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En su discurso de posesión, Abelardo de la Espriella contó cuál será su hoja de ruta en materia económica: uno de los principales anuncios fue su intención de eliminar el impuesto al patrimonio.
“Mi gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo. Mi objetivo es combatir la evasión y crear un ambiente favorable para la inversión, la producción y el empleo. Lo dije como candidato y hoy lo corroboro como presidente en ejercicio: el impuesto al patrimonio será eliminado. Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en nuestra patria”, dijo el nuevo presidente.
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¿Qué es el impuesto al patrimonio?
El impuesto al patrimonio grava la riqueza. En Colombia, lo pagan las personas naturales que tengan un patrimonio líquido igual o superior a 72.000 Unidades de Valor Tributario (UVT). Para hacerse una idea, esa cifra en 2026 equivale a COP 3.771 millones.
En 2024, según cifras de Hacienda, este impuesto fue pagado por solo 32.397 contribuyentes, alrededor del 0,5 % de los declarantes del impuesto de renta de personas naturales.
Dos formas de entender el impuesto al patrimonio
Gustavo Petro, ahora expresidente, insistió en varias ocasiones en el impuesto al patrimonio. Con la reforma tributaria de 2022 (la única que logró aprobar), el impuesto al patrimonio pasó de ser un tributo temporal (que el Congreso aprobaba durante algunos años) a uno permanente dentro del Estatuto Tributario. Luego trató de reformularlo en una de las leyes de financiamiento que se hundió en el Congreso y durante la emergencia económica que decretó a finales de 2025 y que la Corte Constitucional tumbó.
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En febrero de 2026, en el marco de una nueva emergencia económica por la ola invernal, el Ejecutivo volvió a crear un impuesto al patrimonio gravando a personas jurídicas; sin embargo, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente parte de esta medida. El ajuste en el impuesto al patrimonio también está en el último intento tributario de Petro, la reforma que fue radicada por el exministro de Hacienda Germán Ávila el mes pasado.
De fondo, el argumento del Gobierno Petro es que el impuesto al patrimonio es una herramienta redistributiva, en un país ampliamente desigual, pues solo toca a quienes tienen más recursos.
Este tributo es defendido por organizaciones como Oxfam y por una amplia lista de académicos (nacionales e internacionales) como un instrumento efectivo y fundamental para la redistribución de la riqueza, especialmente en contextos de alta desigualdad, pero también tiene detractores.
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Para Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, aunque el impuesto al patrimonio parece progresivo, tiene dos problemas de fondo: “En ausencia de un mecanismo global de tributación, incentiva el traslado de los grandes patrimonios a otras jurisdicciones y es altamente distorsionante, porque grava el capital con independencia de su rentabilidad: una tarifa de 1,5 % sobre un activo que rinde 3 % real equivale a una tasa efectiva del 50 % sobre rentas que ya fueron gravadas al generarse”.
El experto sostiene que la experiencia internacional “ha sido mala”. En 1990, doce países europeos tenían impuestos recurrentes sobre el patrimonio neto, pero hoy solo lo mantienen tres (España, Noruega y Suiza).
“En Colombia, en 2024 el impuesto al patrimonio recaudó apenas COP 1 billón, cerca del 0,6 % de los ingresos administrados por la DIAN. Al mismo tiempo, se ha registrado una caída del 24 % en el número de declarantes y del 36 % en el valor patrimonial reportado entre las personas con patrimonios superiores a COP 12.000 millones. Pero lo más preocupante es que quienes trasladaron su patrimonio y permanecen menos de 183 días al año en el país no solo dejaron de tributar por su patrimonio: ahora tampoco pagan impuesto de renta”, explica Mejía.
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Para el experto, eliminar el impuesto al patrimonio es una medida necesaria para mejorar la estructura tributaria, reducir las distorsiones sobre el ahorro y la inversión e incentivar el retorno de capitales desde el exterior, incluyendo el de jugadores de fútbol.
Otros analistas han advertido los efectos negativos del impuesto al patrimonio. En febrero de este año, José Ignacio López, presidente del centro de pensamiento económico Anif, aseguró que es “un impuesto nocivo para la inversión, el empleo y el crecimiento”.
Para eliminar este impuesto se necesita la aprobación del Congreso. Según De la Espriella, la medida se incluirá en una reforma con la que buscará simplificar el Estatuto Tributario.
En medio de la compleja situación fiscal se necesita, además de un recorte en el gasto (De la Espriella anunció un congelamiento de gasto) nuevos ingresos. Miguel Gómez, ministro de Hacienda, informó que la reforma tributaria de esta administración se radicará en el Legislativo en septiembre de este año.
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