Nueva delimitación de Cruz Verde-Sumapaz: ¿Qué esperan las comunidades?

Durante años, en las veredas y los municipios alrededor de Cruz Verde-Sumapaz, el debate por la delimitación del complejo de páramos más grande del mundo estuvo en la incertidumbre. La primera delimitación, que se expidió en 2017, fue cuestionada por las organizaciones campesinas, pues consideraron que el proceso no garantizó su participación.

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Esto motivó una tutela que ordenó un nuevo proceso; esta vez, de la mano con las comunidades. La decisión final tardó casi una década y hoy marca el futuro de esta zona de protección. Fueron años de reuniones, asambleas, mesas técnicas y discusiones entre campesinos y entidades públicas. El resultado: la nueva delimitación del complejo, que abarca 314.706 hectáreas de 25 municipios de Cundinamarca, Meta y Huila, así como siete localidades de Bogotá.

Pero para quienes participaron, la resolución no cierra la discusión, solo abre otra etapa: definir los usos del territorio, el plan de manejo y cómo proteger un ecosistema clave para la seguridad hídrica de la región, sin desconocer a las familias que viven y producen allí.

Con ese fin, la resolución da un plazo de cuatro años para construir esa hoja de ruta. El período coincide con el inicio del nuevo cuatrienio presidencial. “Es un logro importante de la organización campesina”, dice Carlos Morales, integrante del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz y delegado ante la Coordinadora Campesina de Sumapaz y Cruz Verde.

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Para él, uno de los principales cambios frente a 2017 es que esta vez el campesinado dejó de ser un actor externo a la discusión ambiental. La resolución reconoce derechos, territorialidades y la economía campesina, además de plantear que quienes habitan el territorio también pueden aportar a su conservación, desde su experiencia.

Sandra Ortega, integrante de la Coordinadora Campesina y habitante de Venecia, Cundinamarca, quien participó desde 2019 en el proceso posterior a la tutela, recuerda que muchas comunidades ni siquiera tenían claridad sobre qué significaba la delimitación. “Casi nadie sabía qué se estaba planeando y qué iba a pasar con quienes vivimos, trabajamos y cuidamos la montaña”, afirma.

Según los dirigentes, durante el proceso se formularon casi 3.000 propuestas. Ese antecedente explica por qué la participación aparece una y otra vez en las voces campesinas. “Muchas veces no se nos consulta. Se entiende al campesino como un accesorio meramente productivo, que no tiene que ver con el territorio”, agrega Ortega. La discusión ahora es si esa participación sobrevivirá al de construir las reglas concretas.

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Lo que hay dentro de la línea

Misael Baquero, líder comunitario de Sumapaz, resume una de las mayores preocupaciones de las familias: temen que la delimitación pueda convertirse en una prohibición generalizada sobre todo lo que ocurre en el territorio. En su opinión, el campesinado no puede entenderse, en sí mismo, como un riesgo para el páramo. Lo que se necesita es identificar qué actividades generan impactos, cómo pueden transformarse y qué condiciones requieren las familias para hacerlo. “Queremos vivir del campo, como lo hemos hecho siempre, pero con más conciencia de qué significa el Sumapaz”, señala.

Morales, por su parte, recalca la diferencia entre la economía familiar campesina de pequeña escala y las actividades extensivas, que pueden generar mayores presiones. Pone como ejemplo la producción de papa a gran escala: “Un campesino no tiene el músculo económico para sembrar extensivamente por hectáreas. Históricamente eso lo han hecho personas ajenas al territorio”.

La ganadería tampoco puede quedar por fuera de la discusión. Aunque existen iniciativas para reducir su impacto mediante rotación de potreros, cercas vivas y otras prácticas, la actividad sigue ejerciendo presión sobre los ecosistemas de alta montaña. La discusión, por lo tanto, no es si la ganadería es sostenible por definición, sino cuánto se pueden reducir sus impactos, bajo qué condiciones específicas y quién asumiría el costo de dicha transición.

