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Colombia entrará a 2026 con una paz atravesada por las elecciones y por el cierre del gobierno de Gustavo Petro.
Más que acuerdos definitivos, la apuesta de la paz total será dejar instalados mecanismos específicos y de alcance limitado para ordenar el terreno antes del relevo presidencial. La apuesta oficial ha sido avanzar en Zonas de Ubicación Temporal con estructuras armadas de menor escala —como Comuneros del Sur en Nariño o la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano— con el objetivo de dejar procesos operativos, verificables y difíciles de desmontar tras el cambio de gobierno.
La única excepción de mayor envergadura es el intento de negociación con el Clan del Golfo, que introduce riesgos políticos y de seguridad mucho más altos.
Al mismo tiempo, 2026 marcará el cierre de varios ciclos centrales del Acuerdo de Paz de 2016 en un contexto de seguridad deteriorado. Las curules de paz tendrán su última elección en territorios donde la presencia de actores armados ilegales, las economías ilícitas y las disputas por el control territorial siguen condicionando la participación política y la libertad del voto. El Partido Comunes, por su parte, competirá por primera vez sin curules transitorias ni garantías especiales, enfrentando la contienda electoral como cualquier otro partido. Esto con el contexto de violencia que limita su presencia en regiones donde persiste la violencia contra firmantes del Acuerdo.
En paralelo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deberá pasar de las sentencias históricas a la implementación efectiva de sus sanciones restaurativas, en medio de dudas sobre los recursos, los mecanismos de seguimiento y la verificación internacional.
Todo esto ocurrirá en medio del aniversario número 10 del Acuerdo de Paz, un pacto con avances innegables, pero también con rezagos estructurales, especialmente en materia de seguridad y protección de excombatientes, líderes sociales y comunidades. En ese cruce entre lo logrado y lo pendiente, la paz se convertirá en un eje inevitable de la campaña de 2026, donde no solo estará en juego la continuidad de los procesos, sino la manera en que el país decida enfrentar, una vez más, la tensión entre seguridad, justicia y negociación.
¿Cómo terminará la paz total?
La Política de Paz Total entrará en 2026 en su momento más delicado. No será un año de acuerdos finales ni de anuncios históricos, sino el de pequeños acuerdos que marcarán el final de la ambiciosa política del presidente Gustavo Petro en medio de una campaña electoral que inevitablemente polarizará el debate sobre seguridad.
Desde su diseño, la paz total fue concebida como una política de largo aliento, pero a medida que se acerca el fin del mandato de Petro, el Gobierno ha optado por concentrarse en mecanismos transitorios con la intención de dejar instalados hechos difíciles de revertir por la siguiente administración. En ese contexto, las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) se convertirán en la pieza central de la estrategia.
Para 2026, el Ejecutivo espera que estén plenamente operativas las ZUT con Comuneros del Sur en Nariño, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (la disidencia de “Mendoza”) también en Nariño y Putumayo; y con el Clan del Golfo en Chocó y Córdoba, procesos que, en algunos casos, amarran al siguiente gobierno. Hay otro más en Catatumbo con el frente 33, pero dadas las circunstancias de esa región es posible que no llegue a buen puerto.
Sin embargo, el mayor desafío no es técnico, sino político. La continuidad de las ZUT y de los diálogos asociados dependerá en gran medida del resultado de las elecciones de 2026. Consciente de ese riesgo, la estrategia oficial ha sido institucionalizar al máximo estos procesos antes del relevo de poder. Esto incluye dejar establecidos protocolos de verificación, esquemas de acompañamiento internacional, compromisos mínimos de las partes y una narrativa pública que presente las ZUT no como concesiones políticas, sino como instrumentos de estabilización territorial. La apuesta es elevar el costo político de desmontarlas sin un plan alternativo claro.
Aun así, el contexto territorial sigue siendo frágil. En varias regiones, las ZUT conviven con disputas entre grupos armados, economías ilegales activas y comunidades que desconfían de la capacidad del Estado para cumplir sus promesas.
Así las cosas, el desenlace de la paz total para 2026 no dependerá solo de los avances logrados hasta entonces, sino de si el próximo gobierno decide asumir estos procesos como una herencia o como una base sobre la cual construir una política de paz distinta.
Se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de Paz
El Acuerdo de Paz con las FARC cumplirá 10 años de vigencia, un hecho que por sí solo resulta excepcional en un mundo donde los pactos de paz rara vez han resistido el paso del tiempo, los cambios de gobierno y las crisis de seguridad.
Llegar a esa década no implica que el Acuerdo esté plenamente implementado, pero sí que ha demostrado una capacidad de supervivencia institucional y social poco común. A lo largo de estos años, la implementación ha sido irregular. La reforma rural integral sigue siendo uno de los puntos más rezagados, la sustitución de economías ilícitas ha avanzado de forma desigual y la seguridad de excombatientes y líderes sociales continúa siendo una de las mayores deudas del Estado.
