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El sueño de tener casa propia se desvanece para miles de familias colombianas. La suspensión del programa “Mi Casa Ya” —clave para hogares de ingresos medio-bajos— marca un giro crítico en la política de vivienda del país.
Según un informe de Corficolombiana, las cuotas hipotecarias, que antes parecían alcanzables, ahora podrían superar 40 % de los ingresos de estas familias, poniendo en jaque sus presupuestos y limitando su acceso a viviendas de interés social. En un sector que impulsa a más de 36 industrias, los efectos de esta decisión ya comienzan a sentirse en toda la economía.
Con el inicio de 2025, el sector de la construcción enfrenta una tormenta perfecta: caída en las ventas de vivienda, recortes presupuestales y un enfoque gubernamental que prioriza los mejoramientos de vivienda, dejando de lado el impulso para nuevas adquisiciones.
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El programa “Mi Casa Ya”, que durante años permitió a miles de hogares acceder a una vivienda propia, enfrentó un abrupto final en diciembre de 2024. Este programa otorgaba subsidios a la cuota inicial y alivios a la tasa de interés, reduciendo significativamente los pagos mensuales para quienes adquirían viviendas de interés social (VIS). Hasta 2022, llegó a beneficiar a más de 60.000 hogares anualmente, consolidándose como un pilar de la política habitacional.
Sin embargo, el agotamiento de los recursos de Fonvivienda y la suspensión de nuevas postulaciones en 2025 dejaron a miles de familias sin apoyo. Para un hogar promedio con ingresos inferiores a 2,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), esto implica pagar cuotas que pasaron de $1,2 millones a cerca de $1,7 millones, una diferencia que podría hacer inviable la adquisición de vivienda para muchos.
El problema del déficit habitacional
En 2024, el déficit habitacional en Colombia disminuyó levemente un 2,1 %, situándose por debajo de 29 %, según el Ministerio de Vivienda. Este avance, aunque positivo, resalta los desafíos persistentes para garantizar el acceso a vivienda digna para millones de colombianos.
A pesar de la reducción, el déficit habitacional sigue siendo un reto estructural. La concentración de subsidios en soluciones urbanas contrasta con la necesidad de un enfoque más equilibrado que atienda las desigualdades en zonas rurales. Además, la dependencia de programas de subsidios directos plantea dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo.
Aunque los subsidios han mitigado el déficit cuantitativo, las soluciones habitacionales enfrentan críticas por su sostenibilidad. La Contraloría General de la República señaló que, entre 2010 y 2022, la reducción del déficit habitacional urbano fue de 4,79 %, pero menos de 0,5 % de este avance se debe a los programas de subsidios.
Estas políticas, aunque alivian la situación para ciertos grupos, no abordan las causas estructurales del déficit, como el acceso desigual a servicios públicos, la informalidad en la tenencia de tierras y las dificultades para financiar proyectos en áreas remotas.
El resto de la reducción se atribuye a factores como los esfuerzos de los hogares, las Cajas de Compensación Familiar y proyectos privados o locales, lo que evidencia la limitada capacidad del Gobierno para abordar el problema estructural.
Además, el sector enfrenta un recorte presupuestal de $647.000 millones. Aunque no fue el único afectado por los recortes del Ministerio de Hacienda el año pasado, los motivos fueron claros: la falta de ejecución del presupuesto vigente.
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Una economía debilitada por la incertidumbre habitacional
El impacto de la suspensión de “Mi Casa Ya” no solo se limita a las familias. Según los datos más recientes:
- Ventas en caída libre: las comercializaciones de vivienda registraron descensos históricos de 40 % en 2023.
- Proyectos paralizados: los lanzamientos de nuevas obras VIS y VIP continúan disminuyendo, con niveles muy por debajo de los registrados entre 2014 y 2023.
- Desistimientos récord: más de 41.000 familias abandonaron su intención de compra, el mayor nivel en 15 años.
El resultado es un sector de la construcción paralizado, que deja de cumplir su rol como motor de crecimiento económico. Este fenómeno tiene implicaciones directas en el empleo, la industria de materiales y otros 36 sectores productivos encadenados a la construcción.
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Recortes presupuestales agravan la crisis
La decisión del Gobierno de reducir el presupuesto de inversión en vivienda en 40 % para 2025 añade presión al sector. Con una ejecución mínima en 2024, el panorama para el año entrante luce poco alentador.
Además, los subsidios para mejoramientos de vivienda, señalados como la nueva prioridad, han tenido un avance mínimo: de los 400.000 subsidios prometidos para el cuatrienio, apenas se han entregado 10.000 hasta noviembre de 2024. Este enfoque limitado no resuelve el déficit habitacional del país, que requiere tanto mejoras como nuevas construcciones.
La construcción no solo es fundamental para proveer vivienda; también es un motor clave de la economía. Cada peso invertido en el sector genera entre dos y tres pesos adicionales en valor agregado, impactando industrias como el acero, el cemento y los servicios financieros.
La debilidad de la política habitacional pone en peligro esta cadena de valor, afectando tanto a pequeños constructores como a grandes empresas.
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¿Hacia dónde va la política de vivienda?
El Gobierno ha anunciado un cambio de enfoque hacia la mejora del déficit cualitativo de vivienda —es decir, mejorar las condiciones de las viviendas existentes en lugar de construir nuevas—. Sin embargo, esta estrategia, aislada, deja de lado la necesidad de reducir el déficit cuantitativo, afectando a millones de familias que aún no tienen una vivienda propia.
Para que la política habitacional recupere su dinamismo, se necesitan soluciones integrales que incluyan:
- Reactivar subsidios a la demanda: programas como Mi Casa Ya deben ser rediseñados para garantizar su sostenibilidad.
- Fortalecer el financiamiento del sector: esto implica aumentar la inversión pública y buscar esquemas de asociación con el sector privado.
- Promover la construcción de vivienda VIS y VIP: incentivar a los constructores con beneficios fiscales o subsidios específicos.
La política de vivienda en Colombia enfrenta un punto de inflexión. La suspensión de “Mi Casa Ya” y los recortes presupuestales han dejado un vacío que afecta tanto a las familias de ingresos bajos como a la economía en general.
Recuperar el dinamismo del sector no solo es una cuestión de justicia social, sino también de viabilidad económica. Al final, la vivienda, más que un derecho, es una pieza clave para el desarrollo sostenible del país.
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