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Se esperaba que esta semana la entrega sobre el borrador del modelo de participación de la sociedad civil en el proceso con el ELN trajera un poco de distensión a esa mesa de diálogos, pero hasta el momento ha sido todo lo contrario.
La reunión extraordinaria, que estaba convocada desde hace unas semanas, era la primera en la que se volvían a encontrar las delegaciones desde que hace dos meses estalló la crisis en la que está sumido el proceso por cuenta del diálogo regional que el Gobierno lleva con Comuneros del Sur, un frente que opera en Nariño y que se escindió de la guerrilla.
Además, se preveía que del encuentro se derivara la firma del acuerdo sobre el primer punto de la agenda de diálogos, precisamente el que se refiere a esa participación. Si ocurriera sería un hecho histórico en los poco más de 30 años en los que varios gobiernos han intentado negociar con esa guerrilla, pero el ambiente de tensión tanto dentro como fuera de la mesa, así como las reacciones de gremios empresariales al borrador y las polémicas que han levantado varios puntos del documento alejan la posibilidad de esa firma.
En dos extensas cartas, ocho de los principales gremios empresariales del país expresaron fuertes cuestionamientos a la labor del Comité Nacional de Participación, que en los últimos nueve meses realizó casi 80 encuentros, que reunieron a 8.465 ciudadanos, para recoger propuestas encaminadas a definir cómo se involucrará la sociedad en los diálogos.
Uno de los principales reparos de los gremios tiene que ver con el enfoque del modelo de participación, pues, según plantean, “excede en su alcance el propósito para el cual fue creado”. Según dicen, aunque manifestaron sus preocupaciones, inquietudes y recomendaciones al respecto, no fueron atendidas.
“Los documentos de participación que se presentaron a aprobación del Comité no recogen el sentir, ni las opiniones de muchos de sus miembros y da a entender que quienes redactaron tenían un propósito distinto al de recoger de manera veraz las recomendaciones sobre la participación, que es el propósito del Comité, por tanto, no pueden ser sometidos a aprobación porque se estaría aprobando algo que sobrepasa sus funciones y que tiene un sesgo, pues nuestra voz no ha sido escuchada ni tenida en cuenta”, dice una de las cartas.
Era previsible que reacciones así se dieran dado que las propuestas implican grandes transformaciones estructurales. El senador Iván Cepeda, delegado del Gobierno ante la mesa, ha insistido, sin embargo, que el documento es apenas un borrador y que, por tanto, tendrá modificaciones de cara a lo que planteé la mesa.
José Félix Lafaurie, también delegado del Gobierno en la mesa, le envió hace dos días una carta a la jefa negociadora Vera Grabe —pero firmada en su rol de presidente de Fedegan— donde le expresaba algunas preocupaciones.
En diálogo con Colombia+20, Lafaurie insistió en que cree que el documento y las propuestas son un desbordamiento de las funciones dadas al Comité Nacional de Participación. “En ningún caso ese documento tenía por qué abrir una agenda con temas con los que el país puede eventualmente estar o no de acuerdo, especialmente lo que tiene que ver con las transformaciones en los territorios. Por consiguiente, sí creo que hubo un desbordamiento de funciones y no es una buena idea, dada la sensibilidad que tiene el país frente a estos diálogos”, afirmó.
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¿Qué transformaciones contempla el borrador?
El borrador del modelo, de apenas 10 páginas, concentra las propuestas en un apartado llamado “ejes de las transformaciones” donde se establecen iniciativas muy escuetas sobre los cambios en el régimen político, el modelo económico y la situación ambiental.
En el tema político contempla nueve iniciativas, entre ellas, la creación de una “democracia directa, redistributiva, poder social y poder popular y ciudadano”, una reforma a la doctrina de seguridad y a la actuación de la Fuerza Pública, una reforma electoral, transformaciones del sistema de justicia y el desmantelamiento de toda forma de paramilitarismo, de los clanes políticos y grupos criminales y de narcotráfico.
El documento solo enumera las propuestas, pero, por ahora, no las desarrolla. Varias de esas iniciativas también están contenidas en las reformas sociales del Gobierno o en proyectos que han presentado sus ministerios. Pero para expertos el camino para lograr esos cambios debe ser el Congreso y no una mesa de negociación con un grupo armado.
Al respecto, Lafaurie indica que no podría ser vinculante nada del borrador que afecte el ordenamiento jurídico. “No se le pueden delegar funciones que no tiene al Comité. Es decir, si el Gobierno se obliga a hacer transformaciones institucionales, necesariamente tienen que pasar por el Congreso. No se le puede delegar ni a la mesa, a través de la delegación del gobierno, ni mucho menos a un comité de participación. Hay temas que evidentemente están dados a otros órganos que tienen la competencia constitucional y legal”, afirma.
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Según Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, lo que puede ser más preocupante al margen del documento que aún puede modificarse es que existan altas expectativas de parte de esa guerrilla sobre enormes transformaciones sociales que necesitarían de otros caminos.
“El Comité tenía una tarea y era que con todas esas organizaciones se pensarían temas que iban a discutirse en las mesas de participación, pero de ninguna forma eso quiere decir que automáticamente vayan a hacerse ese tipo de transformaciones. Pero sí me preocupa que de parte de la delegación del ELN exista esa expectativa de que esas mesas de participación van a conducir a transformaciones de ese nivel de profundidad vía un acuerdo de paz, lo cual no va a ocurrir. Ya hemos tenido experiencias con el M-19, con lo que pasó con el EPL, incluso el mismo acuerdo con las FARC. Eso puede generar unas frustraciones complicadas para el proceso, más de las que ya hay”, explica.
En cuanto al modelo económico, este punto ha generado controversia desde que fue incluido en la agenda de los diálogos durante el segundo ciclo en marzo de 2023. En ese documento, que fue firmado en México, se dijo que se examinaría el modelo económico. En su momento, eso representó un cambio radical frente a lo que fueron las negociaciones con las antiguas FARC en La Habana, en las que para el Estado colombiano esa fue una línea roja: no negociar el modelo económico.
Ese punto también incluye otros puntos que han movido la discusión, como una revisión de la propiedad, uso y tenencia de la tierra y del modelo extractivista y la transición energética en todas las escalas. Ambas propuestas están alineadas con apuestas del presidente y con las demandas globales para disminuir el impacto del cambio climático
En cuanto al tema ambiental, hay temas que generan más consenso como la necesidad de frenar la contaminación ambiental y la urgencia de implementar el Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo internacional legalmente vinculante para garantizar la protección de ambiental y que reconoce a los líderes y defensores ambientales y su necesidad de seguridad.
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Los críticos señalan que el modelo de participación propuesto podría marginar a importantes sectores productivos y no abordar de manera integral las complejidades económicas y sociales del país. Además, cuestionan la viabilidad de implementar cambios tan radicales en un contexto de diálogo con actores armados como el ELN, donde la estabilidad y la seguridad económica son cruciales para el éxito de cualquier transformación.
El ambiente enrarecido que hoy tiene esa negociación tampoco ayuda a que se pueda promover un debate sobre las propuestas y menos a vislumbrar que ese borrador ayuda a salir a la mesa del letargo en el que ha caído. Sobre todo tras la carta del alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, donde pidió al ELN agilizar su VI congreso para que resuelva “sus diferencias internas” y afirmó que no se avanzará en ningún acuerdo mientras el ELN no abandone el secuestro.
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