Secuestro en Colombia 2025: crecen las cifras y la preocupación

Samuel Londoño, de 17 años, hijo del exalcalde de Miranda (Cauca), es la más reciente víctima de un flagelo que vuelve a tomar fuerza en el país: el secuestro. Al joven lo raptaron el martes 2 de septiembre, en la vía que conduce a Florida (Valle del Cauca) y su caso, sumado al rapto en abril de Arnold Rincón, director de Codechocó (ya liberado), o la retención de militares en el Cauca, evidencian un delito en aumento. Datos de la Policía indican que entre enero y julio de 2025 el secuestro aumentó un 57,1 %, tendencia en la que Cauca, Bogotá y Meta hicieron un considerable aporte, al ser los departamentos con mayor incremento.

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Sin embargo, el panorama no es fortuito. Las alertas vienen desde el año 2020, cuando los secuestros se duplicaron y desde entonces hay una tendencia que hace recordar épocas oscuras del país. Si bien se puede decir que su incidencia hoy no es tan alta como en el pasado (el acumulado entre 2010 y 2025 es casi igual a los casos que se reportaban en un año a finales de los 90), sí preocupa el paulatino crecimiento de este delito y su mutación.

Historia del secuestro en Colombia

Para entender la preocupación actual, hay que echar una mirada al pasado para conocer la dimensión de la herida que ha dejado el secuestro. Gracias al trabajo del Centro de Memoria Histórica, que recopiló, cruzó y unificó datos, sabemos que entre 1970 y 2010 se reportaron, al menos, 39.058 casos, siendo el 2000 el más crítico, con 3.547 casos.

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Llegar a esta cifra fue complejo. En especial, por la falta de información consolidada; los 16 cambios en la definición de este delito desde 1970, y el enorme subregistro, donde el miedo a denunciar ha sido la regla y no la excepción. Pero se logró luego de que la entidad definió el secuestro de una manera simple: “situación donde privan ilegalmente a una persona de su libertad, en contra de su voluntad, para obtener provecho”.

Con esto claro, llegaron los detalles. Por ejemplo, entre 1970 y 2010 golpeó en casi todos los rincones del país (en 1.006 de los 1.102 municipios); el 40 % de los casos se concentraron en cuatro departamentos, y el 84 % de los raptos fueron por fines económicos. En el caso de la guerrilla, dos de cada 10 tenían fines políticos.

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También perfiló a las víctimas, en su mayoría hombres (78 %) entre 20 y 40 años, y reveló particularidades como que el 65 % de las víctimas estuvieron menos de un mes privadas de la libertad; el 14 %, al menos tres, y el 22 % un año o más. Y que en uno de cada cuatro casos los captores pedían menos de $100 millones, y en el 47%, más $1.000 millones. Finalmente, que tres de cada cuatro familias pagaron.

En toda esta historia, algo común: la impunidad. Mientras en el periodo de 1970-2010 solo uno de cada 10 casos terminó en condena, en la actualidad son dos de cada 10. Según la Fiscalía, de 22.838 investigaciones contra casi 55.000 procesados, solo 4.957 terminaron en sentencia.

Secuestro: una industria criminal

Pero el estudio también permitió conocer la evolución del secuestro hasta ser industria criminal. Identificó varias etapas, con una fase inicial en los 70, cuando no se reportaban más de 100 casos al año, y tres etapas de aumento, escalada y masificación, donde en 12 años (1988 y 2000) se pasó de 300 secuestros al año a 3.500. En esta historia, las Farc fueron protagonistas con las “pescas milagrosas” o las tomas a bases militares.

Uniformados y políticos, con la etiqueta de canjeables, y comerciantes o campesinos, para cobrar por su liberación, fueron las víctimas. La imagen de secuestrados en jaulas en la selva marcó un punto de inflexión, que dio paso a partir del año 2000 a la etapa de contención, en la que se fortalecieron las operaciones militares, y en el 2010 a la etapa de consolidación. Las autoridades le hicieron frente al delito, logrando que, en 20 años, cayera a 92 secuestrados en 2019, la cifra más baja de los últimos 50 años.

