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El déficit fiscal más alto desde la pandemia, una deuda que se acerca al 70 % del PIB y una caja debilitada ponen bajo la lupa la sostenibilidad de las vigencias futuras, el mecanismo con el que Colombia financia proyectos estratégicos como vías 4G y 5G a largo plazo.
Según un informe de Bancolombia, la garantía se mantiene en línea roja en una realidad fiscal que aprieta más que nunca.
Primero debemos hablar del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025, una hoja de ruta que proyecta los ingresos, gastos, deudas y metas fiscales para los próximos años. Allí se pone sobre la mesa la sostenibilidad económica, el orden presupuestal y la credibilidad ante inversionistas y organismos internacionales.
En la presentación de este año se reveló que el déficit del Gobierno Nacional Central llegaría a -7,1 % del PIB, uno de los más altos de América Latina.
- La deuda pública podría superar 67 % del PIB en los próximos años.
- La brecha entre lo que se recauda y lo que se esperaba recaudar para 2025 ya supera los 25 billones de pesos.
- La caja del Tesoro está en mínimos históricos: apenas $7,4 billones en julio, lo que limita la maniobra sin acudir a más deuda.
Los analistas subrayan que, en contraste, países como Chile, Perú y México han estabilizado sus cuentas fiscales, mientras Colombia se desliza por una pendiente ascendente de deuda y gasto.
Así, el Marco Fiscal es un punto crucial y lo entenderá más adelante.
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¿Qué son las vigencias futuras y por qué importan?
Las VF son compromisos presupuestales que el Estado adquiere para garantizar la continuidad de proyectos más allá de un periodo de gobierno (es decir, son promesas de pago aseguradas por ley para obras de largo aliento).
Según el Ministerio de Hacienda, el monto de vigencias futuras asciende a $19,2 billones para este año.
A largo plazo, los compromisos aprobados suman $167,9 billones, equivalentes a 10 % del PIB, con ejecución entre 2031 y 2053.
| Proyectos con más asignación de VF | Monto (en billones) |
|---|---|
| Diseño, construcción y puesta en operación de la línea 2 del metro de Bogotá | $33,2 |
| Metro de Bogotá – Movilidad integral Bogotá y la región | $26,4 |
| Restauración de los ecosistemas degradados del canal del Dique nacional | $6 |
| Corredor férreo La Dorada-Chiriguaná | $5,1 |
| Vía Buenaventura – Loboguerrero – Buga | $5 |
| TOTAL GENERAL | $167,9 |
En infraestructura, la ANI gestiona buena parte de estas vigencias en contratos 4G y 5G bajo esquemas de Asociación Público-Privada. En teoría, son intocables: tienen respaldo jurídico, prioridad de pago y representan la reputación de Colombia como cumplidor.
Pero en la práctica, dependen de que el Estado conserve capacidad de caja y credibilidad en los mercados.
La financiación es un problema de orden mayor para cualquier Estado, en cualquier momento. Y lo es más el presente en Colombia, luego de los problemas de recaudo de 2024, que dieron al traste con las proyecciones fiscales del país.
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Reputación versus realidad fiscal
Colombia ha sido un buen pagador incluso en crisis, como la de finales de los 90 o la pandemia.
Sin embargo, hoy el deterioro es estructural: más gasto, menos ingresos y un déficit persistente.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), quienes revisan, entre otras cosas, que el límite de lo que se puede gastar vaya en buena marcha, ya advirtió que el plan oficial no alcanza para estabilizar la deuda ni cumplir con la regla fiscal.
Si no hay correctivos, la deuda podría rozar el 90 % del PIB hacia 2029, un nivel comparable con episodios de default en otras economías emergentes.
La columnista Alessia Abello Galvis explicó en este diario que, aunque el panorama fiscal luce frágil, hay episodios recientes como la reprogramación de las vigencias futuras del Metro de Bogotá, que muestran que el Gobierno busca maniobrar sin romper compromisos contractuales.
En un contexto de desconfianza hacia las finanzas públicas, algunos Abello reconoce que ajustes puntuales —como la modificación al decreto 1082 para reprogramar vigencias— podrían incluso fortalecer la seguridad jurídica de los proyectos si se aplican con rigor técnico.
Contexto: Concesiones y fiebre amarilla: ¿es viable financiar la emergencia con las vías 4G?
Aunque los riesgos fiscales han crecido, la naturaleza jurídica de las vigencias futuras actúa como un dique: modificarlas unilateralmente equivaldría a un incumplimiento contractual doloso, según lo ha confirmado la Contraloría a lo largo del año.
En la práctica, esto refuerza la probabilidad de que se respeten, incluso en medio de tensiones de liquidez. Así pasó incluso frente a la propuesta de pagar las vacunas de la fiebre amarilla con las vigencias de proyectos de infraestructura congelados en fiducias que ni siquiera tenían avance en la ejecución.
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Lo que está en juego
- Infraestructura estratégica: vías 4G y 5G, concesiones aeroportuarias y megaproyectos que requieren continuidad.
- Confianza de inversionistas: si el Estado titubea en sus pagos, aumenta la prima de riesgo y disminuye la participación privada en nuevos proyectos.
- Reputación internacional: Colombia ha cultivado credibilidad como país cumplidor. Perderla encarecería el crédito y cerraría puertas de financiamiento.
Esta amenaza en sí no es un incumplimiento, vale recalcar, pero sí tiene implicaciones en retrasos, incertidumbre en la seguridad jurídica, tensiones de caja para las empresas y costos más altos al Estado para financiar lo mismo.
Más que un mecanismo contable, las vigencias son la columna vertebral de la inversión pública. Blindarlas exige decisiones difíciles que hasta ahora se han aplazado.
En ese contraste entre cifras rojas y acuerdos puntuales, como el alcanzado con el Metro de Bogotá o los acercamientos con la concesión de la vía Mulaló-Loboguerrero, se juega el delicado equilibrio de las vigencias futuras: un instrumento que hoy funciona como termómetro de la disciplina fiscal y la credibilidad política del país
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Por Alejandro Rodríguez Torres
