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En cuestión de horas, un helicóptero derribado en Amalfi, Antioquia; un camión bomba en Cali, Valle del Cauca; y una explosión en Florencia, Caquetá, evidenciaron la capacidad ofensiva de los grupos armados ilegales. En un solo día, Colombia presenció ataques simultáneos -aunque no coordinados- con un mismo mensaje: las disidencias y estructuras criminales siguen golpeando con fuerza en regiones donde el gobierno de Gustavo Petro insiste en que avanza la paz total.
Los actos violentos que dejaron 13 policías muertos en Antioquia, seis civiles en el Valle y casi un centenar de víctimas en total revelan que, mientras el Gobierno insiste en avanzar en la paz total, los grupos armados ilegales consolidan su poder en los territorios y han alcanzado una capacidad de fuego que combina control territorial, “innovación” tecnológica y ofensivas en las ciudades, incluidas las capitales importantes del país.
El impacto político fue inmediato. Como lo ha venido haciendo - con el giro de una política enfocada a la negociación hacia una más dirigida por la ofensiva militar -, el presidente Petro volvió a endurecer su discurso y anunció que las disidencias Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central (EMC) de Iván Mordisco y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) de Calarcá Córdoba, así como el Clan del Golfo serían catalogadas como organizaciones terroristas. Con los dos últimos grupos, el Gobierno tiene procesos de paz vigentes.
“He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de ‘Iván Mordisco’ (conocidas como EMC) son la junta del narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”, dijo el mandatario el jueves.
El viraje no solo responde a la presión interna de las Fuerzas Armadas, sino a la necesidad de mostrar resultados ante una opinión pública que percibe que el conflicto se está recrudeciendo en amplias zonas del país y en pleno “inicio” de la campaña electoral.
Para Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los tres ataques son, además, un golpe directo a la legitimidad y percepción de los procesos de paz por parte de la población. “La ciudadanía no tiende a diferenciar qué grupo comete qué acción. Al final, todos estos atentados profundizan la falta de confianza en el Estado y deterioran la legitimidad de las negociaciones”, advierte.
Pero ese anuncio de Petro es también un guiño discursivo que busca blindar la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, que en las próximas semanas deberá decidir si da o no a Colombia la certificación en la lucha contra las drogas. “Es un guiño, y después de eso podría decir que estoy casi segura de que no nos van a descertificar”, dijo a este diario Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Además: Gobierno Petro se reunió con disidencia de Calarcá un día después del ataque en Amalfi
Gobierno se reunió con Calarcá un día después del ataque a Amalfi
La ofensiva en Amalfi fue responsabilidad del Frente 36 perteneciente al EMBF de Calarcá Córdoba, y con quien Petro tiene hoy un proceso de paz cuya mesa de paz se reactivó justamente hace un mes.
Desde el territorio, una lideresa de la región describió a este diario el transfondo de la violencia en ese municipio del nordeste antioqueño: “En el territorio han cogido fuerza grupos como el Clan del Golfo y las disidencias FARC del Frente 36. Como el Clan del Golfo ha entrado al territorio, la disidencia no se deja quitar el territorio, como lo llaman ellos, porque hay un tema de minería y un tema de coca. Ha habido enfrentamientos y es la población la que queda en el medio”.
Además contó que, en los días previos, la comunidad había visto a tropas en labores de erradicación de coca. “El helicóptero los bajaba y los recogía. La gente decía que se veían muy confiados arrancando coca. Luego se trasladaron a Los Toros arrancando la coca y luego se hizo esa detonación. Debido a que estaban haciendo eso, ellos se sentían muy seguros, y les hicieron eso con un dron. Después de la caída del helicóptero se escuchaban las ráfagas de fusil”, dijo.
La acción violenta, con el uso de drones cargados de explosivos para derribar un helicóptero, reveló dos cosas: la rápida adaptación de los grupos armados ilegales a tecnologías de bajo costo con alto poder de impacto. “Son baratos, fáciles de usar, pueden entrar por Venezuela o comprarse por Amazon y modificarse. Ya en el Catatumbo el ELN repartió panfletos buscando ‘droneros’. Esto no es nuevo. Lo grave es que Colombia no tiene regulación ni trazabilidad sobre estas armas, y estamos quedadísimos en inversión tecnológica”, aseguró Bonilla.
Y el otro tema es la autonomía con la que actúan ciertas estructuras de la disidencia de Calarcá Córdoba, incluso mientras sus comandantes nacionales sostienen diálogos con el Gobierno en Caquetá.
Colombia+20 pudo establecer que el viernes, un día después de los atentados, se realizó una reunión que estaba programada en los Llanos del Yarí, más precisamente en el caserío de El Diamante, con miembros de la delegación del Gobierno en ese proceso de paz -incluida Gloria Quiceno, la jefa negociadora del Ejecutivo- y el mismo Calarcá.
El jefe disidente aseguró a este diario que lo ocurrido no fue un ataque planeado, sino un episodio derivado de combates entre sus hombres y el Clan del Golfo en la zona, justo cuando el helicóptero de la Policía descendía en una operación de erradicación de cultivos de uso ilícito.
En contexto: Gobierno Petro se reunió con disidencia de Calarcá un día después del ataque en Amalfi
Calarcá también confirmó que el séptimo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y el EMBF ya tiene fecha: será el próximo 24 y 25 de agosto en el Yarí, lo que refuerza la intención de no suspender los diálogos pese a los cuestionamientos que deja la ofensiva armada.
