado expresamente, pues este espacio era el propicio para expresar objetivos, retos y oportunidades. Lamentablemente, hoy no existe la articulación ni los escenarios de concertación donde, en años anteriores, han salido las estrategias y acciones público-privadas que han impactado positivamente a la ciudad”, concluyó Ospina Guzmán.

¿Qué hacer?

Lo dicho por Asobares llevaría a pensar que la medida de restringir la operación de las discotecas y los bares en pro de la seguridad y la convivencia, de momento, no tendría sustento estadístico ni técnico. Lo más cercano sobre la efectivada de una medida que restrinja la operación de estos negocios son los resultados de la conocida “hora zanahoria” y su impacto en la disminución de la violencia.

Cuando se implementó, en 1993, la tasa de homicidios en la capital alcanzaba los 80 casos por cada 100.000 habitantes y gran parte de los casos se concentraba el fin de semana. Tras la medida y hasta 2000 se logró una gran disminución de la tasa de homicidios a 33 casos por 100.000 habitantes y una reducción de 35.000 reportes de riñas anuales a casi 24.000.

No obstante, esos indicadores vienen siendo cuestionados cada vez que se habla de modificar el horario de bares y discotecas, pues, pese a que la ciudad registró mejora en seguridad, ese éxito se le ha atribuido más a la operación de la Policía que a la medida misma, argumento que han mantenido en los últimos 25 años. Además, no se puede dejar de lado que, si bien cuatro de cada 10 homicidios en la ciudad están asociados a riñas e intolerancia y una porción ocurre en las noches de los fines de semana, los otros seis se les atribuyen a los grupos delincuenciales, que luchan por las rentas criminales.

De ahí que algunos expertos consideren que, justo ahora, cuando el Distrito trabaja en la reglamentación del decreto que precisa el horario de los establecimientos nocturnos, aproveche la oportunidad para lograr un punto que equilibre las dos necesidades: mejorar la seguridad sin sacrificar tanto la economía de la noche. En ese sentido, ven con buenos ojos que se esté pensando en crear zonas de rumba controladas, con horarios hasta las 5:00 a.m., y aplicar la restricción focalizada en establecimientos reincidentes en hechos de inseguridad o los territorios con líos de orden público.

Convivencia y resolución de conflictos

Pero la medida debe ir más allá, según recomiendan expertos en seguridad como Hugo Acero, quien descarta la restricción como solución. Para él, el foco se debe poner en aquellos que no saben solucionar las diferencias a través del dialogo y no se saben controlar. “La administración debe trabajar en la formación de ciudadanos como líderes comunitarios e incluso administradores o empleados de lugares con alta concentración de población en mecanismos alternativos de solución de conflictos y en el control de la ira”.

“Y lo segundo es que las autoridades de seguridad y justicia ejerzan mayor control frente a problemas como las riñas. Hoy la policía llega a una riña y separa a quienes se están agrediendo, pero van y las personas se vuelven a enfrentar. No se está haciendo uso adecuado del Centro de Traslado para la Protección. Si esto fuera así, la policía trasladaría a los dos agresores y allí, en pocas horas, se calmarían y no se agrederían. El alcohol no es el problema, son los malos comportamientos y ahí hay que trabajar”.

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Este mensaje lo refuerza Andrés Nieto Ramírez, otro experto en seguridad, al indicar que las situaciones de convivencia son de los principales retos en seguridad, pero en el caso de los establecimientos nocturnos se debe ajustar mejor la estrategia, sin pensar en la restricción como la única solución. “Es curioso que en Bogotá hay restricción de horarios y no han logrado disminuir los homicidios ni las lesiones. Contrario a esto, cuando se amplían los horarios con todas las condiciones de seguridad parecen aportar en la reducción de los índices”, resalta.

Y agrega: “Se requiere un plan, una mirada integral y un modelo de convivencia y justicia, porque se ha medido que seis de cada 10 bogotanos no confían en la justicia y tres estarían dispuestos a comprar algún tipo de elemento para defenderse de un delincuente o de alguna agresión en el espacio público. Y esa desconfianza, donde la gente no cree en una resolución pacífica de conflictos, lleva a que todo el tiempo haya tensión entre la ciudadanía”. Una vez más, el debate está sobre la mesa y para muchos la seguridad es prioridad. El reto, una vez más, será llegar a un punto donde se cumpla el propósito de la medida, sin golpear tan duro un sector que mueve la ciudad.

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