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La nueva reforma tributaria del Gobierno Petro, bautizada como ley de financiamiento, entra este 13 de noviembre en su fase decisiva. Las comisiones económicas conjuntas del Congreso (Terceras y Cuartas de Senado y Cámara) se reúnen con los 46 ponentes designados para discutir el informe del proyecto que busca recaudar COP 16,3 billones en 2026.
La cita, convocada a las ocho de la mañana por los presidentes Wilmer Castellanos y Jairo Castellanos, marca el punto de partida de un debate con reloj en contra y un clima político dividido.
El Gobierno ha insistido en que el recaudo proyectado es clave para respaldar los COP 546,9 billones del Presupuesto General de la Nación, aprobado hace apenas un mes —este debate rompió la necesidad del temido “decretazo”, lo que amplía la posibilidad de reducir la tensión en el debate de la tributaria—.
Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencia entre varios sectores del Congreso, que dudan de su pertinencia en medio de la desaceleración económica y el alto costo de vida.
El Ministerio de Hacienda esperaba que la ponencia estuviera lista antes del 15 de noviembre, pero los avances han sido mínimos. La propia mesa directiva de las comisiones económicas advirtió que el cumplimiento de los plazos debe ser estricto, ante el cúmulo de proyectos represados y el desgaste político posterior a la discusión presupuestal.
El equipo de coordinadores —entre ellos John Edgar Pérez (Cambio Radical), Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico), Luis David Suárez (Conservador), Alexander Bermúdez (Liberal) y Olga Lucía Velázquez (Alianza Verde)— tiene la tarea de unificar posiciones antes del primer debate. A ellos se suman congresistas como Saray Robayo, María del Mar Pizarro y Katherine Miranda, que han pedido revisar los efectos reales de las medidas sobre las clases media y baja.
De no consolidarse la ponencia a tiempo, el trámite podría extenderse hasta diciembre, reduciendo las posibilidades de aprobación antes del cierre de sesiones ordinarias.
Si pasa el debate en las comisiones conjuntas, la reforma pasará a plenaria, lo que le pondrá aún más reflectores en el ya caldeado debate fiscal.
Cabe recordar que en 2024 se hundió la ley de financiamiento (en ese momento por COP 12 billones) y este año se esquivó la imposición del decreto, lo que enrareció el camino para la vía de recaudo de impuestos para completar el presupuesto de este año.
Según confirmó Hacienda, la reforma actual mantiene los impuestos sobre el patrimonio, renta, consumo y gravámenes a los sectores financiero y ambiental, pese al tijerazo de COP 10 billones que recibió la Ley de Financiamiento, al pasar de COP 26,3 a 16,3 billones.
El ministro Germán Ávila explicó que la tributaria busca incrementar la tarifa de impuesto renta para personas naturales con ingresos superiores a COP 10,2 millones mensuales. A medida que van creciendo los ingresos va aumentando significativamente la tributación. Del mismo modo, quienes tengan patrimonios por encima de COP 2.000 millones tendrán un incremento en el impuesto. Cuanto más alto sea el patrimonio, mayor será la tarifa.
De la propuesta original se eliminó el IVA a la gasolina y nuevos impuestos a la cerveza, dos de los puntos más polémicos del texto original de septiembre.
El plan B del Ejecutivo
Corre el rumor en el Congreso de que el Ejecutivo ya prepara un plan alterno: un proyecto de ley para estimular la reactivación económica en 2026, con énfasis en inversión y productividad. La iniciativa, que entraría por la Cámara de Representantes, buscaría compensar una eventual caída del recaudo tributario con mayor dinamismo en los sectores productivos.
El riesgo fiscal es evidente. Los ingresos que el Gobierno esperaba obtener con esta reforma ya están incluidos en el presupuesto, lo que significa que, si el proyecto se hunde, Hacienda deberá aplazar gasto, recortar programas o aumentar el endeudamiento, una decisión que afrontó también a principios de 2025, por un hueco fiscal del mismo calado.
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