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Autoridades ambientales frenaron la explotación ilegal de carbón en una finca ubicada en la vereda Espinal Carrizal del municipio de Lenguazaque, Cundinamarca. Las actividades, además de afectar los suelos rurales, no contaban con los permisos de extracción.
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La suspensión la ratificó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, tras operativos realizados en compañía del Grupo de Caballería Mecanizada del Ejército Nacional, la Policía de Carabineros, la de Protección Ambiental de Cundinamarca y el Grupo de Inteligencia Aérea. Así mismo, el proceso fue liderado por la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental, UIGA con el apoyo de la dirección regional Ubaté, de la CAR.
¿Cómo ocurrió?
La intercepción se dio tras evidenciar, en flagrancia, varias prácticas que estaban generando graves afectaciones a los recursos naturales, entre ellas la alteración del suelo, la flora y el paisaje.
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Además, se evidenciaron algunas infracciones, como la pérdida de aproximadamente 1.400 metros cuadrados de capa orgánica del suelo y cobertura vegetal, como resultado de la apertura de la bocamina. De la misma manera, de la instalación de infraestructura minera (malacate, compresores) y la adecuación de las vías de acceso.
En cuanto a la flora, se constató la inadecuada disposición de estériles y el aprovechamiento ilegal de 16 árboles de la especie Eucalyptus, sin el permiso correspondiente.
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Por lo anterior, la CAR confirmó la suspensión de las actividades de explotación y extracción de carbón mineral subterráneo de manera mecanizada y se procedió con la captura de tres personas involucradas en las infracciones.
El director regional de la CAR en Ubaté, Bryan Martínez, señaló que, “la minería es una actividad característica en nuestra región, pero si no se desarrolla de manera responsable, puede generar graves consecuencias para la comunidad y el medio ambiente”.
La CAR reiteró el llamado a la comunidad para que denuncie e informe cualquier actividad que represente riesgo para el ambiente o incumplimiento de la normatividad.
“Es fundamental ser conscientes del daño que se causa a los recursos naturales al realizar actividades sin los permisos de ley, pues nos obliga a adoptar medidas e imponer sanciones que buscan prevenir mayores daños a los ecosistemas y al mismo tiempo, generar conciencia en quienes se dedican a la minería”, añadió el director regional Martínez.
Protección a los páramos
Con el objetivo de seguir protegiendo la biodiversidad de la región, la Corporación Autónoma Regional, CAR, y los representantes de 43 municipios con jurisdicción en ecosistemas de páramo firmaron el “Pacto por la Conservación de los Páramos”.
¿De qué trata el acuerdo?
Este acuerdo reafirma el compromiso conjunto de proteger y gestionar de forma sostenible los ecosistemas vitales, reconocidos como: fuentes de agua, reservas de biodiversidad y reguladores climáticos. Lo anterior, pensando en el beneficio de las generaciones presentes y futuras.
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¿Qué acciones entran en el acuerdo?
El pacto establece una serie de estratégicas que incluyen:
- Reconversión productiva: implementar seis acciones en páramos en el marco del PAC, iniciando con intervenciones en dos complejos de páramos con WWF en 2025. Con una inversión: $1.442 millones.
- Generación de línea base: recopilar información biofísica y definir zonificación para planes de manejo.
- Planes de manejo: adoptar planes en Rabanal y Chingaza.
- Gobernanza hídrica: apoyar a 11 organizaciones comunitarias en la conservación y restauración. Con una inversión: $1.300 millones.
- Protección de biodiversidad: establecer convenios para conservar el oso andino y el cóndor, además de restaurar ecosistemas en Chingaza, Guerrero y Cuchillas. Con una inversión: $2.664 millones.
Con estas acciones, la CAR y los municipios firmantes evidencian su compromiso con la protección de los páramos y la preservación de sus ecosistemas.
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Por Redacción Bogotá