Misael considera que la pedagogía ambiental tampoco ha sido suficiente. Las escuelas ambientales, capacitaciones y demás estrategias que se desarrollan en el territorio “se quedan cortas” frente a las grandes necesidades. “Al final somos nosotros los que nos encargamos del cuidado del ecosistema, pero se puede potenciar mucho más esta labor”, sostiene.

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Mucho más que agua

La discusión cambia de escala cuando se observa qué se acaba de delimitar. Melizza Ordóñez, directora del programa de Ingeniería Ambiental de Uniagraria, insiste en que Cruz Verde-Sumapaz no puede entenderse simplemente como un páramo. Es un sistema de alta montaña, con más de 315.000 hectáreas, que está conectado ecológicamente con diferentes territorios y cuencas. Por eso es considerado el complejo de páramos más grande del mundo. Allí confluyen, además del Sumapaz y Cruz Verde, otros ecosistemas de páramo que forman una red de alta montaña de enorme diversidad y funciones, que trascienden las fronteras administrativas.

Por esta razón, su valor no radica solo en las hectáreas que aparecen en una resolución, sino en las conexiones ecológicas, hidrológicas y sociales de las que dependen millones de personas. Además, su importancia hídrica no se reduce al hecho de “producir agua”; estos ecosistemas captan, almacenan, infiltran, regulan y liberan progresivamente el recurso hacia las zonas bajas.

Sus suelos, vegetación y condiciones de humedad permiten esa función. Por eso, más que una fábrica de agua, son una infraestructura natural para regularla, explican los expertos y campesinos. En el caso de Cruz Verde, esa función se proyecta sobre varias cuencas de la región. La Secretaría de Ambiente de Bogotá ha destacado, por ejemplo, su relación con los ríos Tunjuelo, Sumapaz, Guaviare, Meta y Magdalena.

Y aunque este páramo no es el principal abastecedor directo del agua potable de Bogotá —ese papel corresponde principalmente a Chingaza, que aporta alrededor del 70 %—, sí forma parte del conjunto de ecosistemas de alta montaña que contribuyen a la seguridad hídrica regional. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, surte a unos 16 acueductos comunitarios, que benefician a 16.000 personas residentes en Usme, Ciudad Bolívar y Soacha, además de darles de beber a unas 3.300 familias del municipio de Pasca y alimentar sistemas de riego en Cundinamarca, Huila y Meta.

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Ahí está parte de la dimensión de lo que se acaba de delimitar: no se trata solo de proteger una montaña ubicada al sur de Bogotá que se extiende a varios municipios, sino de todo un engranaje fundamental dentro un sistema ecológico e hídrico de escala regional y excepcional riqueza. Por eso, Ordóñez considera que la nueva delimitación va más allá de entenderse como una simple línea.

“No debería verse solo como una línea dibujada en un mapa”, plantea. Esa línea debe convertirse en una herramienta para ordenar el territorio y garantizar que el ecosistema conserve su capacidad de regular el agua. Delimitar no basta: hay que garantizar las condiciones ecológicas para que el páramo siga captando, almacenando y regulando el recurso.

Una desconfianza que tiene historia

Para entender por qué las comunidades miran con cautela lo que viene en los próximos cuatro años, también hay que mirar la historia del territorio. Esa memoria incluye proyectos de generación hidroeléctrica planteados para la región; procesos de exploración y extracción de hidrocarburos, y otras iniciativas asociadas al aprovechamiento de recursos naturales. También están las presiones más recientes de expansión agroindustrial y urbana.

No todos esos proyectos tuvieron el mismo alcance ni necesariamente tienen hoy continuidad, pero forman parte del antecedente que explica por qué las organizaciones miran con cautela lo que pueda ocurrir cuando cambien los gobiernos y las prioridades institucionales. La preocupación también se conecta con la historia del conflicto armado y la estigmatización que, en distintas épocas, han sufrido las organizaciones campesinas de Sumapaz.