Según la investigadora Tobo, esto muestra que este ataque no tiene un impacto en la mesa. “El Gobierno ha hecho mucho bombo con lo que ha podido avanzar, para dejar caer las cosas justo cuando la campaña electoral empieza a ocupar gran parte de la agenda. Yo no pensaría que esto es el quiebre definitivo de la mesa. Otros hechos de violencia han ocurrido en el marco de esta mesa, uno grave como el desplazamiento de los firmantes de paz de Miravalle, que eso sí fueron responsabilidad directa de Calarcá, y que al final no tuvieron una repercusión en la mesa de manera significativa”, explicó.
Las fallas de inteligencia militar
En Cali, la detonación de un carro bomba frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, atribuida a la disidencia de Mordisco - que no está en un diálogo de paz con Petro -, mostró la capacidad de trasladar la confrontación desde los corredores rurales hacia los centros urbanos, en un hecho que no se veía en una capital departamental desde hacía más de cinco años.
El ataque no solo buscó generar terror, también puso en evidencia graves vacíos en la estrategia de seguridad urbana. Si una acción de este tipo podría organizarse en medio de una capital como Cali, ¿qué tan preparada está la Fuerza Pública para anticipar nuevas ofensivas?
Para Tobo lo sucedido en Cali refleja más una falla estatal que un repunte en la capacidad militar de las disidencias: “Lo que ocurrió en Cali no le requiere a un grupo armado un esfuerzo militar realmente muy grande. Por eso es que hablamos de una falla de inteligencia, porque es algo que se podía prevenir, algo que es muy evidente. No requiere una logística tan grande, pero sí es una falla de las tareas de vigilancia de la fuerza pública y de la inteligencia”.
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Aunque algunos sectores también vincularon el ataque a una retaliación por la reciente Operación Perseo II en el Cañón del Micay, que golpeó esta semana a estructuras de Mordisco en el Cauca, cuyo bastión regional es ese lugar.
Bonilla advierte que el hecho puede responder a una estrategia más amplia: “La estructura Jaime Martínez ha buscado controlar la criminalidad urbana en Cali, especialmente el microtráfico. Ya no quieren estar tan atados al Cauca, sino expandirse hacia las ciudades grandes y regular las economías ilegales allí”.
En el trasfondo, lo que se revela es la radiografía de un conflicto que no cede y que se reconfigura.
Radiografía de los grupos armados hoy
El mapa de estas estructuras muestra que las disputas se concentran en corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal. Allí se cruzan rutas, intereses y alianzas cambiantes. Los atentados de la última semana son la expresión más visible de esa guerra silenciosa que avanza en las regiones.
El Clan del Golfo es hoy la estructura más poderosa, con poco más de 9.500 hombres en seis bloques y cuarenta frentes, que operan en cerca de 300 municipios de 24 departamentos. Su control se extiende del Urabá y el Bajo Cauca hacia el Caribe, con un dominio basado en la minería ilegal, la extorsión y el narcotráfico. En esos territorios, sus combates con otras estructuras dejan a la población civil atrapada entre las llamadas “vacunas” y el fuego cruzado.
El EMBF de Calarcá reúne unos 2.700 combatientes en frentes que operan desde Caquetá y Meta hasta el nororiente de Antioquia y el Catatumbo. Allí se enfrentan de manera recurrente con el Clan del Golfo y el ELN, en una disputa donde las comunidades campesinas denuncian desplazamientos, confinamientos y la imposición de reglas armadas sobre la economía local.
Por su parte, las disidencias de Iván Mordisco, con unos 2.100 hombres, mantienen su bastión en el cañón del Micay (Cauca), pero han extendido su radio de acción hacia Guaviare, Meta y Vaupés. En esas regiones, la lucha por el control de los cultivos ilícitos ha dejado oleadas de desplazamientos y retaliaciones violentas contra civiles tras cada golpe militar.
Y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, aunque debilitada por la muerte de varios mandos, aún mantiene corredores en Putumayo, Arauca y la frontera con Venezuela, donde se asocia con carteles internacionales para sostener el negocio del narcotráfico. Su presencia en áreas de frontera significa que la población local vive bajo doble presión: la de las disidencias y la de las operaciones militares que buscan retomar el control.
Y aunque cada grupo opera con estrategias distintas, en todos los casos la constante es la misma: territorios copados y comunidades en medio de la confrontación. La guerra no se queda en los corredores rurales; se extiende a las cabeceras municipales y, como lo mostraron Cali y Florencia, también a las ciudades intermedias y grandes capitales. Es esa capacidad de moverse entre lo local y lo urbano la que hoy marca la diferencia y pone en jaque tanto a la Fuerza Pública como a los procesos de negociación.
La simultaneidad de los ataques confirmó que el país enfrenta a estructuras armadas que no solo han copado corredores estratégicos, sino que también han aprendido a llevar la guerra a las ciudades.
Para las comunidades, esto significa vivir atrapadas entre la ofensiva del Estado, la presión de los grupos ilegales y la incertidumbre de unos diálogos que parecen avanzar en la mesa, pero retroceder en los territorios. En ese choque entre la retórica de la paz y la realidad de la guerra, la población civil sigue pagando el precio más alto.
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