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Cuando la crisis arreciaba en la región en el segundo trimestre de 2020 se destruyeron alrededor de 43 millones de empleos. Aunque desde entonces se han recuperado gran cantidad de puestos de trabajo, aún estamos lejos de volver a los niveles que teníamos antes de la pandemia.
La débil recuperación del empleo implicó que en el primer semestre de 2021 la tasa de desocupación promedio de la región se mantuviera elevada, en 11 %. En términos absolutos, significa que alrededor de 32 millones de personas están buscando trabajo activamente sin conseguirlo.
Pero además alrededor del 70 % de los empleos creados en los últimos meses en un grupo de países latinoamericanos, son en condiciones de informalidad. Este es un dato preocupante porque en muchos casos implica ocupaciones con bajos ingresos, sin protección social ni derechos.
La informalidad es un problema endémico en América Latina. Antes de la pandemia, en promedio uno de cada dos empleos era informal en la región. Cuando llegó la crisis, las ocupaciones informales fueron las más afectadas por la destrucción de empleos y la abrupta pérdida de ingresos.
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Es cierto que el virus no discrimina en el contagio, pero en nuestras sociedades fragmentadas el acceso a servicios sociales, a infraestructura tecnológica y a condiciones de trabajo dignas marcan la diferencia llegado el momento de protegerse contra los impactos económicos de una crisis.
De hecho, al iniciarse los largos periodos de confinamiento el teletrabajo y la digitalización contribuyeron para la continuidad de negocios y preservación de millones de empleos. Se estima que unas 23 millones de personas transitaron hacia el teletrabajo en la región. En algunos países, cerca del 30 % de los asalariados pasaron al teletrabajo.
Sin embargo, esta opción estuvo disponible predominantemente para trabajadores asalariados formales, de alto nivel educativo y con acceso a tecnologías y conectividad. Al mismo tiempo, todos fuimos testigos de cómo en nuestras ciudades las actividades informales desbordaron las medidas sanitarias para el control de la pandemia, pues mucha gente necesita trabajar un día para comer ese día.
Adicionalmente, las mujeres, los jóvenes, los migrantes y las personas de menores calificaciones han sido desproporcionadamente afectados por la contracción del empleo y los ingresos, y esto significa que fueron afectados con mayor fuerza por los impactos desigualadores y de aumento de la pobreza de esta crisis en la región.
En el caso de las mujeres, se produjo un retroceso en la participación laboral después de décadas durante las cuales se había registrado un aumento en su incorporación a la fuerza de trabajo. Hace más de 15 años que no se registraba una tasa tan baja de participación económica de las mujeres.
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Esto también se refleja en los datos de recuperación del empleo. Desde el segundo trimestre de 2020 y hasta el primer trimestre de 2021 se recuperó el 58 % del total del empleo femenino perdido durante el primer semestre de 2020 en la región. En el caso del empleo masculino este valor asciende al 77 %.
Ante un escenario tan complejo, es hora de hacer un llamado a la acción en favor de la generación de más y mejores empleos para salir de la crisis. Como ya lo estamos comprobando, la recuperación económica por si sola es insuficiente para generar más y mejores empleos.
Además de apuntalar el crecimiento, es crucial que haya políticas enfocadas especialmente en la generación de puestos de trabajo formales. Hay un amplio repertorio de medidas a disposición de los gobiernos para avanzar en este camino, que debería ser respaldado por un diálogo social efectivo con empleadores y trabajadores.
Por otra parte, es importante que esas estrategias apunten hacia el futuro del trabajo que queremos. En el caso de la informalidad, es importante ir más allá de las estrategias habituales, quizá para repensar la forma de abordar este problema con el uso de nuevas tecnologías e iniciativas para la e-formalización.
No podemos olvidar que el empleo es la principal fuente de ingresos de los hogares latinoamericanos y como tal es esencial para reducir la pobreza y la desigualdad. Y por eso es también una pieza clave de la estabilidad social en los países de la región.
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* Director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe