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Desde el 16 de enero de 2025, la escalada del conflicto en el Catatumbo, protagonizada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), se ha vivido en medio de los intentos del Gobierno de Gustavo Petro por sostener las mesas de diálogo con estos grupos armados.
Este es un recorrido por los principales hechos que han marcado desde hace un año al Catatumbo, una región que sigue atrapada en un ciclo de violencia que ha puesto en duda la capacidad del Estado para contenerlos.
1. Estalla la guerra en el Catatumbo
El 16 de enero de 2025, una arremetida del ELN sumergió a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, en una crisis humanitaria sin precedentes en el país en al menos dos décadas.
Durante los primeros días, unas 50 personas fueron asesinadas, entre ellas seis firmantes de paz. Ese hecho provocó que el presidente Gustavo Petro suspendiera los diálogos con el ELN, que admitió su responsabilidad en los asesinatos de los firmantes de paz y aseguró, sin presentar pruebas, que los reincorporados eran supuestos miembros activos de disidencias de las FARC, en particular del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba.
Así comenzó una confrontación abierta entre el ELN y el frente 33 de las disidencias por el control territorial, las economías ilegales y los corredores estratégicos hacia la frontera con Venezuela. Aunque inicialmente la disidencia dijo que no respondería a los ataques, el 20 de enero anunció que sí lo haría.
2. Gobierno declara el estado de conmoción interior
El 20 de enero, el presidente Petro declaró el estado de conmoción interior y la emergencia económica ante el escalamiento del conflicto en Catatumbo. “La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz la bandera revolucionaria, porque es la bandera de la vida”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.
Entre las víctimas que dejaba el balance hasta ese momento había un bebé de nueve meses, asesinado en una masacre ocurrida en Tibú, donde una familia fue atacada por hombres que se movilizaban en motocicleta.
Varias de las medidas extraordinarias se cayeron en su paso por la Corte Constitucional y otras no se han traducido en una mejora estructural de las condiciones de seguridad para la población civil.
3. Se desborda la capacidad de atención humanitaria
En los primeros meses del año, la violencia continuó desplazando a miles de familias desde veredas y corregimientos hacia Cúcuta, muchas de las cuales fueron alojadas en el estadio General Santander.
Desde enero, el alcalde Jorge Acevedo ya advertía sobre el colapso de la ciudad y la falta de capacidad para recibir a más personas desplazadas. Pese a ello, los enfrentamientos no cesaron y siguió en aumento el número de personas que huyeron de sus territorios por temor a quedar en medio del fuego cruzado.
Las cifras que recoge la Gobernación de Norte de Santander tras un año de guerra reflejan la magnitud de la crisis humanitaria: más de 91.000 personas desplazadas —aunque otras autoridades afirman que pueden llegar a cien mil—, 166 homicidios —entre ellos los de seis firmantes del Acuerdo de Paz y tres líderes sociales— y al menos 283 personas confinadas.
Boletín de información actualizado (13/01/2026), con el balance del PMU, enfocado en las acciones implementadas para garantizar el orden público en respuesta a la situación en el #Catatumbo. pic.twitter.com/qDU1xHZebA
— Gobernación de Norte de Santander (@GoberNorte) January 14, 2026
4. Gobierno y disidencia avanzan en acuerdos, como la Zona de Ubicación Temporal
Mientras la guerra se profundizaba, la mesa de negociación con el EMBF avanzaba. El 19 de marzo las delegaciones de ambas partes anunciaron el séptimo ciclo de diálogos.
Sin embargo, un mes después, el 17 de abril, se conoció que el cese al fuego bilateral, vigente desde hacía 18 meses entre el Gobierno y el EMBF, no sería renovado.
El 3 de mayo, tras una reunión extraordinaria en Cúcuta, el Ejecutivo y el frente 33 acordaron la creación de una Zona de Ubicación Temporal en Tibú, Norte de Santander.
Mientras se esperaban avances en la zona de concentración, el 27 de junio, en medio de la crítica situación del Catatumbo, Camilo González Posso anunció su renuncia como jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con la disidencia de Calarcá.
Cuatro días después, el 1 de julio, el gobierno Petro suspendió la extradición de Willinton Henao Gutiérrez, conocido como ‘Mocho Olmedo’, uno de los jefes del frente 33, pues según la Ley de Paz Total, dentro de la ZUT “queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros del Frente 33″.
Aunque el plazo inicial de la ZUT vencía el 8 de julio, el Gobierno decidió ampliarlo por siete meses más mediante una resolución firmada el 23 de diciembre.
