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El transporte del crudo colombiano por territorio ecuatoriano se convirtió en un nuevo frente de tensión bilateral.
El Gobierno de Ecuador decidió elevar en más de 900 % la tarifa por el uso del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una medida que lleva el costo por barril desde un rango cercano a los USD 2,5–3 hasta niveles superiores a USD 30. La decisión impacta de manera directa la operación petrolera del sur de Colombia y profundiza una disputa que ya incluía aranceles cruzados y restricciones energéticas.
El Ministerio de Minas y Energía calificó el ajuste como unilateral, desproporcionado y ajeno a criterios técnicos o económicos. El señalamiento central apunta a la viabilidad misma de la producción en regiones como Putumayo, donde operan pequeños y medianos productores que dependen del acceso a infraestructura transfronteriza para sacar su crudo al mercado internacional.
“Esta decisión del Gobierno Ecuatoriano es una nueva agresión al pueblo. Ahora elevan unilateral y arbitrariamente el precio del transporte de crudo por uno de sus oleoductos, violando, nuevamente, compromisos previamente adquiridos, como el acuerdo del 13 de febrero de 2011. Afectando principalmente a pequeños productores de crudo”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
La cartera subrayó que el golpe se concentra en una región con limitadas alternativas de transporte y una historia prolongada de exclusión estatal. Putumayo combina producción petrolera de menor escala, infraestructura incompleta y alta sensibilidad social. En ese entorno, el acceso a un corredor como el SOTE cumple una función que va más allá del negocio energético: sostiene encadenamientos productivos y aporta estabilidad en zonas donde la presencia del Estado ha sido fragmentaria.
Rechazamos la decisión unilateral y arbitraria del Gobierno de Ecuador de aumentar en más de 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano por el SOTE.
— Minenergía (@MinEnergiaCo) January 27, 2026
Esta medida golpea a los pequeños y medianos productores del Putumayo, pone en riesgo el empleo y castiga a una región… pic.twitter.com/kTXRjAxC0N
El foco operativo del conflicto
El SOTE es un ducto de propiedad estatal ecuatoriana que conecta la Amazonía con la costa del Pacífico. Por allí circula crudo de Ecopetrol y de empresas privadas colombianas.
En noviembre pasado, según cifras citadas por AFP, se transportaron por este sistema alrededor de 10.300 barriles diarios de petróleo colombiano, una fracción pequeña frente a la capacidad total del oleoducto, que puede mover hasta 360.000 barriles por día.
El cambio tarifario altera de manera abrupta la ecuación financiera de esa operación. En un contexto de precios internacionales del crudo a la baja, un salto de este tamaño en costos logísticos reduce márgenes, eleva el punto de equilibrio de los proyectos y expone a las compañías a decisiones de cierre temporal o suspensión de producción. En economías regionales con alta dependencia del sector petrolero, el impacto se traslada rápidamente al empleo, a los proveedores locales y a los ingresos fiscales.
El aumento del costo del SOTE llega en medio de una escalada más amplia entre Bogotá y Quito. En la última semana, ambos gobiernos se impusieron aranceles de 30 % a sus exportaciones, luego de que Ecuador justificara gravámenes a productos colombianos por razones de seguridad en la frontera. Colombia respondió con aranceles a una veintena de bienes ecuatorianos y con la suspensión de la venta de electricidad, un insumo crítico para un país deficitario en generación.
Las cifras del comercio bilateral ayudan a dimensionar el trasfondo. Entre enero y octubre de 2025, Colombia exportó a Ecuador USD 1.529 millones, mientras que las ventas ecuatorianas hacia Colombia sumaron USD 680 millones, según datos de Analdex. El intercambio total ronda los USD 2.800 millones, de acuerdo con gremios empresariales de ambos países. En ese marco, el petróleo y la energía adquieren peso estratégico como instrumentos de presión.
El argumento ecuatoriano y los vacíos
Desde Quito, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó el ajuste tarifario y señaló que se trata de un “cambio en el valor” cobrado a usuarios extranjeros por el uso del SOTE. La explicación pública no detalló estudios de costos, necesidades de inversión o criterios comparables con tarifas aplicadas a otros operadores. Tampoco precisó si el incremento responde a variables técnicas, ambientales o fiscales.
Ecuador también cuenta con el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), de propiedad privada, que desde 2013 ha transportado cerca de 46 millones de barriles de petróleo colombiano. Sobre ese ducto, el Gobierno ecuatoriano ha mencionado evaluaciones tarifarias, aunque aclaró que allí rigen acuerdos entre privados. La coexistencia de ambos sistemas introduce un elemento adicional de incertidumbre para los exportadores colombianos.
Para Bogotá, la decisión vulnera el espíritu de los acuerdos binacionales y los principios de integración andina, que buscan facilitar el libre tránsito de bienes estratégicos. El Ministerio de Minas insistió en que había conversaciones en curso y que estas fueron suspendidas de manera abrupta.
También denunció recientes atentados en la infraestructura eléctrica en Cauca y Nariño, motivo por el cual reforzó la seguridad en el suroccidente del país.
Gobierno de @petrogustavo refuerza la protección de la infraestructura eléctrica y rechaza ataques a la red en el suroccidente del país.
— Minenergía (@MinEnergiaCo) January 25, 2026
Tras los recientes atentados en departamentos como Cauca y Nariño, el Gobierno Nacional ha reforzado las acciones de seguridad y coordinación… pic.twitter.com/kymNckMnay
El más reciente discurso incluyó críticas internas. Palma cuestionó el silencio de sectores empresariales que reclaman medidas de emergencia económica, mientras —según su lectura— guardan distancia frente a decisiones externas que afectan empresas, trabajadores y regiones completas del país.
“Mientras el Consejo Gremial demanda la emergencia económica, calla frente a esta agresión contra nuestro país que afecta empresas, trabajadores y nuestra economía. Como también calla ante la actitud de los mayoristas de combustibles colombianos que dejaron de comprar etanol nacional y sus inventarios están a punto del colapso. ¿Dónde está su patriotismo?”, señaló el ministro Palma.
El desenlace dependerá de la capacidad de encauzar la disputa por vías técnicas y diplomáticas. Por un lado, para las regiones productoras, cada día de incertidumbre se traduce en decisiones operativas concretas. ]En términos de la relación bilateral, el episodio deja una señal clara sobre la fragilidad de los acuerdos cuando la coyuntura política redefine las reglas del juego.
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