La violencia en Transmilenio no es asunto de percepción sino una imagen casi cotidiana. Hechos como el ocurrido la semana pasada en la estación El Campín de Transmilenio, donde cuatro vigilantes intentaban controlar un hurto dentro de un articulado y fueron agredidos con palos y piedras por dos hombres señalados de cometer el robo. No solo atacaron a los guardias dentro de la estación, luego continuaron la golpiza en la calzada de la avenida NQS. Aunque varios policías llegaron al lugar, los presuntos responsables lograron escapar entre el tráfico.
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El hecho, viralizado en redes sociales, fue el más reciente de una cadena de ataques contra personal de vigilancia del sistema. Apenas unos días antes, en el Portal Suba, un vigilante fue apuñalado por dos hombres que pretendían ingresar sin pagar el pasaje. En junio, en el Portal 20 de Julio, otro guarda recibió un martillazo en la cabeza tras intentar impedir la evasión del pasaje. En abril, dos vigilantes de la estación Country Sur resultaron heridos con unas tijeras durante un procedimiento similar.
Los casos podrían leerse como hechos aislados, pero las cifras muestran un fenómeno más amplio. Según datos del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, en promedio cada 12 horas una persona vinculada a la operación de Transmilenio es víctima de una agresión. A su vez, la empresa reportó que solo en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 160 agresiones físicas y verbales contra vigilantes.
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Evasión y conflictividad
La mayoría de los ataques recientes ocurrieron en estaciones o portales identificados como puntos críticos de evasión. Un informe del Observatorio ubica entre los lugares con mayores reportes de ingreso irregular a estaciones como Portal Suba, Portal 20 de Julio, Country Sur y San Mateo, sitios donde también se han presentado episodios violentos contra el personal.
Para Andrés Nieto, director del observatorio, la relación entre ambos fenómenos es evidente, aunque advierte que sería un error atribuir toda la violencia exclusivamente a los colados.
Según sus datos, 50 estaciones concentran el 72 % de los delitos que ocurren en el sistema y cerca de la mitad coinciden con puntos de alta evasión. Allí convergen hurto, conflictos de convivencia, comercio informal y otras expresiones de violencia urbana.
“Las agresiones no necesariamente provienen de evasores. También se presentan por problemas de convivencia, intolerancia o delincuencia. Son estaciones donde confluyen distintos factores de conflictividad”.
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Mientras tanto, la evasión mantiene una tendencia que no logra revertirse. Después de estabilizarse alrededor del 13 % durante 2024 y el primer semestre de 2025, cerró el segundo semestre del año pasado en 15 %, según los datos del observatorio.
Prevenir la violencia
La discusión también ha puesto bajo la lupa el papel que desempeñan los vigilantes dentro del sistema.
Actualmente, Transmilenio cuenta con 886 servicios de vigilancia distribuidos en estaciones y portales. De ellos, 546 están destinados específicamente a labores de control de evasión y 340 a la protección de infraestructura.
Sin embargo, expertos y voces del Concejo advierten que existe una tensión entre las responsabilidades que asumen estos trabajadores y las facultades que legalmente tienen para actuar.
Para la concejala Heidy Sánchez, una de las voces más críticas del modelo de seguridad privada que opera en el sistema, las medidas implementadas para contener la evasión no han logrado los resultados esperados. “Las estrategias de puertas anticolados, torniquetes de piso a techo y la presencia de guardias no han logrado contener el problema de la evasión; en contraste, han aumentado los ataques a los guardias, las respuestas violentas de algunos de ellos contra los usuarios”, afirma.
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Sánchez recuerda que los vigilantes cumplen funciones preventivas y disuasivas, mientras que el uso legítimo de la fuerza corresponde exclusivamente a la Policía Nacional. Los protocolos de operación establecen que, frente a un intento de evasión, el personal de vigilancia debe invitar al usuario a validar el pasaje y evitar una confrontación física.
“Ellos hacen una función de verificación, pero no pueden reducir ni agredir a las personas. Ahí es donde debería intervenir la Policía”, señala.
La concejala también cuestiona la presencia de uniformados dentro de estaciones y portales. “Es una de las evidencias que dejan los videos compartidos en redes: los problemas de convivencia y de inseguridad escalan por la poca o nula presencia de la Policía. La seguridad privada atiende hechos que corresponden solamente a la Policía y, en consecuencia, vemos casos de uso ilegal de la fuerza”.
Para Nieto, la evasión no se resolverá únicamente con más barreras físicas. A su juicio, las encuestas muestran que los usuarios asocian el deterioro del sistema con problemas de inseguridad, congestión, frecuencias y calidad del servicio. “La ciudadanía no solo quiere transportarse. También espera condiciones de seguridad, información y calidad”.
Desde Transmilenio aseguran que la lucha contra la evasión forma parte de una estrategia integral basada en tecnología, infraestructura, cultura ciudadana, fiscalización e incidencia institucional. La entidad informó que más de 520 servicios de vigilancia cuentan con capacitación específica para integrar escuadras móviles antievasión y reiteró que el 85 % de los usuarios valida su pasaje.
Los episodios recientes han dejado al descubierto una paradoja dentro de Transmilenio: quienes primero enfrentan a evasores, ladrones o usuarios agresivos son vigilantes privados cuya función es preventiva, no policial. Y en un sistema donde, cada 12 horas es agredida una persona vinculada a su operación, la discusión ya no gira únicamente alrededor de cómo reducir la evasión, sino en la manera en que se ejerce la autoridad y la fuerza en un sistema cuyas dinámicas cotidianas son, de por sí, hostiles.
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