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En la sala Antonio García Nossa del Ministerio de Hacienda, el Gobierno y los principales ejecutivos del sistema financiero se sentaron este 23 de febrero a discutir dinero, riesgo y poder de decisión sobre el ahorro de millones de colombianos.
Al encuentro asisten Germán Ávila, ministro de Hacienda; César Atilio Ferrari, superintendente financiero; el viceministro Leonardo Pazos y el director de Crédito Público, Javier Cuéllar. Frente a ellos, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria; María Lorena Gutiérrez, del Grupo Aval; Juan Carlos Mora, de Bancolombia; Javier Suárez, de Davivienda; Mario Pardo, de BBVA; y Diego Fernando Prieto, del Banco Caja Social.
El telón de fondo es la emergencia económica decretada por la ola invernal y la intención del Gobierno de expedir decretos de inversiones forzosas para el sector financiero. El Ejecutivo busca movilizar recursos hacia departamentos afectados por las lluvias y hacia sectores productivos que, según el presidente Gustavo Petro, no recibieron el impulso prometido en el llamado Pacto por el Crédito.
En la sala Antonio García Nossa de @MinHacienda se reúnen altos funcionarios del gobierno y ejecutivos del sector financiero.
— MinHacienda (@MinHacienda) February 23, 2026
Asisten: Jonathan Malagón (Asobancaria), María Lorena Gutiérrez (Grupo AVAL), Juan Carlos Mora ( Bancolombia), Javier Suárez Esparragoza (Davivienda),... pic.twitter.com/tv5q9ktF5r
Las inversiones forzosas obligan a las entidades financieras a destinar un porcentaje de sus recursos a líneas de crédito definidas por el Gobierno, con condiciones preferenciales de tasa y plazo. No se trata de capital de los bancos. Se trata del ahorro que administran.
Malagón, en entrevista con Blu Radio, explicó que el sistema financiero gestiona cerca de COP 790 billones en depósitos pertenecientes a 36,5 millones de colombianos. Si el 5 % de esos recursos se canaliza de manera obligatoria, la disponibilidad de crédito para el resto de la economía se reduce y las tasas podrían subir entre medio y un punto porcentual, afirmó.
El Gobierno sostiene que el sector incumplió el Pacto por el Crédito firmado en agosto de 2024. El acuerdo buscaba aumentar los desembolsos hacia vivienda, manufactura, agro, turismo y economía popular desde una base de COP 199,7 billones hasta 254,7 billones en 18 meses, un incremento de 59 billones.
Las cifras oficiales más recientes muestran desembolsos acumulados por COP 254,7 billones entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, equivalentes al 89,6 % de la meta. Vivienda e infraestructura ya superaron su objetivo sectorial con COP 48,2 billones, lo que representa un avance de 118,8 %. Manufactura y transición energética alcanzan 135,4 billones (83,1 % de la meta); agro, 26,4 billones (86,9 %); turismo, 7,6 billones (93,1 %); y economía popular, 10,4 billones (83,3 %).
Asobancaria afirma que el cumplimiento está más cerca del 96 % o 97 % si se toma en cuenta la dinámica más reciente y sostiene que los sectores priorizados crecieron 20 % en crédito, frente a un 10 % en el resto de la cartera. El Presidente, en cambio, ha dicho que la banca concentró su estrategia en crédito de consumo y rompió el espíritu del acuerdo.
La discusión es compleja dado el alcance del ahorro privado en un momento de tensión fiscal. El Gobierno busca recaudar cerca de COP 8 billones para atender la emergencia invernal y ha planteado que las inversiones forzosas son uno de varios instrumentos para canalizar recursos, junto con tasas compensadas a través de entidades como Finagro, Bancóldex y el Banco Agrario.
La reacción de exministros de Hacienda fue inmediata. José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Carlos Echeverry, Alberto Carrasquilla, Juan Camilo Restrepo y Mauricio Cárdenas firmaron una carta en la que advierten que las inversiones forzosas encarecen el crédito, reducen la profundidad financiera y trasladan costos al conjunto de la economía. Recordaron que los bancos administran el ahorro de 38 millones de colombianos y pidieron un debate técnico antes de adoptar decisiones bajo el paraguas de la emergencia.
Por su parte, el economista Salomón Kalmanovitz fue más allá y encuadró la medida dentro de la “represión financiera”. En su columna de hoy para El Espectador, detalló los problemas con esta medida: “Se trata de una práctica que ha caído en desuso porque conduce a la pérdida de profundidad financiera, espanta la inversión privada y se deteriora la rentabilidad del ahorro del público; incentiva también su desvío hacia la informalidad, donde carece de protección legal”.
Argumentó que, en América Latina, los antecedentes más citados son Venezuela bajo Hugo Chávez y Bolivia bajo Evo Morales, donde una proporción significativa del ahorro fue dirigida hacia sectores priorizados por el Ejecutivo.
Por ahora, la reunión en Hacienda ocurre mientras el mercado observa con atención el equilibrio entre estabilidad financiera y urgencia climática.
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