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Tal como lo había anunciado el Ministerio de Hacienda, este lunes el Gobierno de Gustavo Petro decretó la emergencia económica. Con el estado de excepción, esta administración busca imponer, vía decreto, nuevos impuestos para recaudar los COP 16,3 billones que faltan para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026, según dijo Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante una rueda de prensa el pasado viernes.
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La emergencia económica está en el artículo 215 de la Constitución. Como explicaron expertos a este diario, es posible declarar este estado de excepción cuando sobrevengan hechos que perturben de forma grave e inminente el orden económico. Además, deben ser hechos que no se puedan enfrentar con las competencias ordinarias del Estado.
Para que se justifique la emergencia económica tiene que ocurrir un hecho extraordinario e imprevisible, de ahí que el término “hechos sobrevinientes” ha tomado relevancia en el debate.
Desde el pasado viernes, Ávila argumentó que el estado de excepción se justifica porque la desfinanciación del presupuesto genera impactos en el sector salud y pone en riesgo los pagos de subsidios de energía, vigencias futuras y sentencias judiciales.
Agregó que a esta coyuntura se ha sumado una “seria situación de seguridad nacional”, por los ataques recientes a la fuerza pública y el uso de drones, por parte de organizaciones criminales, para afectar la infraestructura de las Fuerzas Militares.
Expertos, analistas y gremios han advertido que la desfinanciación del presupuesto no es un hecho sobreviniente.
Entre otras voces empresariales, el Consejo Gremial Nacional, que reúne a más de 30 gremios, aseguró que la situación fiscal que enfrenta Colombia es previsible: “Se vienen haciendo advertencias desde los años 2024 y 2025 al discutir los correspondientes presupuestos de la Nación, y por ende no existe un hecho sobreviniente”.
Los decretos emitidos durante un estado de excepción tienen una revisión automática de la Corte Constitucional. Aunque los abogados consultados por este diario aseguran que lo más probable es que la medida se caiga en el alto tribunal, el Gobierno podría recaudar los impuestos mientras se adelanta la revisión, que podría tomar entre dos y cuatro meses.
Distintos gremios le han hecho un llamado a la Corte Constitucional. El Consejo Gremial Nacional pidió al alto tribunal que, ante una declaratoria de emergencia económica durante la vacancia judicial, “pueda excepcionalmente analizar y decidir con inmediatez sobre la suspensión provisional de los efectos del decreto, con el único fin de prevenir perjuicios irremediables a la economía, los cuales tienen efectos irreparables para todos los colombianos de manera directa”.
Los nuevos impuestos
El decreto que establece los nuevos impuestos todavía no se conoce. El ministro Ávila anticipó que el Gobierno buscará los nuevos recursos con los mismos impuestos que traía la ley de financiamiento y por el mismo monto, COP 16,3 billones. Sin embargo, este diario conoció un borrador de decreto que indicaría que el Gobierno sumaría otros tributos.
El punto más polémico del borrador de decreto que se conoció el viernes es el gravamen a los movimientos financieros, que pasaría del ya polémico 4 x 1.000 a un 5 x 1.000 durante 2026. También habría aumentos en el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y de cigarrillos y vapeadores.
Según ese borrador, habría cambios en el impuesto al patrimonio: bajaría el umbral para tener que pagar ese tributo (incrementando el número de contribuyentes, ahora tendrían que pagar personas con patrimonios superiores a los COP 2.000 millones) y aumentaría las tarifas. Pero además el Gobierno aplicaría este tributo para las empresas, con tarifas que van hasta el 1 %.
El Gobierno también decretaría el IVA de 19 % para juegos de suerte y azar en línea y un impuesto especial para la estabilidad fiscal que, de manera temporal, grava la extracción de petróleo y carbón en la primera venta o exportación con una tarifa de 1 % (estas dos medidas se implementaron durante esta vigencia fiscal en el marco de la conmoción interior por la emergencia en el Catatumbo).
Pero, de nuevo, estas medidas sólo serán oficiales hasta que se expidan los decretos reglamentarios de la emergencia económica que, según Hacienda, podrían estar listos en esta semana.
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