Aun así, el Acuerdo no colapsó. Hoy, más de 12.000 firmantes siguen vinculados al proceso de reincorporación, a pesar de asesinatos, estigmatización y dificultades económicas. La mayoría de ellos no volvió a las armas, un dato que suele pasar inadvertido en el debate público, pero que marca una diferencia sustancial frente a experiencias anteriores de desmovilización en Colombia.
El décimo aniversario llegará, además, en un contexto político complejo. El Gobierno ha reconocido fallas en la institucionalidad creada para implementar el Acuerdo. En el plano internacional, el respaldo que durante años fue casi unánime muestra fisuras, con debates abiertos sobre el enfoque de seguridad, la verificación y el rumbo de la implementación.
Todo esto hará que el Acuerdo sea, inevitablemente, un tema central de la campaña de 2026. Las candidaturas tendrán que definirse frente a un pacto que, con todos sus problemas, logró mantenerse vivo.
La última elección de las curules de paz
Las elecciones legislativas de 2026 marcarán el último ciclo de las curules de paz, el mecanismo creado en el Acuerdo de 2016 para garantizar representación política a las víctimas del conflicto armado y a los territorios más golpeados por la guerra.
El cierre de este proceso electoral ha vuelto a poner en evidencia las dificultades estructurales que han acompañado a las curules de paz desde su creación. La verificación de los aspirantes, las disputas por avales entre organizaciones de víctimas y los vacíos normativos siguen generando tensiones en los territorios. A ello se suman las barreras económicas: campañas con recursos limitados y sin acceso real a grandes fuentes de financiación.
Pero el mayor factor de incertidumbre es la violencia. Líderes sociales y organizaciones han advertido de amenazas, restricciones a la movilidad y presión sobre comunidades. Además, con el cierre definitivo de las curules en 2026 existe el temor de que este último proceso se convierta en un final abrupto de la participación política, uno de los puntos del Acuerdo de Paz.
Más allá de las controversias, la experiencia de las curules de paz dejó algunos resultados concretos en el Congreso. Sus representantes lograron posicionar en la agenda legislativa debates que históricamente habían quedado relegados, como la situación de los territorios PDET, la protección de líderes sociales, la implementación del Acuerdo de Paz y las afectaciones humanitarias en regiones rurales atravesadas por el conflicto.
Sin embargo, las limitaciones han sido evidentes. La falta de una bancada cohesionada, las dificultades para el trámite de proyectos y la dependencia de alianzas con partidos tradicionales redujeron su margen de acción legislativa. A esto se sumó la falta de acompañamiento institucional para fortalecer sus capacidades legislativas. Otro golpe no menor fue el involucramiento de la representante de Arauca Karen Manrique en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).
El 2026 mostrará si la representación de las víctimas fue apenas una concesión temporal del posacuerdo o el punto de partida de una transformación duradera en la forma como el Estado escucha a los territorios que cargaron la guerra.
Comunes se medirá por primera vez en las urnas sin garantías especiales
El Partido Comunes –que surgió tras la firma del Acuerdo de Paz– enfrentará en 2026 su prueba más dura: deberá competir en las urnas sin garantías excepcionales y someterse a las reglas del sistema político tradicional. Esos escaños, que fueron creados como un mecanismo para la transición a la vida civil de los excombatientes y su incorporación a la política, les garantizaba la presencia en dos legislaturas.
Aunque estas garantías estaban previstas en el Acuerdo, no estuvieron acompañadas del respaldo institucional necesario para consolidar el partido como una fuerza política competitiva. La reforma política que debía crear condiciones de igualdad -en términos de fortalecimiento, financiación, formación política y seguridad- avanzó de manera incompleta. Como resultado, Comunes llega a 2026 con el reto de competir en un escenario electoral en el que las reglas son formalmente iguales, pero las condiciones materiales siguen siendo profundamente desiguales.
“No contamos con recursos que nos permitan desarrollar una acción en todo el territorio nacional”, afirmó Pastor Alape a Colombia+20 hace unos días.
Además, enfrentan desafíos de seguridad para llegar a ciertos territorios donde la violencia sigue golpeando con especial fuerza a quienes firmaron la paz. “Los actores violentos que operan en algunas zonas nos impiden llegar a lugares donde tenemos mayor acumulación política”, agregó Alape.
De cara a 2026, Comunes no solo deberá enfrentar la competencia política, sino la estigmatización que todavía pesa sobre quienes dejaron las armas.
Catatumbo, en riesgo de repetir una crisis humanitaria como la de 2025
Catatumbo arrancó el año atrapado nuevamente en el fuego cruzado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF).
Los recientes ataques contra hospitales, viviendas e iglesias —con especial intensidad en El Tarra, donde el frente 33 busca recuperar espacios hoy controlados por el ELN— han provocado el desplazamiento de al menos 56 familias, que huyeron de Filo Gringo hacia Ocaña.
Estos hechos aumentan el riesgo de que en 2026 se repita la crisis humanitaria que se desató en enero de 2025 —la peor de los últimos 20 años en el país— por el recrudecimiento de los combates entre ambos grupos armados en esa región de Norte de Santander.
