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En una jugada de “fuego amigo” que tensa al máximo la relación entre el sector energético y la autoridad tributaria, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó mediante resolución 13261 del 10 de noviembre que la Refinería de Cartagena (Reficar) deberá pagar COP 17.406 millones por el IVA del 19 % que no declaró al importar combustibles.
Los números preocupan al sector energético. El cobro total se desglosa en componentes específicos que revelan la complejidad del caso:
- COP 13.186 millones por IVA no pagado en la importación de gasolina regular.
- COP 1.318 millones de sanción directa a la Refinería de Cartagena por declarar el impuesto a tarifa cero.
- COP 2.901 millones de sanción a la Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding por “hacer incurrir en error” a su cliente.
Este nuevo cobro se suma a los COP 1,3 billones que la DIAN reclama a Reficar y Ecopetrol por el mismo concepto aplicado de forma retroactiva entre 2022 y 2024. La disputa es una pulseada legal que ya sumó una tutela de la Unión Sindical Obrera (USO) admitida en el juzgado 15 Administrativo de Cartagena, buscando evitar embargos que podrían paralizar la operación, según confirmó Blu Radio.
La resolución representa la última bala en una guerra que lleva meses escalando. Y es que el conflicto, que parece una discusión técnica entre abogados, en realidad es una bomba de tiempo para el abastecimiento de combustibles en el país, sobre todo desde que el término “embargo” apareció en la discusión.
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El corazón del conflicto: ¿importación o producción nacional?
Aquí está el meollo del conflicto. Reficar opera bajo una Zona Franca, un régimen especial que la DIAN interpreta como territorio extranjero para efectos tributarios. Cada litro de gasolina que sale de la refinería hacia el resto de Colombia es tratado como si viniera de otro país, y por tanto sujeto al impuesto de importación.
La refinería alega que esta interpretación es incorrecta. Su argumento se basa en que, según el artículo 465 del Estatuto Tributario, el Ministerio de Minas y Energía es el único que puede definir sobre qué valor se calcula el IVA de los combustibles. Como el Ministerio no ha fijado ese precio base, la refinería considera que no hay base legal para cobrar el impuesto.
Pero la DIAN fue contundente en su fallo de 40 páginas: “La competencia del Ministerio de Minas y Energía para fijar precios de ciertos productos refinados no suspende la aplicación del IVA y, en ausencia de norma especial vigente, aplica la regla general del artículo 459 del ET para determinar la base gravable en la importación de gasolina y ACPM”.
En otras palabras: si Minas no actúa, igual se paga.
El efecto dominó que preocupa al sector energético
Este cobro de COP 17.406 millones es apenas la punta del iceberg de un problema que podría escalar rápidamente. Reficar procesa 183.200 barriles diarios, casi la mitad de la capacidad de refinación del país. Si la autoridad tributaria decide embargar las cuentas de la refinería para cobrarse, el escenario se vuelve catastrófico.
Sin liquidez para comprar crudo y mantener operaciones, la planta podría detenerse en cuestión de semanas. Estaríamos hablando de desabastecimiento real de gasolina y diésel en todo el territorio nacional.
Pero hay más: un embargo superior a COP 400.000 millones activaría cláusulas en los bonos internacionales de Ecopetrol que permitirían a los acreedores exigir el pago inmediato de toda la deuda, que ronda los COP 120 billones. Sería un terremoto financiero.
Ambas empresas energéticas alegan que la DIAN cambió las reglas del juego a mitad de partido, aplicando una interpretación que antes era diferente, un nudo que pone la vara en cerca de COP 1,3 billones de impuestos pendientes por pagar.
Mientras los abogados se preparan para la próxima ronda judicial, los ciudadanos aguardan que esta pulseada no se convierta en otra crisis.
El rumbo de la gasolina y el diésel
Los combustibles han sido protagonistas durante todo el Gobierno Petro. Mientras la DIAN avanza con estos cobros millonarios, el Ministerio de Minas y Energía prepara decretos para disminuir el golpe fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Recientemente, el Ministerio de Minas y Energía reiteró su intención de fijar precios diferenciales para vehículos diferentes al transporte de carga, buscando aliviar las presiones fiscales que genera la estabilización del diésel. Según el Ministerio de Hacienda, este subsidio ha beneficiado desproporcionadamente a hogares de mayores ingresos y representa una asignación ineficiente de recursos.
Mientras tanto, la demanda de combustibles se vería golpeada, ya que el Ministerio de Comercio propuso un arancel de hasta 40 % a la importación de vehículos a gasolina y diésel. La entidad justifica la medida como parte de una estrategia para desincentivar tecnologías más contaminantes.
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