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El Gobierno organizó un foro este 21 de abril para defender el argumento que ha impulsado en los últimos meses, y con mayor empeño desde el 31 de marzo: subir las tasas de interés es perjudicial para el país. Desde el Centro Cultural Gabriel García Márquez, y en medio de aplausos, Germán Ávila, ministro de Hacienda, le contó al país su versión de la historia. Dos codirectores (Laura Moisá y César Giraldo, ambos designados por el presidente Gustavo Petro), analistas internacionales, académicos y representantes de organizaciones campesinas tomaron el micrófono y plantearon la necesidad de replantear definiciones y metas que hasta ahora parecían intocables.
Las tensiones en la relación del Gobierno con el Banco de la República no tienen precedentes. El ministro de Hacienda se levantó de la última reunión de la junta directiva, el pasado 31 de marzo, porque no estaba de acuerdo con la decisión de subir la tasa de interés en 100 puntos básicos, dejándola en 11,25 %, y anunció una ruptura con este órgano directivo. La próxima reunión de la junta está citada para el 30 de abril, pero no está claro si el ministro asistirá y, así las cosas, si la junta podrá tomar decisiones o no.
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El artículo 35 del decreto 2520 de 1993, que reglamentó la Ley 31 de 1992, dice que la junta solo podrá sesionar, deliberar y decidir con la asistencia de por lo menos cinco miembros y que uno de ellos debe ser el ministro de Hacienda.
Si la “ruptura” que anunció Ávila significa que no planea asistir a las próximas reuniones, en la práctica quedaría bloqueada la posibilidad de la junta de decidir sobre las tasas de interés. El Consejo de Estado estudia una demanda contra dicho artículo.
A la decisión del ministro se sumaron las declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro. El mandatario pasó de criticar la decisión y la junta, a atacar directamente a una de sus miembros con palabras que no vale la pena repetir. Después, en un debate de control político en el Congreso, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, le pidió al Gobierno “bajar el lenguaje” y “frenar la campaña abierta de descrédito”.
Con este telón de fondo se organizó el “Foro Económico: la política monetaria en un contexto progresista”.
¿Controlar la inflación a qué costo?
Villar no estuvo en el foro. En una carta dirigida a Ávila explicó que no consideraba oportuno ni adecuado participar en el encuentro. Cuestionó que el ministro lo haya acusado, a él y a otros miembros de la junta, de adoptar decisiones para beneficiar a los banqueros, una afirmación que calificó de “contraria a la verdad”; defendió la autonomía del Banco, que es respaldada por la Constitución de 1991, y la importancia de mantener una inflación baja y estable.
El gerente dijo que estará “encantado” de participar en futuros eventos y debatir sobre los temas relevantes, pero que espera que ese espacio se dé después de las elecciones, para “evitar la percepción de que se trata de un evento asociado a ellas”. Y cerró la carta diciendo que ojalá se supere la incertidumbre que hoy existe sobre la asistencia del ministro a las juntas, que es “una obligación ineludible”.
Las normas que rigen a los miembros de la junta, dijo Villar, son claras en que debe haber una sesión mensual y que a cada una debe asistir el ministro de Hacienda, independientemente de si las decisiones que allí se adopten coinciden o no con las que el gobierno considera apropiadas.
El ministro le respondió: “El gerente no nos acompaña porque manifiesta que hacerse presente en estos debates tiene implicaciones políticas en la actual coyuntura. Lo que tal vez no tiene en cuenta el gerente es que las decisiones que se están tomando también tienen implicaciones políticas”.
Ávila defendió que lo inusual de la última reunión no fue que él se levantara, sino que la junta decidiera aumentar en 200 puntos básicos la tasa de interés en un lapso de tres meses. En su presentación, el jefe de la cartera cuestionó que las decisiones del Banco de la República se vean como decisiones adoptadas por un grupo de “mentes iluminadas” que deben orientar al resto de los ciudadanos. Incluso afirmó que la “irreverencia del ministro de Hacienda”, refiriéndose a sí mismo, “contribuyó” a abrir el debate.
Para Ávila, subir la tasa de interés no funcionará porque la inflación no está subiendo por exceso de demanda y, en cambio, sí afectará el crecimiento de la industria, la construcción, el agro. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, la decisión de la junta directiva frenará el crecimiento de la economía colombiana (implicará 0,36 puntos porcentuales de menor crecimiento); aumentará el desempleo en 0,18 puntos porcentuales y subirá el costo de la deuda pública en COP 1,8 billones.
“Colombia nunca había sido tan campeona ni había sobresalido tanto como cuando comparamos al Banco de la República con el resto de los bancos centrales”, dijo Ávila. El ministro sostiene que ningún otro banco, en medio de una coyuntura como la actual, que incluye una guerra, ha subido las tasas de interés en 200 puntos básicos, algunos las han bajado y otros las han mantenido.
De hecho, citó una frase de Facundo Cabral: “come pasto, millones de vacas no pueden estar equivocadas”. Claro está, el jefe de la cartera no analizó las cifras de inflación ni las expectativas de los otros países.
Otras formas de entender la política monetaria
Para Daniela Gabor, profesora de Economía en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos-SOAS de University of London, en el mundo actual, que vive en las “ruinas del neoliberalismo”, el aumento en los precios a menudo proviene de choques de costos, eventos climáticos o de tensiones geopolíticas y guerras. En esas circunstancias, sostiene Gabor, “aumentar las tasas de interés significa destruir deliberadamente la demanda, encareciendo el crédito y la deuda pública, fortaleciendo las tasas de cambio y destruyendo la capacidad productiva”.
Si bien para la profesora subir tasas de interés funciona a corto plazo para estabilizar los precios, esto tiene un costo alto: debilita la capacidad del Estado para transformar la economía y aumentar su resiliencia en un mundo de crisis múltiples. Desde su punto de vista, en este momento la independencia del banco central es una “forma institucional obsoleta”, que no permite gestionar el mundo en crisis ni la transformación productiva.
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Por su parte, Matías Vernengo, profesor de Economía y director del Instituto de Política Pública de la Universidad Bucknell, aseguró que la política monetaria, como la política fiscal, no es puramente técnica, sino “esencialmente política”: así como se elige a quién cobrarle impuestos y en qué gastar, las decisiones sobre tasas de interés afectan a las personas. Para Vernengo, el “momentum” en Colombia sirve para repensar no sólo la relación entre el banco central y el Tesoro, sino las reglas fiscales.
Para Laura Moisá, codirectora del Banco de la República, el debate no es si hoy hay coordinación entre política monetaria y política fiscal, sino bajo qué reglas de juego debe darse esa coordinación. Entre otros puntos, planteó necesario preguntarnos qué país queremos en 50 años, en qué sectores debemos invertir, cómo desarrollar esa inversión y cómo eso puede tener costos de corto plazo. “Puede ser mayor costo en mano de obra. Un aumento de 23 % del salario mínimo es doloroso en términos macro fundamentales, pero es lo mínimo que quienes estén generando la riqueza tengan una situación digna”, dijo.
César Giraldo, codirector del Banco de la República, sostiene que se está “aplicando” una receta que tiene trampas al creer que si las expectativas de inflación están por encima de la meta, significa que se debe subir la tasa de interés.
El codirector, en la misma línea del Minhacienda, cuestionó la forma en la que se recogen las expectativas de los analistas sobre inflación y la influencia que tienen las expectativas de los mercados de deuda pública. “¿Hasta dónde lo que la tasa de interés de deuda pública está expresando es que exigen más rentabilidad porque no están de acuerdo con las decisiones y lo esconden como expectativa de inflación y exigen más tasa de interés? Hay un círculo vicioso”.
Los analistas también cuestionaron la inflación objetivo, que en Colombia es del 3 %. Álvaro Moreno, profesor de la Universidad Nacional, dijo que no hay fundamentos “empíricos, conceptuales y teóricos” para la meta de inflación que han definido los bancos centrales del mundo (en general es 2 %).
Giraldo sostiene que quien tiene riqueza financiera se beneficia con baja inflación y alta tasa de interés: “Es el interés del capital rentista el que está detrás de esta política”. Agregó que al intervenir la inflación solo con aumento de tasas de interés, se renuncia a otros instrumentos de política monetaria en el área financiera y en el área real (como subsidios al sector productivo).
La codirectora Moisá concluyó que es necesario tener equipos técnicos que debatan sobre las “diferentes visiones que hay sobre los modelos” que se están usando para tomar decisiones.
Después de este foro, Ávila espera que a corto plazo la junta directiva del Banco de la República replantee la decisión de subir las tasas de interés. A largo plazo, considera necesario que la sociedad tenga más posibilidades de participar y que haya otros instrumentos de medición para tener mejores datos que permitan tomar decisiones. En el caso de la encuesta de expectativas de analistas, por ejemplo, plantea que deberían participar las facultades de economía y el sector real.
Las manos que trabajan el campo
“El neoliberalismo nos ha vendido la idea de que todo tiene que ser grande, pero lo pequeño también es hermoso. Tenemos que bajarnos a nivel de la tierra para seguir transformando este país y seguir sin descanso en la búsqueda de qué otro mundo es posible”, dijo Oswaldo León, gerente corporativo de Confiar. Uno de los paneles organizados por el Gobierno estuvo dedicado a los impactos que el aumento en las tasas de interés tienen para las organizaciones sociales y campesinas.
“Si adquirimos un crédito del banco es muy difícil porque las tasas de interés suben demasiado y eso afecta la producción de alimentos. Muchas veces nos financiamos con gota a gota”, aseguró Ana Mercedes Flórez Ochoa, representante de la asociación de mujeres campesinas de Matanza, que reúne a más de 400 mujeres.
En medio de una charla que dejó en evidencia las dificultades para conseguir acceso a crédito en el campo, Flórez resaltó que es la primera vez que los campesinos tienen voz en un espacio de este tipo, por lo que agradeció al gobierno de Gustavo Petro, en medio de aplausos. Cuando planteó que volvería al tema central, otros miembros del panel le dijeron: “Ese es el tema”. “Siga por ahí”. Después, Rosario Oquendo, representante legal de la Asociación Carromuleros y campesinos de Cartagena, dijo que “la revolución por la vida debe continuar”.
Este fue el escenario del gobierno para demostrar que hay voces, sociales y académicas, que coinciden con su postura y que están dispuestas a defenderla. La oportunidad de discutir temas económicos en una arena distinta a la habitual (la de expertos, gremios y exfuncionarios, en la que, por cierto, no le suele ir bien a Petro).
Lo inquietante es que el Banco de la República y su junta directiva sean objeto de debate en un terreno tan fangoso como el de las narrativas. “Quiero preguntarle a la junta del Banco de la República qué le hemos hecho nosotras las mujeres o las personas de escasos recursos de este país para que se ensañen con nosotras, porque somos las más perjudicadas con el aumento de las tasas de interés”, dijo en la parte de las preguntas Nubia Gallo, defensora étnica.
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