5. Revelan presunto nexo entre disidencia de Calarcá, un general del Ejército y un funcionario de inteligencia
El 21 de noviembre, el Gobierno de Gustavo Petro y la disidencia de Calarcá culminaron el séptimo ciclo de diálogos en Campo Hermoso, en Caquetá, en el que participó Jhon Mechas.
Durante la reunión pactaron seis acuerdos que incluyen desescalamiento del conflicto, compromisos en materia de acceso a tierras, creación y fortalecimiento de Zonas de Reserva Campesina, procesos de sustitución de economías ilícitas, lineamientos sobre protección ambiental, prohibición de incorporación de menores y un capítulo orientado a garantizar condiciones para la participación política y electoral en 2026.
Solo un día después, Noticias Caracol reveló presuntos nexos entre altos funcionarios del Estado –entre ellos el general (r) Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)– y jefes de esa disidencia.
Esos vínculos habrían permitido al grupo armado tener información clasificada sobre operaciones y movimientos de la Fuerza Pública en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar, así como esquivar controles y emboscadas, en medio de las negociaciones de paz.
Pese a las revelaciones, la mesa de negociación se mantuvo.
6. Cerca de 250 personas quedaron desplazadas en navidad en el Catatumbo
Entre el 14 y el 17 de diciembre, durante un paro armado del ELN, al menos 13 departamentos del país, incluido Norte de Santader, se vieron afectados por ataques, bloqueos con explosivos, amenazas y restricciones a la movilidad en corredores viales, centros urbanos y zonas rurales.
Aunque el 21 de diciembre el ELN anunció un cese al fuego unilateral entre el 24 de ese mes y el 3 de enero, y Jhon Mechas, uno de los jefes del frente 33, aseguró que cesaría de manera indefinida las acciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública, la guerra en el Catatumbo continuó recrudeciéndose.
El aumento de los combates —advertido desde noviembre por la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales— provocó en plena navidad el desplazamiento de cerca de 250 personas hacia Cúcuta y Ocaña, tras huir de sus hogares por temor a nuevos enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC.
Los combates se concentraron en sectores rurales estratégicos, especialmente en el kilómetro 16, mientras se mantenía la alerta por el riesgo de confinamiento o nuevos desplazamientos de al menos 6.000 personas.
7. Captura de Maduro sacude frontera con Venezuela
Los ataques de Estados Unidos en Venezuela, y la posterior captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, reactivaron las alertas sobre los efectos que este nuevo escenario podría tener en el ELN, una guerrilla de carácter binacional que ha establecido en el vecino país su retaguardia histórica.
Expertos advierten que uno de los efectos podría ser un reacomodo interno que empuje a esa guerrilla a concentrar fuerzas y disputas en territorio colombiano, elevando la intensidad del conflicto en zonas como el Catatumbo.
En ese escenario, el gobierno Petro tendría menos margen para sostener sus mesas de diálogos con los grupos armados, incluido el frente 33, a seis meses del final de su mandato. No solo por un posible fortalecimiento de la guerrilla, sino porque desde la década de los 90 Venezuela ha jugado un rol clave como facilitador y garante en distintas negociaciones.
En medio de la tensión por la situación en el vecino país y tras una llamada de 15 minutos entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump, el mandatario colombiano endureció su discurso frente al ELN.
Frente la Plaza de Bolívar, Petro dijo que le expresó a Trump que “la paz de Colombia también puede ser la paz de Venezuela” y que es necesario “quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela, que hoy por hoy se llama el Ejército de Liberación Nacional, controlador y asesino de campesinos, 200 del Catatumbo colombiano”.
8. Filo Gringo, el epicentro de los nuevos enfrentamientos
En las últimas semanas, el endurecimiento del conflicto ha tenido como epicentro a Filo Gringo, en El Tarra. Lo que ha vivido este corregimiento es la muestra más cruda del deterioro humanitario en el Catatumbo.
“Casas destruidas por artefactos explosivos. El pueblo está lleno de vainillas y restos de artefactos explosivos expuestos en las calles, en el polideportivo, en los locales comerciales”, señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien junto a representantes de la Iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU conformaron la Comisión Humanitaria del Catatumbo que visitó la región.
Esta nueva ola de violencia se da en medio del reacomodamiento de tropas del ELN y el frente 33, que buscan expandir su presencia y tomar el control en territorios dominados por la otra estructura.
Desde el territorio advierten que el conflicto podría agudizarse y que la situación de derechos humanos de Filo Gringo podría replicarse en otras zonas del Catatumbo.
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