La mañana en que mataron a Miguel Ángel López, el funerario de Tibú, y a su familia, el conflicto volvió a mostrar su inclemencia en Catatumbo. Las balas que atravesaron La Última Lágrima, el carro en el que por años llevó al menos a 500 muertos de ese municipio, no solo acabaron con su vida y la de su esposa Zulay Durán y su bebé de apenas unos meses, sino que fueron las que rompieron el tenue pacto que tuvieron durante años el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) y dieron paso a la crisis humanitaria más grave que ha sufrido Colombia en 20 años.
La emboscada y el asesinato fue para los habitantes la prueba de que la zona hacía rato estaba conteniendo el aliento. Las calles hirvientes de la región de Norte de Santander sintieron durante semanas los movimientos sigilosos de los grupos armados, especialmente del ELN, que empezaban a acomodarse en posición de guerra y preparando a fuego lento un ataque que desencadenaría la tragedia.
La razón era la de siempre. La de hace 10 años o la de 20 o la de hace 121 años cuando inició la explotación petrolera en el Catatumbo: apoderarse de los corredores estratégicos y ser los señores de la coca y de la tierra.
El hecho marcó el inicio de una serie inacabada de combates sangrientos que, un año después, sigue arrastrando a comunidades enteras entre el miedo, el desplazamiento y la espera de una paz que nunca ha llegado a esta región.
A lo largo de 12 meses de fuego cruzado, Catatumbo, la “Casa del Trueno” como le dicen a este punto del país, se convirtió en el epicentro de un drama humano que desbordó cualquier capacidad de respuesta institucional y que cambió para siempre la vida cotidiana de miles de personas.
Según los datos oficiales del Registro Único de Víctimas (RUV) y citados en el informe que presentó el viernes la Defensoría del Pueblo, la guerra que empezó el 16 de enero y que sigue tan campante por el Catatumbo ha dejado 105.203 víctimas. De estas, 101.587 personas fueron desplazadas, lo que representa una huida masiva de familias enteras que perdieron sus cultivos, su arraigo y su seguridad.
Los números no paran ahí. 7.777 personas fueron amenazadas de muerte directamente por jefes de los grupos armados y 3.772 ciudadanos permanecen bajo el terror del confinamiento, sin poder salir de sus hogares ni siquiera para buscar alimento.
“Seguimos en el Catatumbo, en una situación de extrema preocupación”, dijo la Defensora del Pueblo, Iris Marín, durante la presentación del informe que se hizo en Tibú.
Durante el evento, una de las funcionarias de la Defensoría rompió en llanto presentando el informe. “Aún estamos afectados”, dijo.
Firmantes de paz y jóvenes, las primeras víctimas
Desde el inicio de los enfrentamientos, los caminos de la región se llenaron de silencios forzados y de salidas apresuradas. Familias enteras dejaron sus casas, profesores salieron con banderas blancas de corregimientos como Filo Gringo que quedaron casi vacíos y Tibú se convirtió en refugio improvisado.
Los pobladores se desplazaron en caravanas de motos, buses y camiones improvisados e incluso algunos fueron extraídos por vía aérea. Otros más que no alcanzaron a salir se refugiaron sobre los árboles, dice el informe de la Defensoría, previendo que lo peor venía.
Los que pudieron alargaron el viaje por la dura carretera hacia Cúcuta que en su momento se llenó de retenes del ELN que buscaban a los guerrilleros del Frente 33, pero también a cualquiera que fuera señalado como su aliado. De hecho, las primeras víctimas fueron los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. El primer día cinco de ellos perdieron en la vida en lo que fue considerado el ataque más mortal para los excombatientes de las FARC.
Los jóvenes fueron el otro blanco inmediato. A toda máquina corrió el rumor de que ambos grupos armados estaban buscando muchachos de la región para reclutarlos. “Se necesitaba carne de cañón para ya”, dice a este diario un poblador que prefiere no dar su nombre.
Las Madres del Catatumbo, una asociación que lleva años haciéndole frente a todas las batallas que arrasan una y otra vez con esa tierra y cuyo grito de lucha es que no parieron hijos para la guerra, fueron las primeras en empezar a sacar (y también a esconder) a los muchachos. Otras más, con sentencias anticipadas de los armados, tuvieron que irse sin nada. “Me dieron una hora para salir. Yo no pude sacar nada. Ni mi hijo, que es de tres añitos. Y si yo regresaba a mi casa o algo, sacaban a mi papá”, dijo a este diario Zenaida Pérez, parte de ese grupo de mujeres.
“Los enfrentamientos comenzaron en el sector del kilómetro 25 del municipio de Tibú y se extendieron en distintas áreas del territorio. Miembros del ELN llegaron a las casas, sacaron y retuvieron a algunos pobladores y asesinaron a personas, dejando sus cuerpos en la vía con la orden de no recogerlos”, dice el informe.
La respuesta del Frente 33 no se hizo esperar. “Este ataque no quedará impune. Vamos a defendernos con toda la fuerza que tenemos”, dijo esa estructura en un comunicado.
Desde entonces, los fusiles no se han silenciado.
Ante la magnitud de la crisis, el Gobierno decretó el estado de conmoción interior. El eje central de la respuesta fue fiscal. Según el Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de los Recursos de la Conmoción Interior, con corte a julio de 2025, se adicionaron COP $2,768 billones al Presupuesto General de la Nación para atender la emergencia en el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y municipios del sur del Cesar.
