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Los pagos con tarjetas de débito y crédito ya no tendrán retención en la fuente.
El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto que modifica el anticipo tributario de 1,5 % por pagos con tarjetas a partir del 1 de marzo de 2026, bajo un ajuste al artículo 1.3.2.1.8. del Decreto Único Tributario 1625 de 2016.
La retefuente no es más que el descuento por adelantado al impuesto de renta cuando alguien recibe un pago, un “peaje automático” que siempre cobran. El impuesto se seguirá pagando, pero más adelante, en la declaración de renta, no de forma anticipada. En el caso de las tarjetas, existía desde 2001; otros medios electrónicos, en cambio, nunca la tuvieron.
La medida calma las aguas luego del remolino de críticas. En octubre, a menos de un mes de la entrada de Bre-B, el sistema de pagos del Banco de la República, el Minhacienda publicó un decreto que imponía una tarifa de retención de 1,5 % para pagos electrónicos que, hasta ese momento, solo aplicaba a las tarjetas.
La cartera defendía la medida a capa y espada, pues servía para dar trato equivalente al gravamen entre métodos de pago, sin afectar los pagos entre personas (como transferencias a un familiar o amigo), sino los pagos a comercios y personas naturales responsables de IVA. El apretón fiscal fue otro de los pilares (si no el principal) que movía la aguja en la brújula de Hacienda.
La intención duró dos semanas, cuando tuvo que eliminarlo por su “incentivo para el uso de medios digitales y electrónicos en clave de mayor transparencia y modernidad”, dijo el ministro Germán Ávila.
Con el giro en el timón las tarjetas quedan libres de este pago anticipado (a excepción de productos o servicios especiales), “con el fin de evitar el arbitraje entre diferentes productos y reconocer un trato similar entre los productos que ofrecen plena trazabilidad transaccional”, señala el borrador.
Según la Superintendencia Financiera, a corte de noviembre (el último informe), se hicieron 88,9 millones de transacciones con tarjeta de crédito y 229,8 millones con débito, entre compras, retiros y avances, tanto de plásticos nacionales como extranjeros.
El proyecto de decreto, aún abierto a comentarios, también deroga un artículo duplicado (1.3.2.1.2) para evitar confusión, porque regulaba lo mismo.
En términos fiscales, el Estado no pierde recaudo, solo lo recibe más tarde. En ese sentido, la caja de 2026 podría verse levemente disminuida porque se aplaza ese anticipo.
En 2025, la bolsa tributaria acumulada alcanzó los COP 296 billones, un salto de 10 % frente al acumulado del año anterior (267,2 billones), aunque por debajo de la meta oficial de 305 billones.
En la tajada de gravámenes, la retención acumuló COP 103,6 billones (35 % del total), unos 6 billones más que en 2024. Sin embargo, su participación disminuyó en 1,5 puntos porcentuales, principalmente por un impulso de los impuestos de aduanas.
La medida serviría para reducir la dependencia del efectivo, que aún representa cerca del 80 % de los pagos diarios, y avanzar hacia la trazabilidad digital.
Para lograrlo, la confianza es clave. Según Colombia Fintech, el gremio que agrupa a más de 400 empresas del sector financiero, los mensajes de fiscalización amenazan a los pequeños comercios o usuarios que apenas se animan a usar canales digitales.
Aun así, tiene retos a sopesar por el bien común: la eliminación de la retención en tarjetas no reduce el impuesto, pero sí cambia el momento en que se paga. Para los comercios y consumidores, es un alivio en el flujo de caja; para el Estado, un reto de recaudo inmediato en pleno déficit fiscal y emergencia económica.
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