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El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1001 de 2026, con el que modificó varias de las reglas que rigen el servicio público de taxi. La norma cambia las condiciones para cambiar de empresa, amplía la vigencia de la tarjeta de operación, elimina algunos cobros y trámites y modifica las reglas para prestar el servicio entre municipios contiguos y hacia determinados aeropuertos.
El decreto había sido publicado como proyecto entre el 19 de junio y el 6 de julio para recibir comentarios de ciudadanos y actores del sector. Como contamos en este diario cuando todavía estaba en discusión, la propuesta buscaba intervenir varias de las reglas que afectan a conductores y propietarios, desde la relación con las empresas hasta la asignación de nuevas matrículas. La versión definitiva conserva buena parte de esos cambios, aunque ahora tienen fuerza normativa.
Uno de los cambios que más directamente afecta a los propietarios de taxis está en la relación con las empresas. El decreto establece que el contrato de vinculación no podrá superar los dos años y obliga a las empresas a entregar cada mes, sin costo, un extracto con los cobros y pagos realizados por cada concepto.
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Además, el paz y salvo deja de ser un requisito para adelantar trámites de tránsito o transporte. Las empresas tampoco podrán cobrar para permitir la desvinculación de un vehículo, expedir la tarjeta de operación o la Planilla Única de Viaje Ocasional, ni por servicios que no hayan sido prestados.
La norma también facilita el cambio de empresa. Un propietario podrá solicitarlo en cualquier momento durante la vigencia del contrato, siempre que cumpla los requisitos establecidos. La empresa tendrá hasta 15 días hábiles para responder las peticiones y no podrá imponer condiciones que restrinjan la libertad del propietario para escoger otra compañía.
Otro cambio está en la operación fuera del municipio donde está registrado el taxi. Los vehículos podrán prestar el servicio en municipios contiguos sin portar la Planilla Única de Viaje Ocasional. La excepción podrá aplicarse cuando la autoridad del municipio de destino determine, mediante un estudio técnico de oferta y demanda, que no es posible permitir ese ingreso.
También se eliminó ese requisito para determinados viajes hacia o desde aeropuertos. La regla cobija, entre otros casos, los aeropuertos que sirven a las capitales departamentales y que están ubicados en municipios diferentes a estas, así como algunos aeropuertos relacionados con áreas metropolitanas.
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La tarjeta de operación, que hasta ahora tenía una vigencia de un año, pasará a expedirse por dos años. El cambio reduce la frecuencia con la que los propietarios deben adelantar este trámite.
El Gobierno también modificó la forma en que se asignarán nuevas matrículas. Estas deberán entregarse mediante sorteos públicos y bajo principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y publicidad. Las autoridades podrán establecer medidas de acción afirmativa para incentivar la participación de conductores que no sean propietarios de vehículos.
Este punto había sido uno de los más llamativos del proyecto que analizó este diario. Entonces, el mecanismo se presentó como una posibilidad para que conductores con experiencia pudieran acceder a una matrícula, pero también aparecieron dudas sobre su capacidad real para resolver las barreras económicas que enfrenta quien no tiene capital suficiente para comprar un vehículo.
El decreto finalmente no resuelve por sí solo ese problema financiero. Lo que establece es el mecanismo para acceder a nuevas matrículas. La compra del vehículo y las condiciones para obtener financiación siguen dependiendo del mercado y de las condiciones de cada conductor.
La norma también amplía de uno a cinco años el plazo para reponer un taxi cuando el vehículo haya sido hurtado, perdido, desintegrado, destruido o sometido a un cambio de servicio. En el caso de hurto, el propietario deberá presentar dentro de los seis meses siguientes la denuncia y la certificación de no recuperación expedida por la Fiscalía.
Finalmente, el Ministerio de Transporte deberá brindar asistencia técnica a las autoridades territoriales para que diseñen programas de formación y fortalecimiento de competencias para los conductores de taxi. Estos podrán incluir contenidos sobre atención al usuario, seguridad, eficiencia y mejoramiento de las condiciones del servicio.
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