Los recursos se incorporaron mediante el Decreto 274 de 2025 y se liquidaron a través del Decreto 359 de marzo del mismo año. No hubo adición para servicio de deuda. Del total, $1,271 billones (45,9 %) se destinaron a funcionamiento y $1,497 billones (54,1 %) a inversión.
En el territorio, sin embargo, la percepción fue otra. Líderes sociales y comunidades le dijeron a Colombia+20 que muchos de esos compromisos no se materializaron y que el abandono estatal seguía intacto. “Si la plata llegó, se la comieron los grandes, porque nosotros no la vimos”, dijo Zenaida.
Junior Maldonado, dirigente de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), también reclama que la respuesta fuera solo militar. “La acción militar no va a ser la solución en el Catatumbo”, insiste. Y agrega: “Se necesita más compromiso. Aquí no basta con decretos”.
Ascamcat también fue víctima de los ataques. José del Carmen Abril, conocido como Carmito, fundador y expresidente de la asociación, se volvió el símbolo de la tragedia por un video que hizo desde una de las montañas de Catatumbo junto con sus hijos en donde visiblemente asustado dijo que temía por su vida al ser declarado objetivo militar por el ELN. El 17 de enero, un día después del estallido de la violencia, fue rescatado por el Ejército.
La Defensoría del Pueblo describe lo que ocurre en el Catatumbo como una confrontación que tiene rasgos de guerra fratricida. En el informe advierte que se trata de “un conflicto entre personas que antes compartían el territorio, como vecinos, familiares y amigos, y que hoy se ven enfrentadas por la lógica de la guerra”.
La disputa entre el ELN y el Frente 33 no solo enfrenta a dos estructuras armadas, sino que ha roto comunidades que durante años coexistieron en las mismas veredas y corredores rurales.
El control del territorio —clave para las economías ilegales, en particular la coca, y para los corredores estratégicos hacia la frontera con Venezuela— convirtió antiguos vínculos sociales en líneas de sospecha y enemistad. En esa lógica, la guerra no solo se libra contra el grupo rival, sino sobre la población civil que queda atrapada en medio, señalada por sus relaciones, su historia familiar o el simple hecho de habitar un lugar disputado.
“Este conflicto tiene una característica: el odio. Ver cómo se mata entre gente del mismo territorio deja heridas mucho más profundas”, explica a este diario George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander
El aumento del uso de drones
El cambio no solo fue en el territorio sino también en la forma de la guerra. A lo largo de estos 12 meses, organizaciones como Vivamos Humanos ha documentado el uso creciente de drones, artefactos explosivos improvisados y minas antipersonal, todas prácticas prohibidas por el derecho internacional humanitario.
La Defensora Marín dijo en la presentación del informe que esos hechos se siguen presentando. “El informe se tomó el trabajo de analizar los hechos más destacados y masivos que se han presentado durante este primer año en el Catatumbo, y calificarlos a la luz del derecho penal y del derecho penal internacional. Los hechos narrados por la gente son crímenes internacionales. Lo han sido durante este año y siguen siendo mientras que los grupos lo sigan cometiendo”, dijo.
“Desde abril de 2024 al 21 de diciembre de 2025 se han presentado 394 ataques con drones, 275 en 2025, que han ocasionado la muerte de dos menores de 18 años y 24 integrantes de la fuerza pública. En los heridos hay 43 civiles heridos y 265 miembros de la fuerza pública”, revela el documento.
La Defensoría acuña en su informe una frase que resume el asedio: “las bombas caen del cielo y las minas estallan en el suelo”.
Además, el conflicto volvió a mostrar un lado de extrema crueldad contra las mujeres y la infancia. El informe documenta con crudeza la práctica de violencia sexual bajo la modalidad de “pagar con el cuerpo”, donde estructuras ilegales esclavizan a mujeres mediante deudas impuestas o promesas laborales engañosas. A esto se suma el persistente reclutamiento forzado de niños y niñas.
Eso sin contar con la inseguridad alimentaria que también ha afectado a la población. El secretario de Seguridad Quintero, reconoce que el último año ha estado marcado por zozobra y desplazamientos continuos y advierte que este es el único conflicto activo en el país que no cuenta con un corredor humanitario, lo que hace casi imposible garantizar atención médica y ayuda en zonas a las que se llega tras horas de camino.
La captura de Maduro y el factor Venezuela
El reacomodo del tablero geopolítico en Venezuela y la frontera colombo-venezolana ha tenido repercusiones directas en la crisis del Catatumbo. La reciente operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, encendió las alarmas sobre su impacto en el poder del ELN y las dinámicas de violencia en la región fronteriza.
Elizabeth Dickinson, analista sénior de Crisis Group para Colombia, explica que el trasfondo sigue siendo el mismo: “Catatumbo tiene todo, una riqueza enorme, y eso ha sido su bendición y su maldición”. Tierra fértil, corredores hacia Venezuela y economías ilegales —en particular la coca— que convierten el territorio en una pieza estratégica que ningún grupo armado está dispuesto a perder.
La frontera, añade, agudiza la disputa. En un contexto de incertidumbre regional, “consolidar el control territorial, económico y poblacional se vuelve aún más importante”, y ese pulso tiene un costo altísimo para la población civil.
Un año después, la carroza fúnebre La Última Lágrima ya no recorre las calles como antes, pero el Catatumbo sigue contando muertos. En esta región estratégica, rica y abandonada, la guerra que volvió aquel 16 de enero no se ha ido. Con pesimismo algunos de sus habitantes afirman que el conflicto nunca se irá, solo aguarda el momento de reaparecer con más fuerza.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.