Carmen García, directora de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, advierte que los enfrentamientos podrían extenderse a más veredas de Tibú y El Tarra. Según sus registros, ya hay más de 200 familias desplazadas en Tibú, más de 180 familias en Cúcuta y al menos 300 en El Tarra, además de otras que permanecen en albergues temporales o en casas de conocidos. “Esto se nos va a agrandar cada día más”, señala García.
Para Diógenes Quintero, representante de la curul de paz de Catatumbo, resulta alarmante que las familias que hoy se desplazan forzadamente son las mismas que habían tenido que huir hace un año. “Eso es lo crítico. Esa misma gente había retornado sin condiciones de seguridad”, dijo Quintero a Colombia+20.
En este contexto, persiste la preocupación sobre la capacidad y preparación del Estado —tanto a nivel nacional como local— para atender una nueva emergencia humanitaria en 2026. La lideresa García advierte que las administraciones departamentales y municipales no cuentan con los recursos necesarios para garantizar la atención y el sostenimiento de las víctimas.
La seguridad será el centro del debate y de las elecciones
El debate sobre la seguridad marcará 2026. Tras un año atravesado por crisis humanitarias, disputas territoriales y el inicio del calendario electoral, el país enfrenta un escenario de violencia que amenaza con recrudecerse en varias regiones y pone a prueba la capacidad del Estado para proteger a la población civil.
Para Reynell Badillo, investigador y estudiante del doctorado en ciencia política de la Universidad de Chicago, el desafío pasa por diferenciar los territorios según la dinámica del conflicto. El analista señala que el Estado deberá concentrar esfuerzos tanto en regiones donde un solo actor armado ejerce control, como en aquellas donde existen disputas activas o latentes entre grupos ilegales.
En las primeras –como el Urabá antioqueño y chocoano, el sur de Córdoba, Montes de María o el sur del Cesar– el riesgo no está tanto en enfrentamientos armados, sino en la capacidad de los grupos ilegales para incidir en la vida social y política. “Durante elecciones, estas son subregiones que necesitan monitoreo constante, porque es precisamente en donde es más factible que los grupos traten de alterar los patrones electorales”.
El panorama es más crítico –advierte Badillo– en las subregiones con conflictos activos, como el sur de Bolívar, el sur de Chocó, el Cauca, la Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo o el Bajo Cauca, donde confluyen disputas entre grupos como el ELN, disidencias, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. A esos territorios se suman otros como Arauca o Nariño, donde, aunque no hay combates permanentes, existen tensiones que pueden escalar con facilidad.
Frente a ese mapa de violencia, el país está a la espera de la estrategia de seguridad del próximo gobierno. Badillo señala tres retos principales: evitar la fragmentación de los grupos armados -como se ha visto recientemente- y que los conflictos escalen.
El segundo tiene que ver con las gobernanzas armadas y el último reto es contener un eventual rebrote de la violencia urbana cuando terminen las negociaciones con grupos en las ciudades.
El reto de poner en marcha las sanciones de la JEP
Tras un año histórico en el que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó sus primeras sanciones propias –las primeras de carácter restaurativo en el mundo–, el reto ahora será ponerlas en marcha. Los fallos emitidos responsabilizaron al antiguo secretariado de las FARC por más de 21.900 secuestros y a integrantes del Ejército por ejecuciones extrajudiciales cometidas en el batallón La Popa, en Valledupar.
Aunque las decisiones fueron defendidas como un hito en verdad, persisten dudas sobre cómo se implementarán. Una de las principales incertidumbres gira en torno al seguimiento internacional, luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU retirara a la Misión de Verificación su competencia para monitorear el cumplimiento de estas sanciones.
Ante ese vacío, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que estaría dispuesta a colaborar en la verificación de la implementación de las sentencias. La propuesta, sin embargo, aún debe ser avalada.
Esas incertidumbres se suman a los debates jurídicos que la JEP ha tenido que resolver. En 2024, siete exintegrantes del último secretariado de las FARC interpusieron una tutela para que los crímenes fueran acumulados en un solo macrocaso y se resolvieran mediante una única sentencia. El tribunal negó esa solicitud y advirtió que hacerlo vulneraría los derechos de las víctimas.
Además, la sentencia del caso 01, sobre secuestro, fue apelada por familiares de víctimas y eso tiene efecto suspensivo. Mientras llega la decisión en segunda instancia, la JEP evalúa las iniciativas que presentaron las víctimas y avanza en la estructuración de los proyectos restaurativos. Entre esas medidas están iniciativas ambientales, de memoria y de desminado. En este último caso, se adoptó un auto que definió a Ibagué, Villavicencio y Florencia como los primeros territorios donde se organizará la información entregada por los comparecientes.
Por eso, 2026 será clave para la JEP. La Jurisdicción trabaja en ajustar proyectos y buscar los recursos para que las sanciones propias puedan implementarse.
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