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Eso sí, como resultado de tener a los insurgentes en la mira, quienes aprovecharon fueron las redes criminales para asumir el liderazgo de la “industria” en las ciudades, para extorsionar por su cuenta o vender secuestrados. Aunque en los últimos 15 años golpeó en menos municipios (543), el delito sigue enquistado en algunas regiones. De ahí que todo este esfuerzo por liberar al país del secuestro parece que se viene perdiendo en el último lustro.

Desde el año 2020 el secuestro viene en aumento. Ese año se duplicaron los casos y en 2023 ya eran más de 300 por año, tendencia al alza que se mantiene en 2025. Este año, solo entre enero y julio, ya se contaban 256 raptos, con datos particulares como que Meta ya triplicó su cifra de todo 2024; Bogotá la duplicó (207 %); Cauca y Cundinamarca reportan incrementos del 166 %, y Arauca ya la igualó.

Actualmente, seis departamentos concentran el 73 % de todos los secuestros en el país: Cauca (65 casos); Antioquia (35), Bogotá (27), Meta (24), Valle (21) y Arauca (19). De mantenerse la tendencia, en pocas semanas se superarán los 313 casos de todo el 2024 y a final de 2025 la cifra podría estar bordeando los 500 secuestros, cifra similar a la que se reportó en el escalamiento de los 90. ¿Qué están haciendo las autoridades para esto no se salga de control?

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Mutación de los captores

Hoy el panorama es diferente y la información histórica sirve para identificar la mutación del delito en la actualidad. Sobre todo porque este evidente repunte, dicen los expertos, no implica el regreso del secuestro como se conoció en los 90, con una guerrilla protagonista. Lo que hoy vive el país es una transformación, en la que son ahora los grupos de delincuencia común los que dominan el negocio en las ciudades, a través del secuestro exprés y la extorsión, mientras los grupos armados ilegales, que derivan su financiación de otras economías ilícitas, lo usan como herramienta de presión política y dominio territorial.

“Los grupos al margen de la Ley no quieren llegar al poder político, ni defender una idea distinta de país. Eso ya no existe. Hoy lo que buscan es seguir moviendo capitales, dinero y ganancias de lo ilícito. Se dieron cuenta de que el secuestro no es lo que más dinero les genera, sino los negocios transaccionales ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas. Eso sí, tienen claro que retener a alguien sirve para garantizar el control y la gobernanza territorial, que el Estado no ha logrado consolidar en la Colombia profunda”, dice Andrés Nieto, experto en seguridad.

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Por eso, los grupos armados organizados recurren al secuestro, por ejemplo, de militares o policías, como mensaje de poder. “Cosa distinta con las bandas criminales y delincuenciales que sí acuden a este delito exclusivamente con fines económicos. En los últimos años, además, ha surgido una nueva modalidad: la tercerización del delito, en la que un grupo contrata a otro para ejecutar el secuestro, como sucedió con Mané Díaz y con Lyan Hortúa, el niño de 12 años en Jamundí”, dice Andrés Cajiao, director de la fundación Ideas para la Paz,

Un ejemplo claro de esa mutación se ve en Bogotá, donde, según el Distrito, si bien no hay estructuras dedicadas a secuestros extorsivos, reteniendo víctimas por largos periodos para exigir altas sumas por su liberación, sí hay situaciones que influyen en los indicadores. Según César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, las estadísticas se han disparado desde que se empezó a considerar como secuestro la práctica del “Paseo Millonario” (modalidad en la que raptan a una persona mientras le quitan sus elementos de valor) y a causa de una compleja arista adicional: el ajuste de cuentas por narcotráfico o pendientes entre delincuentes.

“Sin duda, la práctica del secuestro se transformó. No es un dato menor que mientras para 2004 solo el 17 % del todos los raptos se le atribuían a la delincuencia común, hoy ya sea casi el 40 %”, agregó Nieto. Todo esto, sin duda, obliga al Estado a adaptarse a un nuevo contexto para frenar el repunte del secuestro en el país. La extorsión y la delincuencia común son el objetivo para contrarrestar el incremento de este delito en las ciudades, así como el arribo del Estado a zonas que hoy dominan los grupos organizados. De no hacerlo con la decisión que se hizo en décadas pasadas, será un flagelo que, de nuevo, se podría salir de control.

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