“No se trata de presentar al campesinado como enemigo del páramo”, insiste Morales. El reclamo es que quienes viven allí sean reconocidos como sujetos de derechos e interlocutores en las decisiones sobre el territorio, sin desconocer que sus actividades también deben transformarse cuando generan impactos ambientales.

Proteger a quien protege

Ortega asegura que uno de los pasos pendientes será poner en funcionamiento la instancia de coordinación prevista en la resolución, con participación de los territorios y localidades involucrados. También será determinante la relación con las autoridades ambientales. Durante la delimitación, dicen los dirigentes campesinos, el Ministerio de Ambiente tuvo una presencia central, mientras otras entidades participaron de manera irregular. La crítica más amplia es que durante años la relación con las autoridades ambientales, EN particular las regionales, ha sido, más que todo, para sancionarlos.

“Claro, hay que castigar; pero también hay que prevenir y eso se logra principalmente con la educación. Mientras eso no se fortalezca será difícil que los páramos y otros ecosistemas se mantengan sanos”, aclara Misael. Por eso, reconocer al campesinado como sujeto de especial protección no puede quedarse en el papel.

Lo resume así: si se exige reconversión productiva, debe haber financiación; si se busca disminuir el uso de agroquímicos, se debe garantizar la asistencia técnica, y si se pretende reducir los impactos de la ganadería, hay que destinar los recursos necesarios para transformar los sistemas productivos de la zona.

Las organizaciones plantean, además, fortalecer las zonas de reserva campesina alrededor del complejo como una herramienta para estabilizar la economía campesina y contener el avance de la frontera agrícola. El problema, advierte Morales, es que los planes de desarrollo sostenible asociados con esas figuras no siempre han tenido financiación suficiente.

La delimitación tiene además una dimensión urbana. La concejala Heidy Sánchez señala que puede incidir en sectores de los cerros orientales donde las comunidades esperan definiciones ambientales y territoriales para avanzar en procesos de legalización de tierras. Pero incluso en Bogotá la lógica es la misma: la delimitación no debería ser el final de una discusión, sino el punto de partida para ordenar un territorio conectado con la alta montaña.

Cuatro años para demostrarlo

Cuando Ortega imagina una conversación dentro de cuatro años, no habla de una resolución cumplida, sino de un proceso participativo que funcione por sí mismo. Espera un plan de manejo construido con participación efectiva de la comunidad, recursos para la reconversión productiva y garantías para que las comunidades puedan continuar trabajando y participando.

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Morales plantea que el campesinado debe tener herramientas para transformar sus prácticas sin que proteger el páramo implique abandonar su territorio. Ordóñez lleva la pregunta al agua: ¿qué se habrá hecho dentro de la delimitación para garantizar que los ecosistemas conserven su capacidad de captar, almacenar, regular y liberar el recurso? Ahí está la verdadera prueba de la resolución.

Misael Baquero lo resume desde el territorio: el objetivo es “lograr tener un territorio que no sea de nadie para que sea de todos”. La frase condensa una discusión que ahora tendrá que salir del papel. Habrá que decidir qué actividades pueden continuar en las 314.706 hectáreas delimitadas, cuáles tendrán que transformarse y qué recursos se necesitan para que esa transformación no recaiga solo sobre las familias campesinas.

También habrá que resolver qué significa proteger un ecosistema que no termina en sus límites administrativos. Sus 860 especies de plantas —98 endémicas—, sus suelos, sus fuentes de agua y las cuencas con las que está conectado hacen que lo que ocurra allí tenga efectos mucho más allá de las veredas donde se trazó la delimitación, la cual logró encerrar esa dimensión en un mapa. Ahora habrá que conseguir que el mapa no termine reduciendo la dimensión del territorio.

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