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En el corazón del Caribe, una problemática silenciosa amenaza la estabilidad del servicio eléctrico y la seguridad de miles de usuarios: la instalación de transformadores ilegales. Este fenómeno, detectado por la empresa Air-e durante 2024, no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino que también expone a las comunidades a riesgos graves por la manipulación antitécnica de redes eléctricas.
Las cifras son alarmantes: 418 transformadores fueron instalados sin autorización en departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira, ocasionando pérdidas anuales de $8.600 millones.
Cada día, más de $23 millones se fugan por esta práctica ilícita, lo que revela un sistema afectado por conexiones fraudulentas que abastecen a usuarios residenciales, comerciales e industriales sin pagar un solo peso.
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Un problema que crece bajo el radar
Air-e informó que, de los 418 transformadores detectados, 210 fueron identificados solo en los últimos cuatro meses de 2024, lo que evidencia un incremento preocupante. Estos equipos operaban sin cumplir con el certificado RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), un estándar de seguridad obligatorio en el país, lo que eleva el riesgo de accidentes eléctricos y fallas en el sistema.
En municipios como Santo Tomás, Tubará, Sabanagrande (Atlántico) y Zona Bananera (Magdalena), las irregularidades alcanzaron niveles críticos. Allí, el personal técnico halló miles de usuarios conectados antitécnicamente a las redes, sin registro en el sistema comercial de la compañía.
La energía hurtada, que alcanza los 9,8 gigavatios hora al mes, equivale al suministro necesario para abastecer a 3.300 familias de los estratos más vulnerables en ciudades como Barranquilla. Sin embargo, en lugar de beneficiar a estas comunidades, este recurso se pierde en un sistema paralelo que evade por completo los controles establecidos.
Además, la presencia de estos transformadores ilegales compromete la estabilidad de la red eléctrica, afectando potencialmente a usuarios que sí cumplen con el pago del servicio. La manipulación no autorizada incrementa las probabilidades de interrupciones, fallas técnicas e incluso accidentes fatales.
El problema, en parte, es que los ciudadanos de la región han cuestionado que con los nuevos medidores se les disparó el consumo de manera injustificada, y, mientras esperan respuestas, las deudas siguen engordando, con facturas superiores a los $17 millones.
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Un desafío estructural
La empresa suministra energía a 1,3 millones de usuarios en la región Caribe, con un crítico balance financiero y operativo “representado en indicadores financieros negativos por cuatro periodos consecutivos y caja limitada con atrasos en pagos a proveedores que limitan la operación, reflejando una situación financiera no óptima y retrasos significativos en la ejecución del plan de inversiones en redes”.
El caso de los transformadores ilegales pone en evidencia las dificultades de regulación y control en una región donde las necesidades básicas de muchos ciudadanos aún no están plenamente cubiertas. Si bien la lucha contra estas prácticas es un paso crucial, también plantea interrogantes sobre cómo garantizar el acceso legítimo y asequible a la energía para las comunidades más vulnerables.
El panorama exige soluciones integrales que combinen sanciones para los infractores, inversiones en infraestructura y programas de inclusión energética. De lo contrario, este problema seguirá siendo un círculo vicioso que afecta tanto a las empresas como a los usuarios.
Air-e, como empresa intervenida para garantizar la prestación eficiente del servicio, ha intensificado los operativos de detección y desmonte de estos equipos ilegales. Durante el año, identificó a más de 13.500 usuarios que accedían al servicio sin contrato ni facturación, lo que refleja una realidad compleja de acceso informal a la energía en el Caribe.
La compañía ha hecho un llamado a las autoridades locales y nacionales para fortalecer los controles sobre la instalación de equipos eléctricos y sancionar a quienes incurran en estas prácticas. También subraya la necesidad de educar a la población sobre los riesgos asociados, no solo para la seguridad individual, sino para la sostenibilidad del sistema eléctrico.
La próxima fase de los operativos se centrará en desmantelar las redes clandestinas y regularizar a los usuarios detectados. Air-e ha prometido reforzar las medidas técnicas y legales para mitigar las pérdidas económicas y proteger la seguridad de los ciudadanos. Mientras tanto, los transformadores ilegales seguirán siendo un síntoma visible de una crisis más profunda: la lucha por un acceso equitativo y seguro a la energía en Colombia.
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#Entérate🌀 Detectamos 418 transformadores instalados ilegalmente en Atlántico, Magdalena y La Guajira durante 2024. En medio de los operativos, encontramos que 13.436 usuarios se encontraban conectados de manera antitécnica a las redes eléctricas y, además, no estaban… pic.twitter.com/R85r9ngsgC
— Air-e Intervenida (@Aire_Energia) January 16, 2025
El complejo panorama de Air-e
Air-e ha sido azotada por una combinación de factores, como “problemas de mal servicio por bajas inversiones, dificultades de cartera por no pago y la imposibilidad de recoger los subsidios a tiempo. Todos están relacionados y generan un círculo vicioso”, le dijo a este diario Julio César Vera, presidente de Xua Energy.
A esto se le suma la alta exposición de Air-e en la bolsa de energía (55 % de su compra), lo que resulta en un incremento en los costos de suministro, afectando directamente las tarifas para los usuarios.
“Desde el primer momento de la intervención estamos haciendo esfuerzos inalcanzables para cumplir las obligaciones financieras y garantizar la sostenibilidad de una de las empresas de servicios más importantes del país”, expresó Edwin Palma, agente interventor de Air-e.
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Lo anterior no solo agrava el panorama de Air-e, sino que pone en riesgo la estabilidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El proceso de intervención ha sido accidentado, cuando menos. Uno de los aspectos más alarmantes es la desaparición de la información contable de la empresa. Palma denunció que los estados financieros, informes tributarios y otros datos esenciales almacenados en un único computador fueron borrados sin explicación clara.
Esta situación ocurre después de un hackeo denunciado en septiembre, justo antes de la intervención, que ya había afectado los sistemas operativos y financieros de la compañía. Así lo aseguró Carlos Diago, el interventor que estuvo por 40 días.
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